Decae lucha anticorrupción

Hace un par de semanas, EL TIEMPO publicó un interesante artículo sobre cómo retroceden los esfuerzos anticorrupción en América Latina. Mostraba de qué manera en los dos países de la región con mayor población, Brasil y México, se ha relajado la política pública relativa a la ética colectiva y la lucha por preservar el patrimonio público, mientras la ciudadanía ya no privilegia electoralmente las propuestas anticorrupción, como lo evidencian los resultados de las más recientes elecciones presidenciales en la región. Además, según el ‘Índice de capacidad para combatir la corrupción, 2023’, publicado por Americas Society, Brasil entró en estado de hibernación y el indicador de México cae año tras año.

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No cabe duda de que la situación de Brasil se agudizará en el 2024, luego de que, el pasado mes de mayo, su Tribunal Supremo sepultó la Operación Lava Jato, al declarar nulas todas las sentencias condenatorias contra Marcelo Odebrecht; la justicia brasilera también anuló las pruebas utilizadas en un proceso contra el expresidente peruano Ollanta Humala y prohibió a los delatores de este caso declarar por teleconferencia ante las autoridades de Panamá, lo que ha puesto entre palos la suerte de estas investigaciones en la región, que se estructuraron sobre la base de delaciones de los funcionarios de la multinacional brasilera. Diferente es la situación de Colombia, donde la Fiscalía recaudó autónomamente todas las evidencias del caso en el año 2017.

La situación será mucho más compleja en México, a partir de la elección de los jueces por voto popular, iniciativa que busca cooptar la judicatura por el poder político, gracias a la popularidad del partido de Andrés López Obrador, que por esta vía avanza en la destrucción del Estado de derecho y la consolidación del autoritarismo. Mucho más grave en un país afectado por el narcotráfico, en el que las mafias harán su agosto, postulando candidatos afines a sus intereses, sobre todo en estados dominados por el crimen.

La dinámica del más reciente ‘Índice de capacidad para combatir la corrupción’ muestra que también en Colombia se ha debilitado la lucha contra la corrupción. Mientras en el 2019, año de iniciación de la serie, el indicador era de 5,36 sobre 10, en el 2023 este disminuyó a 4,78, lo que no deja de ser paradójico en medio de los graves escándalos que rodean al actual gobierno. Es decir, mientras crece la corrupción, perdemos capacidad para combatirla.

La ciudadanía reclama acciones contundentes contra este flagelo, como ocurrió con el exitoso programa Bolsillos de Cristal. La reciente encuesta de Yanhass, Sabemos, revela que el 91 % de la gente exige que el Gobierno priorice el problema de la corrupción, aun por encima de la seguridad y la salud. Es una alerta para todas las autoridades. Por ejemplo, la justicia tiene que dar resultados contundentes, frente a los delicados casos que tiene entre sus manos, tales como los de Nicolás Petro, Marelbys Mesa, la UNGRD y la violación de los topes de campaña.

El Gobierno tiene que facilitar esta lucha y liderar la política pública contra la corrupción, como lo ofreció en campaña, lo que resulta contrario al permanente ataque público a los funcionarios públicos y a los periodistas que la investigan. Tampoco es afortunado que, en la medida en que avanzan las indagaciones y surgen evidencias contra del Pacto Histórico, como en el caso del representante David Racero, el Gobierno no diga ni pío. Por otro lado, mientras se avanza en la estatización de distintos sectores, se echan de menos medidas para cuidar los dineros públicos. Adicionalmente, el Gobierno debe alentar la participación ciudadana en este frente, para lo cual debe fortalecer la acción de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. De lo contrario, seguiremos hundidos en el fango.

Taponazo. La verdad es otra. Petro perdió la Procuraduría. No incluyó pupilos cercanos, para ternar un candidato que asegurara la derrota de los aspirantes postulados por la judicatura. El consenso en la elección del nuevo Procurador es el punto de partida para que pueda ejercerse una procuraduría independiente. Ojalá así sea. Gregorio es de Eljach y Eljach es de Gregorio.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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