Informalidad: cambio de estrategia

En enero de 2022, la Misión de Empleo que contrató el entonces gobierno del presidente Duque presentó un informe sobre el estado del mercado de trabajo colombiano alabado por la prensa y los círculos académicos por sus pertinentes propuestas para acabar la informalidad laboral, que se estimaba cercana al 60 por ciento de los ocupados totales. Para conseguir este objetivo, en el ‘Informe ejecutivo’ se sostuvo: “La Misión considera que... la tarea más urgente para beneficiar a los trabajadores... es reducir... el empleo por cuenta propia y en microempresas, y facilitar el empleo en empresas formales de mayor tamaño y productividad”.

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Un punto central de esta política de formalización restaba en: a) una reforma del salario mínimo que se debería indexar a la sola inflación y cuyo valor debería adecuarse (¿disminuir?) a las exigencias del mercado de trabajo rural y a las condiciones de la población joven; y b) la consideración de que las empresas solo deberían ser responsables de los costos de la protección social que son intrínsecos a la relación trabajador-empresa. Es decir que las empresas solo deberían hacerse cargo de la financiación de los seguros de desempleo y accidentes de trabajo, así como de las compensaciones por despido, pero no, por ejemplo, de los aportes a pensiones.

Hoy, exactamente un año después, el tema vuelve a ser el centro de la atención de los hacedores de política, esta vez desde la perspectiva de la economía popular. En el proyecto de Plan de Desarrollo presentado hace poco por el gobierno del presidente Petro, esta se define como “los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas y comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas) en cualquier sector económico”. La interpretación de esta definición no deja dudas: la economía popular en su gran mayoría hace referencia a las actividades que tradicionalmente se clasifican como informales.

Sin embargo, ahora no se propone “reducir el empleo por cuenta propia y en microempresas”, sino que, al contrario, a estas actividades se las quiere apoyar. De hecho, la propuesta de Plan de Desarrollo sugiere la elaboración de una política pública para promover la sostenibilidad de la economía popular. Esta incluiría medidas para apoyar su inclusión financiera y crediticia, condiciones más favorables para participar en los procesos de contratación estatal y la posibilidad de conformar asociaciones públicas-populares para la contratación directa de proyectos de infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias, producción de alimentos, obras de saneamiento básico, entre otras.

El problema con la economía popular es que en buena medida –tal vez en su mayoría– abarca actividades de rebusque, es decir, labores de muy baja productividad, cuyo objetivo principal es ocupar a las personas y con ello permitirles obtener un ingreso de subsistencia. En estos casos no se trataría de actividades productivas con potencialidad de desarrollo que han identificado oportunidades de negocios u ofrecen servicios de elevado valor agregado.

Las actividades de rebusque tienden a desaparecer con el desarrollo de un país; las que representan oportunidades de negocios pueden crecer y formalizarse. Así que la política pública para promover la economía popular que propondrá el Gobierno deberá ser selectiva y focalizada.

Como sea, los resultados esperados son prudentes: según el Plan de Desarrollo se espera mejorar la formalidad solo marginalmente, de 40,9 en 2021 a 42,5 por ciento en 2026.

Reflexión final: a los no economistas les puede resultar extraño que para un mismo problema –en este caso la informalidad– los economistas tengan soluciones tan diferentes, a veces irreconciliables. Pero es así.

STEFANO FARNÉ

* Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia