Petro en su laberinto

La grave crisis política que padecemos no la había tenido el país en sus doscientos años de vida republicana. La crearon el Gobierno y sus altos funcionarios, incluido el Presidente. La han profundizado los partidos que respaldan la gestión oficial. EL TIEMPO, 11 de junio de 2023, recordó la cadena de implosiones que golpea al Ejecutivo: “Fuego amigo” y errores propios, entre los cuales cita los escándalos y peleas que han protagonizado familiares del Dr. Petro. Se suma la presencia de elevadas sumas de dinero de origen ilegal que financiaron la última campaña presidencial. También son responsables por acción u omisión los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno y que a veces fueron estimulados o silenciados con mermelada o jalea real.

(También le puede interesar: La Constitución no es colcha de retazos)

Lo anotado compromete el programa legislativo que se esperaba aprobar en pocos meses, empezando por la derrotada reforma política. Otras propuestas tienen sus días contados y si corren mejor suerte serían aprobadas, pero con cambios sustanciales a las ideas de las propuestas originales.

El último enredo político judicial son las chuzadas y el polígrafo ordenados contra empleadas del servicio doméstico de una importante exfuncionaria de la Casa de Nariño, por el presunto robo del que fue objeto, episodio que precede el doloroso suicidio del coronel Óscar Dávila.

A lo anterior se suma un hecho ocurrido antes del gobierno Petro, pero que entorpece aún más la crisis política y que empieza a tener sus primeros desarrollos judiciales: la financiación por Odebrecht, en el 2014, de dos campañas presidenciales.

Las soluciones a la laberíntica crisis política deben ser judiciales, en razón de los delitos que pudieron cometerse. También pueden ser políticas si las conductas sancionables son las que genéricamente se denominan indignidad por mala conducta. La Fiscalía, las cortes Suprema y Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría y el Consejo Electoral adelantan o adelantarán las investigaciones que a cada uno corresponda. Decisiones suyas garantizan que procederán con independencia, respetarán la separación de poderes y cumplirán la ley y la Constitución. Algunos consideran que cuando se trate de juzgar la conducta de funcionarios que tengan fuero, el Congreso debe iniciar los procesos penales que terminen en la Corte Suprema. En términos realistas conviene agregar que esa posibilidad en la coyuntura actual no es viable.

Aunque no solo es viable sino obligatorio, las cámaras deben ejercer el control político que les permite investigar a los altos funcionarios que no cometieron delitos pero que son indignos de continuar ejerciendo sus funciones así sea temporalmente. Por ello es válido estimar que las opiniones, declaraciones, trinos y otras decisiones del Presidente son actos de gobierno que comprometen su responsabilidad política (EL TIEMPO, 23 de mayo de 2023). Ese escrutinio adelantado por la opinión pública y la oposición logró que no haya reelección ni prórroga del período en curso, razón por la que el Presidente pretende ahora para sus ideas un liderazgo continental e internacional, pero como el Dr. Petro también es mesiánico, aspira a continuar ejerciendo el poder por conducto de la primera dama, que contra rigurosa tradición política y ética nuestra sería candidata a sucederlo en la jefatura del Estado.

Salir de la encrucijada en que estamos exige que el Congreso ejerza su atribución mayor de control político en relación con los funcionarios titulares de fuero especial, encabezados por el Presidente de la República. Debe por ello establecer si las conductas de esos funcionarios son propias de la llamada indignidad por mala conducta. ¿Se atreverán el Congreso y los partidos que lo conforman a cumplir la tarea que ahora tiene el carácter de necesidad colectiva?

JAIME CASTRO