Licencia social

Mientras en el escenario nacional se discute el impacto de la reforma tributaria, la relación con Venezuela, el freno de mano puesto a la fuerza pública y los acuerdos con ilegales, en los territorios se prepara la movilización de comunidades en torno a los diálogos regionales vinculantes, como mecanismo para construir el Plan nacional de desarrollo (PND).

El PND es la carta de navegación para los próximos cuatro años. Ahí se definen lineamientos de políticas públicas que deberán expedirse, así como decisiones legislativas con vigencia en el cuatrienio, contadas a partir de su sanción.

Para la elaboración del instrumento de planeación más importante de todos los gobiernos, se ha convocado a los “diálogos regionales vinculantes”, cuya apertura se dio el pasado viernes luego de la primera alocución presidencial en la que se hizo llamado a todos los sectores de la población, autoridades regionales y empresarios, para que definan de manera conjunta las prioridades que guiarán la acción del Estado, con un enfoque territorial sobre la base de lo social, económico y ambiental.

La construcción del Plan no debe pasar como algo de menor importancia. Será la ley que aterrizará el marco político en el que debe moverse el Gobierno, definirá las acciones del Estado y las opciones que tendrá el sector privado para sus actividades empresariales.

Por eso es necesaria la participación de empresarios de todos los tamaños y especialidades, para que den a conocer a los nuevos funcionarios gubernamentales (muchos de los cuales no tienen experiencia distinta a la academia y al activismo) las cifras e impactos sociales, económicos y ambientales que se derivan de la formalidad y la legalidad de las actividades empresariales.

Profundizar en los escenarios de participación de la sociedad civil es un llamado creciente de ONU y OCDE a las empresas, para que desde el fortalecimiento de la conducta empresarial responsable se logre una mejor conexión con quienes habitan los territorios en donde se adelantan sus actividades.

Son muchos los casos de éxito en los que la articulación sociedad civil-estado-empresa (directivos y trabajadores) identifican posibles impactos negativos en la cadena productiva o riesgos sociales y de garantía de derechos humanos en las poblaciones de su área de influencia, que los llevan al “todos ponen” con el fin de generar bienestar colectivo en las comunidades.

La agenda 2030 de los objetivos del Desarrollo Sostenible ha sido la apuesta a nivel global de un desarrollo económico sostenible, construido a partir de la heterogeneidad, el diálogo social y el consenso. Este último necesario para que las actividades productivas cuenten con la licencia social que garantiza la paz y la convivencia, en medio de las diferencias.

Miopes son los funcionarios y políticos que creen que se debe dialogar exclusivamente con los seguidores; y también los empresarios que prefieren aislarse, porque consideran que no hay nada que hacer con un Gobierno hostil. Es el momento de demostrar el impacto positivo que el desarrollo sostenible genera en millones de personas de todas las condiciones socio económicas.

Las autoridades territoriales están igualmente llamadas a defender a sus empresarios, grandes y pequeños y a sus emprendedores, porque también se equivocan quienes tienen la tentación de ponerse a tono con un discurso que privilegia la ilegalidad, la informalidad y la anarquía. Parodiando a Gandhi “hay que vivir correctamente, pensar correctamente y actuar correctamente”.

Si bien las 50 subregiones formadas desde el Gobierno nacional, para los diálogos en los que se definirá el Plan nacional de desarrollo, no coincide con la división política-istrativa de los departamentos, obliga a que se convoquen gobernadores y alcaldes a sintonizarse con comunidades y empresarios, de manera que lo que llegue al Congreso de la República para su aprobación, tenga una fuerza basada en la concertación real y no en el discurso ideológico o político del momento, porque el impacto es de largo plazo.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

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