‘Petro no puede callar frente a abusos en Venezuela’, dice HRW

El presidente colombiano, Gustavo Petro, debe aprovechar el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro para exigir que su gobierno ponga fin a la crisis humanitaria que atraviesa este país, restablezca el Estado de derecho y acabe con la complicidad que existe entre las fuerzas armadas venezolanas y el grupo guerrillero Eln.

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Eso fue lo que le pidió este lunes, entre otras cosas, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) al mandatario colombiano a través de una carta firmada por Juanita Goebertus, directora para las Américas de esta institución, y la subdirectora, Tamara Taraciuk.

En la carta, conocida por este diario, HRW lo insta a mantenerse “firmemente enfocado” en ese propósito.

“En sus conversaciones con el gobierno de Maduro, Colombia debe priorizar obtener compromisos concretos de las autoridades venezolanas para respetar los derechos humanos; apoyar que ingrese más asistencia humanitaria; restablecer el Estado de derecho; terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países”, dice la misiva.

HRW sostiene que ya la ONU ha concluido que existen motivos razonables para creer que las autoridades en ese país han cometido crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias y han contribuido una crisis humanitaria sin precedentes que ha forzado el éxodo de más de 7 millones de personas.

“En el pasado –afirma HRW–, el gobierno de Maduro, que se aferra al poder a través de una maquinaria represiva, no ha hecho ninguna concesión voluntariamente. Por el contrario, ha violado en forma reiterada los derechos de los venezolanos de postularse a cargos públicos y votar en elecciones libres y justas, incluso a través de la inhabilitación arbitraria de opositores políticos.

"Colombia podría cumplir un rol clave para contribuir a que cesen las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la frontera con Colombia y para restablecer los derechos políticos y el Estado de derecho en Venezuela”.

Lo cual podría lograrse si el gobierno Petro empuja que se implementen las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de cara a las elecciones programadas para 2024.

En la carta, HRW destaca que la respuesta de Colombia al éxodo de los venezolanos ha sido “mayormente ejemplar” y que la implementación de este programa, que incluye el otorgamiento de un Estatus de Protección Temporal, debería ser ejemplo para otros países de la región que, por el contrario, les han dado la espalda.

Aun así, la organización sostiene que viene documentando también “la desprotección y abusos que sufren la población colombiana y los migrantes en diversas zonas de la frontera entre Colombia y Venezuela”.

En la carta, HRW le hace a Petro cuatro recomendaciones centrales para este nuevo capítulo de las relaciones bilaterales. La primera, que titulan "Promover avances para los derechos humanos", arranca haciendo un resumen de las atrocidades que ha cometido el régimen a lo largo de los años y la gravísima emergencia humanitaria que padecen los venezolanos por el escaso cubrimiento en salud y nutrición adecuada.

"El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela no es un motivo para guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria (...) Esta situación debe considerarse una oportunidad para obtener compromisos concretos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas, tales como la liberación de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria o permitir que veedores internacionales visiten a quienes están detenidos arbitrariamente en instalaciones de los servicios de inteligencia", dice la misiva.

En ese sentido, HRW considera positivos los reportes según los cuales Petro ha pedido a Maduro que vuelva a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero expresa preocupación porque el gobierno esté evaluando retirar la remisión de Colombia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (I) sobre la situación en Venezuela, y decepción por retirarse del grupo de gobiernos —Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay— que lideró la iniciativa para extender el mandato de la Misión Internacional de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Para HRW dejar de colaborar con la I sería "un pésimo mensaje sobre el compromiso de su gobierno (colombiano) para que las víctimas de crímenes internacionales en Venezuela tengan a la justicia".

En el segundo bloque de recomendaciones, HRW se enfoca en el restablecimiento del Estado de derecho y las negociaciones con ese fin. De acuerdo con la organización estadounidense, el restablecimiento de las relaciones pone a Petro en una "posición única" para impulsar una negociación real entre el gobierno de Maduro y líderes de la oposición venezolana.

"Colombia —afirma HRW— tiene la oportunidad de desempeñar un papel positivo y proactivo para que estas negociaciones incorporen compromisos claros para restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela, lo que incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y permitir que ingrese al país ayuda humanitaria apolítica".

Dado que en el pasado las autoridades venezolanas no han hecho concesiones de manera voluntaria, HRW le pide al presidente colombiano que apoye un escrutinio internacional que documente abusos como camino para garantizar los derechos de las víctimas.

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El tercer elemento se concentra en abordar la violencia y los abusos en la zona fronteriza donde grupos armados como el Eln y las disidencias de las Farc actúan en coordinación con las fuerzas armadas venezolanas.

En ese sentido, HRW afirma que le está haciendo un seguimiento minucioso a la propuesta de paz total, una política que podría promover los DD. HH. si se implementa adecuadamente. Pero es tajante al sostener que cualquier política de seguridad enfrentará desafíos inmensos si los grupos armados en Colombia pueden usar a Venezuela como retaguardia estratégica y actuar con la colaboración de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Por eso sugiere supeditar la cooperación militar con el gobierno de Maduro "al cese inmediato" de su complicidad con estos grupos y al compromiso de que se aborde la falta de independencia judicial para que se castigue a los funcionarios responsables de esa colaboración.

Para abordar la violencia en la frontera, afirma esta ONG, también se requiere que sea ampliado "el a las instituciones estatales y establecer una política de seguridad sólida que priorice la protección de la población civil y el desmantelamiento integral de los grupos armados al enfrentar sus economías y redes ilegales, así como el lavado de dinero".

El cuarto aspecto está dedicado a la explotación sexual de mujeres y niños venezolanos, particularmente en la zona de frontera. Fenómeno que según HRW ha venido en aumento en los últimos años. Si bien destacan algunas medidas tomadas para enfrentar estos delitos, dicen que han sido claramente insuficientes y aún se desconoce la magnitud y gravedad del problema.

"Mientras su gobierno evalúa mecanismos de cooperación con el gobierno de Maduro, lo instamos a que considere coordinar estrategias para prevenir la trata de personas, asistir a las víctimas y judicializar a los responsables de estos hechos. Entre otras medidas, esto exigiría capacitar a autoridades para que tengan una comprensión más clara de estos delitos, asegurar que las personas expuestas a ser víctimas conozcan las rutas de atención existentes y colaborar con otras autoridades, incluida la Fiscalía General de la Nación, para fortalecer la respuesta de las autoridades judiciales y los comités municipales y departamentales contra la trata de personas", dice HRW en la carta.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68