El déficit y los árbitros chepitos

Se inició el 2024 con sensibles huecos en el presupuesto. El fallo sobre la deducibilidad fiscal de las regalías y el descalabro del arbitraje tributario implican un desfinanciamiento inicial de $ 22 billones, cifra superior a los $ 20 billones que se estima generaría la reforma tributaria en el 2024, sin tener en cuenta la desaceleración económica.

Por ser un tema nuevo hay que hablar del llamado arbitraje tributario, que pasó desapercibido al tramitarse el presupuesto del 2024 y que, hoy se acepta, será un factor de desequilibrio de las finanzas públicas. Por este concepto, el Gobierno tasó ingresos, para este año, en la suma de $ 15 billones de pesos. Es decir, para atender el creciente gasto público, el Gobierno y el Congreso consideraron que era posible recaudar hasta diciembre, a punta de sentencias o laudos arbitrales, una suma equivalente al 1 % del PIB.

Las autoridades tributarias pensaron que con este novedoso sistema de solución de las controversias tributarias, aduaneras o fiscales se aceleraría la definición de los pleitos existentes actualmente con los contribuyentes, decisiones que, de otra forma y según el Ministerio de Hacienda, no se obtendrían en el corto plazo en el Consejo de Estado. Pretendían que, gracias a los procedimientos expeditos del arbitraje institucional, se acelerara el resultado de 2.572 litigios existentes, tasados en $ 16,8 billones. Así, la Dian calculó ingresos adicionales por $ 15 billones, como resultado de aplicarle al valor de los juicios en curso, que pasarían al arbitraje, una tasa de éxito a favor de la Nación del 83,5 %.

Gran equivocación. Para empezar, porque los arbitrajes duran solo 6 meses en el papel; la cruda realidad, desafortunadamente, es muy distinta. Además, el nuevo recaudo en el 2024 era una utopía, dado que no existe ley que autorice los arbitrajes tributarios y tampoco la logística para ponerlos en marcha de inmediato.

El Gobierno radicó a finales del año pasado un proyecto de ley que abre paso al arbitraje tributario. De la lectura de su exposición de motivos se concluye que la propuesta no pretende consolidar el valor de la justicia entre nosotros, ni responde a la idea de ampliar con sentido social el a ella ni mucho menos aspira a fortalecer la figura del arbitraje o mejorar la calidad de los fallos, sino que busca el mundano propósito de hacer del arbitraje institucional un efectivo instrumento de recaudación fiscal. Porque persigue la rápida terminación de procesos vigentes, asumiendo que el Estado solo perderá el 14,5 % de estos, de suerte que los árbitros privados son valorados más como “chepitos” que como jueces.

Lo cierto es que este proyecto está en veremos. Ya el Gobierno desistió de su mensaje de urgencia, a partir de las juiciosas observaciones del Consejo de Estado, cuyo nuevo presidente, Milton Chaves, ha demostrado que allí no existe la morosidad que le achaca el Gobierno. Por lo demás, su texto es muy controvertido, por la forma prevista para celebrar un compromiso arbitral; porque calla sobre la independencia de los árbitros y porque no es equitativo que su costo lo asuman los particulares.

Y, en últimas, no es lógico creer que todos los contribuyentes aceptarán estos arbitramentos, porque nadie acelera el paso cuando va para la guillotina. Por si fuera poco, los centros de arbitraje no están organizados y difícilmente podrán atender los 2.572 procesos identificados, cuando apenas istran un poco más de 1.000 arbitrajes al año. Y ni forma de saber de dónde saldrán los abogados especialistas en impuestos, aduanas y cambios internacionales, que integrarán las listas de árbitros, tanto más si se recuerda que ningún abogado puede ser árbitro en más de cinco arbitrajes estatales, lo que significa que se necesitarían a lo menos 1.500 árbitros disponibles y, lo más complejo, sin conflictos de intereses. Es decir, en el 2024 no habrá ni una sentencia arbitral sobre impuestos y no es por falta de ley, como se dijo esta semana. Luego, tendrán que recortar el gasto.

Taponazo. ¿Quién entiende que un gobierno de izquierdas haya afectado a los más humildes, disminuyendo las viviendas de interés social en un 55 %?

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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