En el lenguaje de Petro en X se insinúa que la 'paz total' no va a llegar ningún puerto. Ya se muestra resignado: reclama ser el presidente de la vida, pero al mismo tiempo dice que no es un ingenuo, pide a las Fuerzas Militares para que hagan la guerra.
A mi modo de ver y pese a todos los errores metodológicos de la 'paz total', el Presidente aún tiene un pequeño margen de maniobra para dejar algunos procesos montados, con avances concretos, de modo que sea muy costoso para el próximo presidente levantarse de la mesa. Sería la manera de enmendar el error de haber apostado casi todas las cartas de la 'paz total' al proceso con el Eln.
De todos modos soy escéptico. Si durante los casi tres años de gobierno no fue capaz de mirar las posibilidades que ofrecían las disidencias, las reincidencias, los 'Gaitanistas' y la gente de 'la Sierra', no veo por qué ahora vaya a sentarse juiciosamente con los delegados del Gobierno en las mesas de negociación para dejar algo medianamente montado para su sucesor. Además, es más atractivo en la campaña que viene posar como de línea dura en la seguridad. Sabe que por allí van a venir sus críticos.
Si la 'paz total' hasta ahora ha sido un fracaso fue porque Petro la vendió como una de las grandes metas al inicio de su gobierno y luego se distanció en el camino. Es más, hubo en el principio del gobierno otra iniciativa muy interesante y necesaria para Colombia que Petro mencionó en algunas ocasiones, sin que al final se comprometiera en lo más mínimo. Se trata del perdón social, un proceso que nunca arrancó.
Quizá haya sido la consecuencia de que el Presidente nunca lo supo explicar bien y que tenía en su concepción un uso político: hacer que el uribismo, la clase política tradicional y enriquecidos con la ilegalidad se sometieran a la justicia en condiciones favorables. Por supuesto, la oposición no iba a caminarle a un proceso en esos términos.
Una desmovilización de lavadores, contratistas y contrabandistas que sostienen bancadas de políticos cleptocráticos quizá sea lo más efectivo para frenar el deterioro de la democracia.
En días recientes Petro itió que la corrupción no tiene ideología política en Colombia: ambas, la izquierda y la derecha, roban. Podría ser un primer paso para el perdón social. Pero no creo que el problema se agote en los políticos. Un proceso de perdón social tiene que arrancar con una serie de empresarios que se dedican a una actividades, unas más legales que otras y algunas definitivamente criminales, que mueven un sector importante de la economía del país. Hace algunos años Fedesarrollo la estimó en un 35 % del PIB.
Lavadores, contrabandistas, testaferros de narcotraficantes, concesionarios, contratistas públicos, mineros ilegales, proveedores de ventas informales, lobistas, entre otros, construyeron una economía que depende de la colaboración y la protección política desde el Estado. Por eso invierten tanto en campañas políticas y en la corrupción de los funcionarios públicos. De políticos y funcionarios corrompidos depende que les asignen los contratos y las concesiones, que los dejen ingresar contrabando, que no hagan auditorías fiscales a las empresas de lavado, etc.
Es con este tipo de empresarios con los que se tiene que negociar para que no sean elegidas bancadas de políticos cleptocráticos y para evitar que el desempeño de las agencias del Estado se deteriore por el nombramiento de funcionarios incompetentes. El perdón social consistiría en que formalizaran una parte de sus fortunas y un castigo en prisión en condiciones menos severas. A cambio deberán entregar la mayor parte de su riqueza, comprometerse con la verdad acerca de los políticos y funcionarios que corrompieron y suspender cualquier tipo de empresa que dependa de decisiones de gobierno.
Suena demasiado generoso con quienes han hecho tanto daño al país. No obstante, el desmonte de la economía política de la corrupción sea quizá lo más efectivo a la mano para frenar el deterioro de nuestra democracia.