México: ¿por qué la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de elegir a jueces por voto popular causa tanta polémica?

Bajo las consignas “poder judicial, contrapeso nacional”, “juzgar no es asunto de popularidad” o “sin independencia judicial no hay democracia”, más de 1.200 integrantes del sector judicial completan más de una semana de paro indefinido en México para rechazar la que ha sido calificada como la 'última cruzada' del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) antes de dejar el poder: una polémica reforma judicial cuyo punto central es la elección por voto popular de jueces, magistrados y hasta integrantes de la Suprema Corte, y que se espera sea aprobada sin mayores objeciones en la nueva legislatura que arranca este domingo.

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Mientras el presidente asegura que se trata de una reforma que le apunta a acabar con la impunidad y corrupción que hoy permea al sistema, centros de pensamiento, organizaciones internacionales, los embajadores de Estados Unidos y Canadá y hasta la ONU han expresado sus dudas sobre el texto por temores a que la iniciativa erosione la imparcialidad del sistema, ponga fin a la división de poderes o produzca falta de certeza para los inversionistas.

El impacto del debate ha sido tal que Morgan Stanley ya redujo sus recomendaciones de inversión en México mientras el peso se deprecia en la bolsa, al tiempo que Amlo decretó una “pausa en las relaciones” con los diplomáticos de Washington y Ottawa en el país por cuenta de los comentarios sobre el proyecto, a los que tildó de ser una injerencia en los asuntos de su país.

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El texto, aprobado esta semana por el partido oficialista Morena y sus aliados en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es parte de un paquete de 20 reformas constitucionales que el mandatario envió al Congreso en febrero pasado y que ahora ve allanado su camino gracias a las mayorías parlamentarias obtenidas por Morena en las elecciones del pasado 2 de junio.

Según explica el centro de pensamiento mexicano Laboratorio Electoral, el Ejecutivo justifica la propuesta bajo el argumento de que el país no cuenta con una independencia judicial auténtica, lo que ha dado lugar a decisiones que benefician a determinados grupos de poder y hasta a la delincuencia organizada.

La iniciativa, además, reseña que existe un profundo distanciamiento entre el sector judicial y la ciudadanía, que ha causado a su vez una pérdida de legitimidad y credibilidad hacia quienes imparten las decisiones judiciales, lo que hace necesaria la reforma.

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Y es que, datos de la organización Impunidad Cero señalan que en el país azteca el 94 por ciento de los delitos no se reportan y solo un 1 por ciento se resuelven. De los 100 delitos que se denuncian, según la ONG, únicamente se resuelven 14. De ahí que solo un 10,3 por ciento de los ciudadanos expresen su confianza en el poder judicial.

En ese sentido, el pilar de la propuesta es la elección popular de más de 1.600 puestos judiciales, con lo que los cargos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los magistrados del Tribunal Electoral Federal y todos los jueces de distrito y magistrados de circuito, quedarían en manos de la ciudadanía en las urnas. Las candidaturas saldrían de una lista de postulación de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y las elecciones se llevarían a cabo de manera escalonada en 2025 y 2027.

La reforma también propone reducir el número de integrantes de la SCJN, que se quedaría con nueve a diferencia de sus 11 actuales, y plantea que el periodo de sus ministros varíe en función del número de votos obtenidos (8, 11 o 14 años).

Se contempla, además, la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la Corte, la condición de que no ganen más que la cabeza del Ejecutivo, la eliminación de las dos salas del SCJN para que las decisiones se tomen en plenaria o el reemplazo del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la istración y vigilancia del sector judicial, por dos organismos diferentes.

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En palabras del Ejecutivo, la elección popular de los cargos del sector judicial permitirá que los elegidos sean sensibles a los problemas de la ciudadanía, que el sistema esté sujeto a la rendición de cuentas y gane legitimidad democrática, y que se restituya la confianza en los funcionarios judiciales.

Pero, ha sido justamente el punto central de la reforma el que ha concentrado las críticas de los expertos en la materia y de varios actores de la comunidad internacional.

“Este método electivo es regresivo y menoscabaría la independencia y la imparcialidad de las personas juzgadoras porque va a obligar a los jueces a competir por sus cargos en la misma arena que los políticos tradicionales. Lo que pretende este método es que las personas juzgadoras se sometan a los humores del electorado, de modo que en vez de que lo que oriente la determinación de sus resoluciones sea la aplicación y la interpretación de la ley, jueguen los intereses y las opiniones de los electores”, le dijo al EL TIEMPO Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El temor de los analistas, como lo reseña el Laboratorio Electoral, es que los jueces terminen siendo elegidos por su carisma y popularidad en campaña, además de por su cercanía a los grupos del poder, y no porque cumplan con las competencias profesionales y la experiencia necesaria para sus cargos.

Algo que, a su vez, podría afectar la emisión de decisiones imparciales en el país. Un análisis del Centro de Estudios Constitucionales de México indica que las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías para ser capaces de garantizar los límites de la Constitución. “Si los juzgadores dependen de la voluntad del pueblo para asumir o permanecer en el cargo, es probable que sus decisiones pretendan agradar a las fuerzas políticas mayoritarias”.

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Azul Aguiar, presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y docente de política judicial y democratización, también le dijo a este diario que no hay garantías de que con la reforma se aleje al narco de la justicia si se tiene en cuenta que está comprobado que el crimen organizado ya logró permear los procesos electorales en México, mientras que Salmorán critica el hecho de que quienes puedan postular a los candidatos a los puestos judiciales sean los tres poderes del Estado.

“Eso va a inclinar la balanza a favor de los perfiles que seleccione quien ocupe la Presidencia y su partido, con lo cual el sistema de pesos y contrapesos, que debería distinguir a cualquier democracia constitucional, no solamente va a quedar neutralizado, sino completamente socavado”, señala al respecto.

El Centro de Estudios Constitucionales va más allá al asegurar que la elección de personas juzgadoras no garantiza la calidad en el desempeño de los jueces y que, al contrario, eliminar los concursos o disminuir la experiencia y formación necesaria para los cargos “puede derivar en un desempeño y toma de decisiones deficientes que no resuelvan los problemas actuales de credibilidad”.

A su vez, Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), reseña que el proyecto no ataca la causa real de la elevada impunidad en México, puesto que esta se concentra sobre todo en las etapas de investigación de las fiscalías y no en la fase final del proceso judicial.

Algo en lo que coincide Salmorán: “Es una propuesta que carece de cualquier diagnóstico sobre las causas reales. Tampoco hay ningún diagnóstico sobre cuáles van a ser los desafíos, las implicaciones presupuestales, materiales y de recursos humanos que va a implicar el voto popular. Una propuesta que realmente atienda los problemas tiene que fijarse no solamente en la última fase de los procesos jurisdiccionales, sino en las fiscalías y las procuradurías, que son las que forman los casos, para lo hagan de manera que respeten los criterios de derecho y garanticen un expedito a la justicia”.

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De fondo, además, las críticas emitidas por Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México; el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark; las calificadoras como Fitch o entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley, apuntan al temor de que la reforma afecte la imparcialidad judicial que se necesita para resolver disputas entre el gobierno y las compañías, poniendo en riesgo los planes de inversión en el país.

“Esta es una premisa muy básica del libre mercado, nadie quiere invertir en un lugar en donde no se sabe si los jueces van a responder a intereses criminales, a intereses políticos y no a la ley. Esta es la justificación más clara de las críticas que se han hecho desde la política exterior hacia México”, dice la experta Aguiar.

Al contrario, el partido del presidente López Obrador señala que no hay mejor resolución a los problemas de la justicia en México que devolver las decisiones a los ciudadanos y que, en contravía de lo que dicen los críticos, la independencia del poder judicial regresará cuando la decisión de quiénes serán ministros, jueces o magistrados deje de concentrarse en manos de unos pocos.

“No hay mejores manos en las cuales dejar la elección de jueces que en el pueblo. En eso consiste la democracia, en que el pueblo pueda decidir”, le dijo a CNN Ismael Zamora, senador del partido Morena.

Amlo, por su parte, asegura que quienes se oponen la iniciativa son aquellos grupos que se han beneficiado de la corrupción en el país. Mientras que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el próximo 1.° de octubre, ha respaldado el proyecto afirmando que lo que quiere ahora el pueblo es “verdadera democracia y Estado de derecho”.

“El pueblo de México decidió que quiere una reforma al Poder Judicial y decidió que quiere que se elijan a quienes son jueces, magistrados, ministros. Vean las encuestas, vean las encuestas”, dijo Sheinbaum.

Lo cierto es que mientras la reforma se apresta a ser aprobada rápidamente en la nueva legislatura gracias a las mayorías oficialistas, el sector judicial promete mantenerse en paro hasta que el gobierno no se siente a negociar un texto con los implicados y discuta una iniciativa que logre construir realmente un “poder judicial fuerte y poderoso”.