Tren de Aragua: ¿Qué es y en qué países de América Latina opera?

Para muchos en América Latina, la palabra pranato es poco o casi desconocida. Sin embargo, comienza a resonar con fuerza en países como Colombia o México por cuenta de la banda criminal 'tren de Aragua', cuyos crímenes están generando terror también en Perú, Chile, Ecuador y Brasil.

(Lea aquí: Diosdado: 'El tren de Aragua no tiene nada que ver con gobierno de Venezuela')

El pranato es una forma de organización delictiva originaria de Venezuela que está constituida por los denominados Pranes, acrónimo de Preso Rematado Asesino Nato y quienes ostentan el poder y el control en las cárceles del país.

(Vea aquí: 'El Niño Guerrero', el delincuente detrás del Tren de Aragua en Venezuela)

El pran es el recluso de mayor rango en la prisión, y por ende quien la controla, impone sus normas y dirige las operaciones criminales tanto dentro como fuera del recinto. De ahí surgió el llamado 'tren de Aragua', que hace parte de dicha mafia cuyos tentáculos rompieron fronteras en cabeza de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como ‘El Niño Guerrero’.

En la localidad de Aragua, a 140 kilómetros de Caracas, la capital de Venezuela, se encuentra la cárcel de Tocorón, una de las 52 existentes en el país. Desde allí, Guerrero dirige la organización criminal con presencia en al menos nueve estados venezolanos y, más recientemente, en varios países de Latinoamérica a través de sus integrantes que suman, según expertos, unos 2.500.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señala en su informe de agosto que dentro de las 31 cárceles estudiadas, 46 por ciento de los presos venezolanos están bajo el control del pranato (13.939 reos), 43 por ciento bajo un régimen mixto (pran y Estado se reparten 12.749 presos) y solo 11 por ciento es controlado plenamente por el Estado (3.379). Es decir, ‘Niño Guerrero’ controla a la mayoría.

“Para las personas en el exterior es muy difícil entender la situación de los pranes, no porque exista el pranato per se, sino por cómo las autoridades le dieron tanto poderío a estos personajes que se auto impusieron títulos”, dice Carolina Girón, directora del OVP.

“Si solo hablamos de la cárcel de Tocorón hay unos 6.000 presos, aunque la capacidad del recinto es de 750”, dice a EL TIEMPO, Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela.

Con piscina, discoteca, centros de culto religioso, restaurantes, pistas de juegos y más; Tocorón es una especie de “paraíso” para quienes cumplen condena. Eso sí, si no se meten en problemas y logran pagar la “causa” exigida por el pran (una mensualidad que da derecho a permanecer en la cárcel), ya que de otra manera el lugar es un infierno.

Se estima que anualmente Guerrero recibe dos millones de dólares solo por ingreso del pago de la “causa”, algo que desde 2012 cobró relevancia y viene en auge, según Izquiel.

La afirmación coincide con las investigaciones de la ONG Una Ventana a la Libertad, encargada de la defensa de los DD. HH. de la población penitenciaria. Carlos Nieto Palma, coordinador general del ente, recuerda que desde hace unos 12 años “los pranes asumieron el control y el Estado cedió”.

Nieto agrega que, con la llegada de Tareck El Aissami como ministro de Interior y Justicia, se le dio “rienda suelta” a todo este sistema criminal. “Incluso los familiares entraban a las cárceles para la celebración de actos religiosos, pero luego se supo de fiestas y todo se descontroló”.

Y es que el pranato va acompañado de las mafias carcelarias venezolanas que mueven altas cantidades de dinero. “Se decía que las cárceles eran tan productivas como Pdvsa. Las mafias no son solo presos, también funcionarios del ministerio penitenciario, la Guardia Nacional, los custodios y civiles. Hace 5 años producían 5’000.000 de dólares por cárcel, ahora puede ser el triple”, resalta Nieto Palma.

Sin embargo, desde Una Ventana a la Libertad consideran que, dado que el fenómeno de la expansión del 'tren de Aragua' a nivel internacional es algo reciente, no se pueden ofrecer mayores detalles de cómo operan.

Cuerpos embolsados, desmembrados, extorsiones, secuestros y tráficos humanos son algunos de los crímenes que han causado alarma en los países a los que ha llegado la banda.

De ahí que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió a los embajadores Armando Benedetti y Félix Plasencia tomar acciones para frenar la ola de violencia.

Desde Venezuela, solo Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, respondió diciendo que el 'tren de Aragua' no tiene nada que ver con el Gobierno.

“Si usted (Claudia López) tiene allá al 'tren de Aragua', échele lo que usted quiera, eso no tiene nada que ver con el Gobierno de Venezuela. Lo peor es que dicen que la violencia viene de Venezuela. Aquí sí combatimos el narcotráfico, la violencia y hemos sido víctimas de la violencia traída de Colombia”, afirmó Cabello.

Para Javier Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, la banda venezolana aún no es una organización de tipo mafiosa sino que ha “aprovechado la circunstancia del país para expandir sus operaciones”.

“Con la diáspora, lograron pasar de la frontera afianzándose en San Antonio del Táchira, territorio donde se disputan el control con el Eln. El 'tren (de Aragua)' tiene varios años en posicionamiento en países del continente, pero no sabemos si han atravesado el Darién”, explica Mayorca. Lamentablemente, el experto señala que las acciones de la temida banda criminal han servido para estigmatizar aún más la migración venezolana.

“Esta banda opera con lo que se conoce en el mundo criminal como un proceso ‘trasplantado’, dada la capacidad que tienen de insertarse en el medio criminal local para crear alianzas o incluso conflictos”, acota Mayorca.

“Cuando tú embolsas un cadáver es porque quieres trasladarlo y retardar el hallazgo, además de ganar tiempo para que no quede evidencia. Eso tiene un objetivo instrumental”. Ahora, “cuando desmiembran un cadáver, el interés es retardar los procesos de identificación y como en este momento no hay cooperación judicial entre Venezuela y Colombia, los riesgos de impunidad son altos”, resalta el analista.

De ahí que Mayorca insista en la necesidad de que los gobiernos se pongan de acuerdo para “eliminar las barreras políticas y comenzar a cooperar de manera policial”. Un verdadero desafío en el caso colombiano.

El 'tren de Aragua' fue fundado en 2013 por José Álvarez Rojas, alias el Chino Pradera, muerto en 2016 durante un enfrentamiento con la policía. A sus 21 años, ‘Niño Guerrero’ asesinó al policía Oswaldo Castillo y desde ahí comenzó su ascenso en el mundo criminal. Ahora es su cabeza y tiene operadores en Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Colombia.

Con la construcción no finalizada del ferrocarril en Aragua, comenzaron las mafias por los puestos de trabajo y, posteriormente, extorsión y secuestro. Así, poco a poco, se fue materializando la organización.

“Fuera de la prisión, el 'tren de Aragua' se encarga de ejecutar delitos como operar los corredores de narcotráfico en el estado de Sucre hacia las islas del Caribe, el control de las minas de oro en el sur de Venezuela y la trata de personas por las fronteras de Colombia y Chile”, afirma Izquiel al destacar que la única cabeza visible es el ‘Niño Guerrero’. “El resto de los integrantes se van conociendo a medida que son ubicados por las autoridades”, señala.

Sin embargo, en Venezuela existen al menos 50 “megabandas” integradas por un mínimo de 40 personas con una estructura jerárquica. Entre ellas se destacan el 'tren del Llano', 'Los Meleán', 'El Wileisis', 'El Mayeya', 'El Sindicato de Barrancas' y 'Yeico Masacre'.

Lo diferente es que mientras la mayoría de sus líderes no pagan condena en las cárceles, los que sí están presos, como ‘Niño Guerrero’, operan y extorsionan a través de celulares que usan de contrabando en los recintos carcelarios.

Para Humberto Prado, director del Observatorio de Prisiones en Latinoamérica y el Caribe, la política del Estado venezolano ha influido en la extensión de estos grupos. “Iniciando entre 2004 y 2008 con Jesse Chacón como ministro. Los años 2008 y 2012 con Tareck El Aissami, 2012 y 2019, con Iris Varela y actualmente con Mirelys Contreras”.

Entretanto, Venezuela sigue siendo uno de los países con la mayor tasa de homicidios en la región. El 2021 cerró con 11.081 asesinatos, es decir, 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo Caracas la ciudad más violenta, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

REDACCIÓN INTERNACIONAL 

EL TIEMPO