Los peligros de las reformas al 'estilo cubano' que estaría alistando la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela

Luego de su juramentación como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro avanzó un paso más en medio de los señalamientos de la ilegalidad de su mandato y firmó el decreto para iniciar el camino a una reforma constitucional que atemoriza aún más a la región.

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Maduro no ha dado detalles de por qué “la mejor Constitución del mundo”, tal como el chavismo denomina la carta magna de 1999, necesita una modificación, y menos cuando en este momento el Estado ejerce el control de toda vida política, económica y social en Venezuela, una realidad que quedó comprobada con la juramentación del 10 de enero, cuando, sin pruebas de su victoria, Maduro tomó posesión para un tercer mandato consecutivo, oficializando su dictadura.

“Firmaré el decreto de reforma constitucional, pienso que esta Asamblea Nacional tiene la autoridad política y moral para ser el epicentro de este proyecto, y luego de tener el proyecto con los distintos sectores y con la autoridad que me da el pueblo se entregará el proyecto de reforma para mejorar y embellecer, y que se proyecte sobre nuestro país”, dijo Maduro el viernes.

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Analistas consultados por este diario coinciden en que esa reforma avanza hacia el modelo cubano con la realización de elecciones en segundo grado y la creación de un Consejo de Estado, igual que en la isla, eliminando así cualquier vestigio de elección directa y consolidándose el tan anhelado sueño chavista del Estado comunal.

La Constitución venezolana ya cuenta con la reelección indefinida, un sueño de muchos presidentes, pero avanzar en el control total y definitivo parece la nueva meta por cumplir del oficialismo, que no cuenta con nada que lo frene.

“La reforma lo que está buscando es cambiar la manera de elegir, cambiar el sistema electoral para hacerlo irrelevante e intrascendente, y hacer oficial lo que hicieron el 28 de julio”, dice a EL TIEMPO Alí Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y codirector de la ONG a la Justicia.

El 28 de julio el Consejo Nacional Electoral, de mayoría chavista, irrespetando la Ley de Procesos Electorales, no imprimió los resultados de la votación presidencial, tal como establece el protocolo, no realizó las auditorías correspondientes y hasta hoy no ha publicado ni en gaceta ni en la web los resultados de ese día, pero sí proclamó a Maduro ganador.

Por otro lado, la oposición venezolana recolectó el 85 por ciento de las actas de votación que imprimen las máquinas con las que se ejerce el voto, las totalizó y publicó, certificando la victoria de Edmundo González con 7’443.584 votos. Las actas reposan hoy en el Banco Nacional de Panamá.

Las elecciones de segundo grado, tal como ocurre en Cuba o como se dio en la época soviética, buscan que los ciudadanos elijan a delegados y estos a su vez “elijan” los cargos públicos, garantizando así el control del oficialismo a través del Consejo de Estado.

Esta es una de las aristas que tendría esta reforma, que, de hecho, ya se hizo un ensayo parecido en 2017 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de la que salió la Ley contra el Odio, que ha servido para perseguir a la disidencia.

Pero en ese momento, recuerda Daniels, a nivel electoral se hizo una especie de división que escogía indirectamente a los constituyentistas, algo no aplicado en Venezuela.

De momento, en el país vecino no existe la votación en segundo grado. Uno de los grandes logros de la historia democrática es el voto directo. En el artículo 63 de la actual Constitución venezolana se contempla el sufragio libre, directo y secreto, nunca a través de tercero.

“Esto es muy peligroso, pues busca implementar la elección en segundo grado del cargo de presidente de la República o Consejo de Estado como en Cuba, es una manera de hacerse con la totalidad y control del Parlamento, que sería la instancia que elige el presidente, a través de los delegados comunales”, explica a este diario el politólogo Carlos Zambrano.

Zambrano reitera que este Consejo de Estado, integrado por una gran cantidad de representantes, es el que ejecutaría todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad, “basándose en una supuesta figura del poder popular”. Para Zambrano, las figuras de gobernadores y alcaldes dejarían de existir para ser sustituidas por los designados por el Consejo de Estado.

Con Daniels y Zambrano coincide Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, sociólogo y director de la ONG Laboratorio de Paz.

Según Uzcátegui, lo que se busca es “constitucionalizar” la figura de las comunas como división política y territorial del país y de los consejos comunales como la mayor expresión de “participación popular”, sumando, por supuesto, las elecciones de segundo grado para elegir funcionarios públicos.

Preocupa, además, que se vaya a usar como estrategia una especie de “caramelos envenenados” para hacerla digerible, insiste Uzcátegui.

En los últimos años, Venezuela ha calcado el modelo represivo nicaragüense con la persecución a la oposición a través de leyes implacables que incluyen penas de 30 años de cárcel por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas, entre otras medidas.