Tenemos más territorio que Estado

En los últimos 30 años asesinaron a 311 líderes sociales (Defensoría del Pueblo). Grupos locales con propósitos diferentes perpetraron esos crímenes, que no son entonces producto de un plan de exterminio organizado centralmente. Las autoridades han identificado tres grandes autores: bandas criminales, disidencias de las Farc y el Eln.

La gran mayoría de los asesinatos están vinculados a actividades de los líderes que chocan con el interés de esos grupos (imponer su ley a sangre y fuego). Las víctimas organizaban la protección de un recurso natural, la construcción de una vía o el uso transparente de los recursos oficiales, y las mafias, por el contrario, destruyen bosques y cuencas para sembrar coca, no quieren vías que faciliten la tarea de la Fuerza Pública ni controles sobre el erario porque también se benefician de la corrupción. Cuenta igualmente el saboteo a la restitución de tierras. Estas situaciones vienen de tiempo atrás, pero se han agravado porque el Estado descuidó las zonas de influencia de las Farc. No asumió su control cuando aquellas se desmovilizaron. La falta de autoridad legítima ha generado sangrienta disputa entre quienes pretenden el negocio del narcotráfico, sus derivaciones y otras economías ilegales en las que imperaba la ley de la guerrilla. Haber pasado de 50.000 a más de 200.000 hectáreas de coca produce dinero con el que se compran armas que producen muchos muertos (Mauricio Vargas, 'Causa y efecto';  Rodrigo Uprinmy, 'Por un pacto contra los asesinatos II';  Luis Carlos Vélez, 'Respeten').

Las medidas anunciadas por el Gobierno –un pacto político que condene los asesinatos, recompensa a quienes denuncien a autores intelectuales, fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección, actuación diligente de las autoridades– son válidas pero insuficientes, pues, según el representante de la ONU para los Derechos Humanos: “No se puede pensar en solucionar el tema desde la protección individual y colectiva. Hay que crear condiciones para que la raíz del problema sea removida”. Esa raíz es conocida: como tenemos más territorio que Estado, en extensas regiones han sentado sus reales la criminalidad y la ilegalidad. El vicepresidente Óscar Naranjo sostiene que el Acuerdo Final no determinó nada sobre la ocupación de las áreas en las que las Farc, durante décadas, reemplazaron el Estado, aunque la guerrilla pidió que la cuestión se definiera en La Habana, porque el presidente Santos ordenó no tratar asuntos relativos a las atribuciones, estructura y organización de la Fuerza Pública, que de todas maneras está aplicando estrategias que buscan llenar el vacío dejado por las Farc, pero no han logrado sus objetivos.

La presencia del Estado en esas regiones debe ir más allá de las inversiones que se harán en los 170 municipios que tendrán planes de desarrollo con enfoque territorial y los 340 en los que se ejecutarán obras para el pago de impuestos, porque se requiere también el ejercicio de la autoridad que asegure el respeto a la ley y los derechos ciudadanos. Por eso urge crear dentro de la Fuerza Pública un cuerpo especial, con no menos de 100.000 efectivos, que por su formación y calidades garantice el orden público. Como tenemos la mejor Fuerza Pública contraguerrilla, los rebeldes en armas nunca se tomaron el poder, pero ahora su contraparte son el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales.

Los constituyentes de 1886 aprobaron una norma que el Congreso nunca desarrolló: “La ley podrá organizar y establecer una milicia nacional” distinta del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea. Los del 91 la derogaron por razones meramente coyunturales y no dispusieron nada en su lugar. Las situaciones que vivimos exigen pensar en esa milicia o institución comparable.

JAIME CASTRO