Son acusaciones muy graves de oficiales y suboficiales contra el nuevo embajador en Australia. Y no todas anónimas. Sería una vergüenza para Colombia que tenga que regresar de manera abrupta. El general Alberto José Mejía debe muchas explicaciones al país.
Porque es indignante que la corrupción y la guerra de unos pocos generales por poner en puestos clave a los de su combo arrasen con el honor de miles de uniformados que sacrifican vida, salud y familia por cuidarnos. Ya es hora de acabar con las cloacas de las FF. MM. que el gobierno pasado dejó crecer. Es ahora o nunca.
¿Se atreverá este ministro de Defensa a llegar hasta el fondo? ¿Y el general Navarro, ficha de Mejía? Lo dudo.
El valiente coronel Julio César Ramírez y otros oficiales y suboficiales aseguran que Mejía, quien fue máximo responsable del Ejército y de las FF. MM. con Santos, oculta sus irregularidades con plata y favores tipo agregado militar, así como con llamados a calificar servicios, basados en calumnias y montajes de la contrainteligencia. Pero dijeron ‘no más’ y están abriendo la caja de Pandora. Aquí va un abrebocas.
Empecemos por el aluvión de contratos de una protegida de Mejía, Carolina Rocha, su esposo y su hermano. Mencionaré unos cuantos.
12 suboficiales de inteligencia han demandado al Estado porque Mejía los mandó a “calificar servicios” sin causa justa
Bogotá, Cantón Norte, septiembre de 2016: “Primera fase de construcción del Cuartel General del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército”. Monto: 2.720’547.000 pesos.
Un año después, en el mismo cantón, gana la “adecuación de los parqueaderos de la Escuela de Caballería, primera etapa”, por 937’221.094 pesos. Aproveché un concurso hípico para ir con un ingeniero que analizó el espacio para 82 carros. Calculó el costo de adoquines, sardineles, pintura y lo poco más que hicieron. Sumó 223’736.000 pesos. ¿Y el resto?
Ese contrato estaba unido al de “diseño y ejecución del mantenimiento y ampliación” del parque infantil del conjunto residencial Santa Ana, por 1.090’602.614 pesos. Tuvo 5 prórrogas y una adición de 296’585.276. También lo visitamos. El experto: no vale más de 700 millones.
Noviembre de 2015: le adjudican en Tolemaida la “adquisición de servicios de mantenimiento y adecuación de la planta de combustibles fase III para la Aviación del Ejército” por 5.956’551.000 pesos. El coronel Ramírez afirma que no sirve.
Diciembre de 2015, Tolemaida. Dos más: adecuación de “escenarios de entrenamiento de obstáculos acuáticos para las Fuerzas Especiales”, 570.000 millones, y “mantenimiento de las tiendas del soldado” por 642’364.330 pesos.
A su hermano Juan Camilo le otorgaron “los diseños y la construcción del edificio de Ejércitos Americanos, CEA” por 2.379’247.000 pesos.
Y al esposo, Enrique Maldonado, la “consultoría para estudios y diseños del Cuartel General del Comando Conjunto de Operaciones Especiales” por 479’999.000 pesos.
Cambio de tercio: 12 suboficiales de inteligencia han demandado al Estado porque Mejía los mandó a “calificar servicios” sin causa justa. Estaban adscritos al Rimec, el centro que, entre otras tareas, espiaba a los gobiernos hostiles de países vecinos. A raíz de una publicación de Semana, en diciembre del 2017, contrainteligencia los investiga por corrupción. Los someten a polígrafo para averiguar, además de los robos de fondos reservados, presuntos seguimientos a Mejía y familia.
Un sargento asegura que los sometieron a tal presión que unos compañeros aceptaron que espiaban al general, aunque era falso y luego rectificaron. Mejía, que clausuró el Rimec con el beneplácito del exministro Villegas, posó de víctima de seguimientos y látigo de corruptos. Cierto que había gastos para informantes que acababan en bolsillos de generales ladrones. Pero quienes terminaron expulsados no eran las manzanas podridas. De hecho, la Fiscalía y la Procuraduría no hallaron nada. Y en el pasado, el propio sargento denunció casos de corrupción a contrainteligencia y no vio resultados. Continuará.
P. D.: ¿Por qué no averiguan los viáticos?