Impunidad en casos de manifestantes asesinados por Policía: 'Como si no existiéramos'

En la casa de adobe que construyó con su esposo, Antonia Huillca sacó una pila de documentos que alguna vez representaron un rayo de esperanza.

Formaban parte de una investigación sobre la muerte de su esposo, Quintino Cereceda, quien salió una mañana del 2016 para unirse a una protesta contra una nueva mina de cobre y nunca regresó. Huillca no sabe leer, pero puede identificar una foto del cuerpo de su esposo, con una herida de bala en la frente; el formato de preguntas y respuestas en el que los policías describen haber disparado balas reales mientras los manifestantes arrojaban piedras; el logo de la empresa minera enviando camiones por caminos sin pavimentar, provocando protestas entre los aldeanos hartos del polvo.

Pero hoy, la investigación se ha estancado. “Todos estos años y nada de justicia”, dijo Huillca, una campesina de 51 años en el sur de los Andes de Perú. “Es como si no existiéramos”.

Durante años, Perú abrió investigaciones sobre el asesinato de civiles desarmados en protestas en las que se desplegaron las fuerzas de seguridad, la mayoría en zonas rurales e indígenas pobres, cuando acaparaban los titulares, sólo para darles carpetazo posteriormente, con los funcionarios a menudo citando una falta de evidencias.

Ahora, el gran número de muertos durante las protestas antigubernamentales tras la destitución del Presidente el año pasado ha colocado a las acusaciones de abuso bajo los reflectores mundiales, generando dudas sobre muchos asesinatos anteriores. Al menos 49 civiles murieron en enfrentamientos con la policía o el Ejército luego de que el Presidente Pedro Castillo fue destituido en diciembre pasado cuando intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, según la Defensoría del Pueblo del país.

Una investigación de The New York Times encontró que en tres pueblos donde ocurrieron los enfrentamientos, la Policía y los soldados dispararon escopetas contra civiles, dispararon rifles de asalto contra manifestantes que huían y mataron a personas desarmadas, a menudo en aparente violación de los protocolos.

Más de 200 civiles han muerto en represión de las protestas en los últimos 20 años en Perú, de acuerdo con el Coordinador Nacional de Derechos Humanos, un grupo de defensa. Durante ese tiempo, los fiscales no han obtenido una sola condena contra policías o militares por los asesinatos, dijeron activistas y abogados. En la mayoría de los casos, las investigaciones no conducen a un juicio, dijeron, y agregaron que, en cambio, los manifestantes son acusados de vandalismo o incitar el desorden público.

La actual Presidenta, Dina Boluarte, ha culpado de los enfrentamientos mortales a los manifestantes que han bloqueado carreteras y atacado a las fuerzas de seguridad con piedras y hondas. Las investigaciones pueden ser desafiantes porque puede ser difícil determinar si la policía enfrenta una amenaza legítima cuando los manifestantes los superan en número, dijo Rolando Luque, quien monitorea los conflictos en la Oficina de la Defensoría del Pueblo.

Los familiares de las víctimas de los enfrentamientos recientes dicen que no confían en Patricia Benavides, titular de la Fiscalía, después de que retirara de las investigaciones a fiscales especializados en violaciones de derechos humanos y trasladara los casos de las zonas rurales a Lima, la capital, lo que les dificulta monitorear su progreso.

MITRA TAJ

THE NEW YORK TIMES