El embuste del glifosato

Nuevamente este gobierno sorprende con sus inconsistencias.

Por lo general, las promesas de campaña poco se cumplen, pero lo de Petro contra el uso del glifosato fue categórico: “En el gobierno del Pacto Histórico no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria”.

Pues las cosas cambiaron. EL TIEMPO reveló que cuatro contratos publicados en el sistema Secop serán ejecutados por la Policía Antinarcóticos para adquirir “plaguicida químico de uso agrícola (con ingrediente activo de glifosato)”, por valor de 7.7000 millones de pesos, mediante un proceso de selección abreviada en el que participarían personas naturales o jurídicas de origen nacional o extranjero.

El documento que lo permite fue firmado por el entonces ministro Iván Velásquez y contaría con el visto bueno ambiental, para que sea la Policía Antinarcóticos la que adelante el proyecto contractual que incluye eso: la compra de glifosato para la aspersión terrestre. Que si es bajo la forma del nombre comercial Roundup no está prohibido en agricultura, pero si se hace para combatir la siembra de coca se vuelve carcinógeno.

Pocas horas después, el Presidente salió a insistir en que la política del Gobierno sigue siendo la erradicación voluntaria y manual de los cultivos de coca. ¿Y en qué quedó entonces el anuncio de su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre poner en marcha una estrategia de erradicación forzada con glifosato, que ya está en fase de contratación? Y remata: “Ojalá funcione bien la sustitución para que no sea necesario emplear este método”. Pero no lo descarta.

Lo más raro del ministro es que afirmó el jueves en Blu Radio que cualquier contrato que llegue a firmarse contendrá una cláusula según la cual compraremos glifosato, pero podríamos llegar a no comprarlo, si el Gobierno finalmente no lo considera necesario. ¿Qué contratista aceptará semejante cláusula? ¿Le compro su carro, pero si en unos meses creo que no lo necesito ya no se lo compro?

Petro, en este tema, ha recorrido largo camino. Un día habla de legalizar el cultivo de coca, pero reconoce que la decisión no puede ser unilateral sino multilateral. Su canciller propone ante la ONU que saquen la coca de la lista de los productos dañinos, para darles uso a las costumbres ancestrales. ¿A diferencia de Bolivia, aquí cuáles son?

Las interpretaciones de un anuncio tan ambiguo, en el que el Presidente agarra para un lado y su ministro de Defensa para otro, son varias.

Una, ejercer una advertencia contra quienes no quieran sustituir voluntariamente los cultivos de coca. Es que las cifras son alarmantes. Mientras en el 2020 se erradicaron 130.000 hectáreas, en el 2024 fueron 9.000. Hasta la fecha, en 2025, vamos en 1.157 y se calcula que tenemos 262.400 hectáreas sembradas. Según entrevista del excanciller Julio Londoño para este diario, en ningún país del mundo se ha demostrado que la erradicación voluntaria sea un método eficaz. Venimos remontando a esta cifra de cultivos desde que, bajo el gobierno Santos, por acuerdo con las Farc, no se volvió a asperjar y se ofreció un incentivo económico, parecido al de ahora, para la erradicación voluntaria. Y miren a dónde hemos escalado.

Equivocadamente, algunos comentaristas radiales dicen que la Corte Constitucional prohibió fumigar con glifosato. Como no existe un estudio científico absolutamente concluyente sobre la afectación a la salud del glifosato, lo que hizo la corporación fue acogerse al principio de precaución ambiental, exigiendo, entre otras cosas, que asperjar garantice la no dispersión hacia donde no va focalizada su aplicación. Eso la dificulta. Pero no prohibió su uso, menos aún la manual, salvo exigir en algunos casos consultas con las comunidades.

Pero si duramos 13 meses en cese del fuego con el Eln y 17 con las disidencias, ¿cómo no se aprovechó este tiempo para la erradicación y más bien se facilitó que se disparara su siembra? ¿Cómo justificará el Gobierno ante la Corte Constitucional la declaratoria de conmoción interior por cuenta de la violencia en el Catatumbo, cuando la siembra de coca que nunca impidió (no hubo erradicación ni en enero ni en febrero, por ejemplo) ha sido el detonante del enfrentamiento encarnado entre Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc?

La segunda interpretación es que se puede estar buscando, con esta ambigüedad, tener algo que mostrarles a los EE. UU. para evitar la que ya parece inevitable descertificación en la lucha antinarcóticos. ¿Sí se comerán en EE. UU. el embuste de la compra de glifosato basada en una cláusula que dirá: firmemos un contrato para que me venda glifosato, que de pronto no se lo compro?

La última posibilidad es que esta dualidad del Presidente diciendo no y el mindefensa diciendo sí sea concertada, para todas las interpretaciones anteriores.

MARÍA ISABEL RUEDA

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