Por convocatoria del Colectivo de Abogados José Alvear (Cajar), que tan destacado papel ha jugado en el esclarecimiento de la multidimensional trama criminal contra el liderazgo social, el deterioro del medioambiente y la corrupción pública, al lado de lo cual se destacan sus eficaces contribuciones a la solución política del conflicto interno armado y su apoyo a los derechos humanos de las víctimas, recientemente se llevó a cabo un foro académico con investigadores y expertos de la talla de Luis Jorge Garay y eminentes pares científicos del hemisferio, en el que exploramos y procuramos dilucidar los intríngulis de la progresiva cooptación de las instituciones públicas por los agentes privados del modelo neoliberal.
Este fenómeno –que es principalmente de naturaleza económica– es el resultado de fuertes asimetrías de poder que se vienen acentuando merced del uso de instrumentos y redes de influencia sobre el Estado para lograr ventajas y privilegios que esa inducida debilidad institucional y la indiferencia ciudadana permiten avanzar sin control ni rechazo alguno. Con ello se abre paso la captura cooptada del Estado. De allí que la pandemia de la covid-19 haya sorprendido al país sin las indispensables estructuras públicas de salud, educación y bienestar social para contención los índices de contagio y de apoyo a los sectores medios y populares.
Los porcentajes de precariedad en el mercado de trabajo, la elevada tasa de desempleo, la enorme desigualdad en la distribución de la propiedad y las rentas, el bajo gasto público social, la nula entrega de material sanitario de bioprotección al personal de la salud, etc., evidencian que, en la actualidad, Colombia, continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo. El régimen neoliberal imperante sigue devastando empleos y beneficios sociales, principalmente para los jóvenes, entre los cuales se observa un sistemático descenso masivo en la capacidad adquisitiva de los salarios, así como la desaparición de derechos y garantías de las nuevas ciudadanías.
En contraste, el creciente poder económico alcanzado tanto por grupos legales como irregulares –estos muchas veces con más poder financiero– por sus nexos con las economías ilegales generadas por el narcotráfico, la guerra armada y el contrabando (generalmente todo está ligado), les permite generar mayores niveles de corrupción mediante sobornos de alta cuantía: Cuando se agudiza la penetración de las mafias en la dinámica de la corrupción pública, el soborno económico deja de ser la figura exclusiva o, al menos, el único mecanismo de persuasión.
En ese escenario surgen modelos de corrupción mucho más sofisticados y complejos de dominación: los procesos de formulación de reformas constitucionales (por su diseño y finalidad técnicamente denominadas “reconfiguración cooptada del Estado”), sistemas de regulación y control social y financiero cuya expedición como políticas públicas se facilitan por la presión de algunas élites locales, nacionales e internacionales, con la artera manipulación del sistema electoral hasta alcanzar el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo (e incluso Judicial). Y como ahora se ha señalado (en la ‘Ñeñepolítica’), los fraudes electorales a través de la compra de votos para derrotar al candidato de la Colombia Humana, el brillante y demócrata líder de la izquierda Gustavo Petro.
Por cierto, ambos apadrinadas por Emilio Valencia Díaz, pionero de los casinos de juego y las casas chanceras en el Eje Cafetero. Este mecanismo de “hacer política” deja al descubierto la captura instrumental y (digámoslo) mafiosa de algunos partidos “como un mecanismo poroso mediante el cual actores ilegales penetran el Estado para ponerlo al servicio de sus intereses”.
Por esas paradojas que de vez en cuando también se producen en el interior de la vida histórica, el mismo instrumento tan vilipendiado por la retórica neoliberal, el Estado, se ha convertido en el centro de cualquier posible solución al crecimiento de la pandemia. Solo en épocas de grandes crisis sociales como la que ahora enfrentamos, la sociedad empieza a reclamar la fortaleza del Estado, cuyas instituciones han venido siendo sistemáticamente debilitadas en Colombia desde 1990.
Alpher Rojas Carvajal