Que los jóvenes e informales participen

El turno de las reformas es ahora en materia laboral, de salud y pensiones. La Constitución define la seguridad social como un servicio público obligatorio que dirige, coordina y controla el Estado, que puede ser prestado por entidades públicas o privadas.

El aseguramiento es el mecanismo que da garantía al “derecho irrenunciable” a la seguridad social y fundamento de las empresas prestadoras de salud (EPS), fondos de pensiones (AFP) y aseguradoras de riesgos laborales (ARL), que desde 1993 responden por la gestión y istración de recursos para que las personas accedan a salud y pensiones.

El sistema de salud cumplió la meta de universalidad y tiene por mejorar la oportunidad en la prestación del servicio; el de pensiones prevé el principio de solidaridad, pero no ha logrado la universalidad, pues solo el 27 % de la población adulta tiene pensión y 4 de cada 5 no se pensionarán en el futuro en razón a la alta informalidad, concepto que surge de quienes no cotizan al sistema.

Las discusiones se quedan entre el Gobierno (que obedece al argumento sobre la función y el tamaño del Estado en la prestación de servicios vs. la inversión privada), los beneficiados con contratos de trabajo o empleos públicos que tienen garantizada su seguridad social, sin representación de los “informales”, que según el Dane alcanza el 58 3 %.

En el a las pensiones hay inequidad. La base de cotización es un salario mínimo y beneficia a quien tiene una relación laboral, gracias a que la carga está dividida entre empleador y trabajador. Para un independiente o para quien no alcanza ingresos de un salario mínimo es demasiado costoso, razón por la que la informalidad es tan alta y la mayoría de la población se queda sin pensión.

Es necesario oír a los jóvenes, pues la población de entre 20 y 34 años es la de mayor proporción en la demografía colombiana y en la realidad del sistema, 8 de cada 10 afiliados tienen menos de 45 años; deben involucrarse, porque sus reclamos son por un proyecto de vida que les permita trabajar dignamente y para ello es necesario a educación y a formación para emprender, de tal forma que puedan decidir si ser trabajadores o independientes, pero que logren aportar a un sistema de seguridad social que les garantice una pensión y no que al final de la vida dependan de un subsidio, que tampoco satisface condiciones de vida digna.

La propuesta de marchitar a los fondos privados que responden por el régimen de ahorro, llevando al 85 % de aportantes a Colpensiones, tiene consecuencias sobre “la sostenibilidad financiera del sistema pensional”, exigida en el acto legislativo 1 de 2005, preocupación expresada por los expertos, quienes advierten que llevar a todos al régimen de prima media dejará en pocos años en quiebra a las finanzas públicas.

En cuanto a salud, la propuesta de eliminar las EPS y con ello a los responsables de la istración de recursos y gestión para la garantía de atención a los pacientes, dejaría una relación directa entre prestadores de servicios (hospitales y clínicas) y el Estado, expuesta a mayor ineficiencia y falta de controles. Un efecto colateral será la terminación de la medicina prepagada que, siendo un plan complementario del servicio básico, privaría a la gran mayoría de afiliados, porque no sería financieramente viable.

Si para definir el sistema de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos laborales se necesitó de una asamblea constituyente en donde estaban representados los diferentes espectros ideológicos, para cambiar el modelo es necesario garantizar la representatividad de toda la nación. ¿Cómo dejar por fuera a quienes no aportan al sistema y a los jóvenes que son los que tienen en riesgo la posibilidad de ver desmejorada su atención en salud, de no lograr pensionarse o, en últimas, tener que soportar nuevas reformas tributarias para asumir las cargas que se deriven de estas reformas?

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

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