Pese a condena, Lula quiere ser candidato en 2018

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva proclamó este jueves su intención de presentarse a las elecciones del 2018 pese a su condena de nueve años y medio en prisión por corrupción y lavado de dinero, acto que da un nuevo giro a la dilatada crisis política de Brasil.

“Si alguien quiere sacarme del juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego”, aseguró en tono combativo Lula (2003-2010), un día después de que Sergio Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación Lava Jato, hizo pública su sentencia.

Lula es acusado por Moro de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (São Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

Sin embargo, negando todas las acusaciones y considerándose víctima de una “cacería judicial”, el expresidente reafirmó ayer en una rueda de prensa en São Paulo que no tirará la toalla en su carrera presidencial, en la que las encuestas lo dan como favorito.

“A partir de ahora, voy a reivindicar del PT (Partido de los Trabajadores) el derecho de postular a la candidatura del 2018”, declaró el exmandatario para quien las investigaciones que desde hace más de tres años golpean a la élite política y empresarial con un amplio uso de las prisiones preventivas y las delaciones premiadas han llevado a Brasil a un “estado casi de excepción, en el cual los derechos democráticos están siendo tirados a la basura”.

Su condena respondería, según él, a una estrategia para desterrar del poder al PT, que en el 2016 cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas.

Hablando de sí mismo en tercera persona, el exdirigente sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-1985) y colocó a Brasil en el mapa, logrando sacar a 30 millones de personas de la pobreza, declaró: “Lula, con 71 años, cerca de cumplir 72, está decidido a pelear de la misma forma que cuando tenía 30 años”. “El único que tiene el derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño”, manifestó.

“Quiero hacer un llamado a la prensa y al pueblo brasileño: si alguien tiene una prueba contra mí, por favor, que lo diga, que la manden” a la justicia porque “quedaría más feliz si me condenasen con base en alguna prueba”, declaró.

Lo cierto es que Lula Da Silva encarna la alta polarización en el gigante latinoamericano y es también el político con mayor rechazo entre los precandidatos presidenciales: el salvador de los pobres para algunos o el líder de la red corrupta en Petrobras para otros.

Pese a la condena, el exmandatario, que enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar la sentencia en libertad y solo vería impedida su candidatura si fuera condenado en segunda instancia.

Por su parte, la esposa del expresidente de Uruguay Pepe Mujica y senadora de Uruguay, Lucía Topolansky, afirmó ayer que “no hay pruebas” que incriminen a Lula. “Creo que la defensa de Lula lo ha dicho con mucha claridad: no hay ninguna prueba”, sentenció Topolansky en declaraciones a la emisora local Radio Carve. La senadora descartó que el líder brasileño haya incurrido en actos de corrupción y vinculó el procesamiento a su popularidad de cara a las elecciones que tendrán lugar en el país en el 2018.

“Hay una escenario en que la personalidad que tiene de lejos más intención de votos es justamente Lula”, subrayó.

En Brasil ni siquiera es claro qué pasará con la fecha para realizar las elecciones previstas para octubre del 2018. Esto, porque la presidencia del conservador Michel Temer, que sustituyó a Dilma Rousseff, pende ahora de un hilo después de ser grabado dando su aparente aval al pago de un soborno. Así, el futuro del mandatario, denunciado por la Fiscalía General por corrupción, está en manos de la Cámara de Diputados. Justo ayer la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara votó contra la recomendación de enviar el caso a la Corte Suprema.

AFP y Efe