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Prisión y destierro: así es ser opositor en el régimen de Ortega en Nicaragua
Max Jerez, liberado y llevado a EE. UU., junto con 221 presos, le cuenta a EL TIEMPO su historia.
Los organizadores de la manifestación denominada "Somos la voz de los presos políticos" informaron de al menos cinco personas heridas producto, según su versión, de un ataque perpetrado por parapoliciales y grupos afines a Ortega contra los que participaban en la marcha. Foto: AFP
Cuando le preguntan a Max Jerez si se arrepiente de haberse convertido en una de las principales voces opositoras al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, o si cambiaría algo de lo que terminó llevándolo a pasar 19 meses detenido en la temida Cárcel del Chipote, en Managua, responde con firmeza que no.
Max dice que si en 2018 –cuando estallaron las protestas contra el gobierno Ortega-Murillo– hubiese sabido cómo iban a ser sus días en prisión o que cinco años más tarde iba a terminar desterrado en territorio estadounidense, tomaría exactamente las mismas decisiones. “Las grandes causas merecen sacrificios y creo que la libertad de los nicaragüenses es una de ellas”, dice.
Su destino fue replicado por los otros 1.300 líderes nicaragüenses que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua ha identificado como presos políticos de Ortega desde 2018; de ellos, 228 seguían detenidos a finales del pasado enero.
Es, además, uno de los 222 presos liberados y desterrados el pasado 9 de febrero en un vuelo del que ninguno tuvo conocimiento hasta encontrarse a los pies de la aeronave Boeing 767-300 con destino a Washington.
Ahora, quien fuera el presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a sus 29 años tiene sentimientos encontrados dado que si bien sigue vivo y tendrá una mejor calidad de vida en EE. UU., su lucha por ver a Nicaragua en verdadera democracia será una batalla de la que no piensa desistir.
Max Jerez es líder de la Alianza Universitaria Nicaragüense cuando fue detenido en 2021. Foto:Alianza Cívica Nicaragua
Max estudiaba ciencia política cuando se desató el estallido social de 2018 en Nicaragua, en el que murieron al menos 355 personas y más de 1.800 resultaron heridas, según la CIDH, y por entonces fungía como uno de los delegados del movimiento estudiantil en el Primer Diálogo Nacional que emprendió Daniel Ortega buscando salidas a la crisis.
No obstante, la oposición se levantó de la mesa en 2019 acusando al régimen de violencia y represión y, desde entonces, las cosas solo empeoraron para quienes iban en contra del presidente. Especialmente tras su reelección en 2021 en unos cuestionados comicios en los que siete candidatos presidenciales fueron encarcelados como parte de una maniobra con la que Ortega allanó el camino para seguir en el poder.
Y es que el golpe del régimen a las libertades en esta nación centroamericana ha sido tal que la ONU habla de “un desmantelamiento de las instituciones democráticas y de la destrucción del espacio cívico”. A la fecha van más de 3.200 organizaciones de la sociedad civil clausuradas y con sus sedes confiscadas, entre ellas instituciones culturales, religiosas, asociaciones empresariales, entre otras; además de 51 medios de comunicación cerrados y al menos 174 periodistas en el exilio desde 2018.
Dicha represión ha causado, a su vez, un éxodo masivo de personas. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos habla de al menos 328.443 nicaragüenses que salieron del país tan solo en 2022, al tiempo que la Acnur documenta más de 260.000 solicitantes de refugio en naciones como Costa Rica o Estados Unidos. Ambos números elevados si se tiene en cuenta que se trata de un país de 6,8 millones de personas.
En medio de ese crítico escenario empezó el calvario para el protagonista de esta historia. El 5 de julio de 2021, el líder estudiantil decidió publicar un video en el que sentenció: “Amigos, familia y hermanos nicaragüenses, les habla Max Jerez. Si están viendo este video es porque me encuentro detenido por la dictadura o porque me encuentro incomunicado”. Efectivamente, ese día, Max fue detenido por las autoridades nicaragüenses.
“Me encontraba en una casa de seguridad donde estaba viviendo desde que comenzó la rebelión de abril del 2018 porque no era seguro vivir en mi propio hogar, mucho menos con mi familia. Días previos a mi detención, ya había notado una presencia inusual de personas civiles rondando la casa. Vehículos, motocicletas, gente con casco, mucha vigilancia civil...”, relata.
La noche de aquel miércoles de julio, la policía entró a su casa en un acto que él describe de “totalmente ilegal”. de la AUN contaron en aquella ocasión que las autoridades ingresaron con violencia en el domicilio, sentaron a los presentes en la sala y, luego, se llevaron a Max encapuchado y en una camioneta con rumbo al Chipote.
No hubo ningún apego al debido proceso judicial ni ningún tipo de respeto a los derechos.
“Yo digo que fui secuestrado ese día. No hubo ningún apego al debido proceso judicial ni ningún tipo de respeto a los derechos mínimos de los detenidos. Cuando fui trasladado a la cárcel, se me informó que estaba siendo investigado y detenido por traición a la patria, en su momento bajo la ley 1055”, recuerda el activista.
Esa noche, Max no fue el único detenido. Mientras se adelantaba el operativo en su contra, las autoridades allanaron y detuvieron también a Lesther Alemán, compañero de Jerez y quien se había hecho conocido en la opinión pública por encarar a Daniel Ortega durante las mesas de diálogo nacional. También detuvieron a Freddy Navas y Pedro Mena, líderes del movimiento campesino.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la creación de "un grupo de trabajo" que tendrá como misión apoyar el diálogo nacional y contribuir a la "búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles" para la crisis de Nicaragua, la más sangrienta desde los años 80. En un principio, ocho países (EE. UU., Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) habían impulsado la creación de una "comisión especial"; pero decidieron cambiar la denominación para lograr un mayor respaldo a la iniciativa. Foto:AFP
19 meses de total aislamiento
Max no se saca de su memoria esa fecha: 5 de julio de 2019. Quizá porque fue el inicio del horror, el inicio de 19 meses de aislamiento en prisión que los narra como alguien que estuvo secuestrado, no solo detenido.
Acusado de “menoscabo a la integridad nacional”, este líder estudiantil habitó durante cerca de dos años El Chipote, la cárcel cuya fama no solo es por ser de máxima seguridad, sino por las múltiples denuncias de tortura y violación de los derechos humanos de quienes han pasado por allí. “Yo creo que había regulaciones diseñadas para lesionar la humanidad de las personas”, resume Max.
Así, habitando un espacio de dos metros cuadrados sin luz, la única razón por la que se le permitía salir era para atender interrogatorios.
Su denuncia, justamente, coincide con la que hizo hace tan solo una semana un grupo de expertos de la ONU, que reveló que la policía y los funcionarios penitenciarios han cometido actos de tortura, y hasta violencia sexual, durante los interrogatorios. También los señala de trato indigno, hacinamiento y celdas inadecuadas, mala alimentación, falta de servicios de salud y hasta registros invasivos a los visitantes en las cárceles.
Esta es una celda de castigo: "La Chiquita" (aproximadamente 2.5 m²). Me llevaron ahí el día de mi detención y me mantuvieron solo varios meses. A veces no podía saber si era de día o de noche (llevaba el control de los días y fechas anotados en una barra de jabón). #SOSNicaraguapic.twitter.com/1vA6Fiy5Lm
“Era una celda sin ventanas, sin barrotes, con solo un hoyo para hacer nuestras necesidades y nada más. No había espacio para caminar, no había espacio para nada. No sabía en muchos momentos si era de día o de noche. No podía saber qué día o qué hora era”, cuenta el joven.
Tres meses pasó en esa celda hasta que fue trasladado a otra zona de la cárcel. “Fui trasladado a una celda de convencionales. Pero allí, uno no se podía comunicar libremente con los demás prisioneros. Había un énfasis constante sobre hacer silencio y bajar la voz. Ni siquiera podíamos leer. Las visitas eran muy restringidas”, explica.
Era una celda sin ventanas, sin barrotes, con solo un hoyo para hacer nuestras necesidades y nada más.
Sin a las noticias, a un libro o siquiera a un reloj que le indicara la hora; sus días en El Chipote se convirtieron en un verdadero aislamiento del mundo exterior.
“Cada quien buscaba una forma de entretenerse. Había personas que caminábamos, muchos hacían ejercicio, pero en realidad no había mucho más que eso. Era dormir, hacer ejercicio o comer”, menciona.
Tal era su desconocimiento de lo que pasaba afuera que, tan solo dos meses después de su detención, su madre, Heidi Meza, falleció víctima de un derrame pleural y una neumonía sin poder despedirse de su hijo, pese a los múltiples pedidos que realizó para intentarlo.
Mi mayor tesoro. Era prohibido, pero logré recibir esta carta de mi mama en la primera visita familiar en El Chipote (a 3 meses de mi secuestro). Ella estaba hospitalizada y apenas pudo escribir: 18 días después falleció. «Estamos en las manos de Dios (…) Paz y bien», Heidi Meza pic.twitter.com/0RFkDqySvQ
“No fui informado de que ella había fallecido hasta un mes después de su entierro. Aun cuando mi mamá y mis familiares hicieron todas las gestiones posibles para que se le permitiera verme, nunca aceptaron. No pude verla al morir ni estar en su entierro y ahora tampoco puedo visitarla en su sepultura porque he sido desterrado y no puedo estar en Nicaragua”, se lamenta Max al relatar uno de los momentos más difíciles de su vida.
Después de eso, la situación en prisión solo se hizo más difícil. A Max, que intentaba llevar un duelo en medio del horror, le costó volver a conciliar el sueño, perdió el apetito, bajó de peso... “No había muchas formas de sobrellevarlo más que tratar de dormir, pero era muy difícil”, recuerda.
No me dejaron decirte adios mama. Hoy, desde el destierro, me impiden visitarte. En libertad extraño tu voz y tus abrazos. Se cuanto esperaste el momento de encontrarnos, pero levanto la mirada y junto a Dios te veo sonreír y hasta el cielo te abrazo. Si se pudo mama. ¡Te amo!❤ pic.twitter.com/1NbYDjRMsK
En febrero de 2022, un juez condenó a Max a 13 años de cárcel y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. En solo tres semanas, la dictadura ya había declarado culpables a 20 presos políticos y los había sentenciado a penas de prisión de entre 8 y 13 años. No obstante, en la noche del miércoles 8 de febrero las cosas cambiaron.
“Dado que no teníamos a la hora, me resultó desconocido el momento de la noche en que llegaron a decirnos: cámbiense. Los oficiales llegaron con nuestra ropa civil y nos quitaron los uniformes, pero nunca nos dijeron para qué ni a dónde íbamos, no hubo ninguna indicación”, explica Max.
Entonces, la incertidumbre se posó sobre ellos. Los 222 presos salieron de El Chipote y otros centros de detención para subirse a un bus penitenciario que los llevó directo a las escaleras de un avión. Cinco minutos antes de montarse a la aeronave, les entregaron un documento en el que rezaba: “Firmo que estoy viajando a los Estados Unidos de conformidad con la ley”.
Félix Maradiaga (izq. arriba), Cristiana Chamorro (der. arriba), Juan Sebastián Chamorro (izqu. abajo), y Medardo Mairena, liberados este jueves en Nicaragua. Foto:EFE
Sin preguntarles si querían irse o no, solo dos de los detenidos decidieron quedarse en Nicaragua: el obispo Rolando Álvarez y el expolicía Fanor Alejandro Ramos –de quienes hoy las organizaciones sociales dicen desconocer su paradero–. Por supuesto, la decisión entre un destierro en Estados Unidos o la cárcel en Nicaragua parecieron facilitar las cosas para la mayoría.
Max describe que ese avión fue el primer o con la libertad para él y sus compañeros. Fue un instante de felicidad en el que volvieron a ver a personas que ni siquiera sabían que estaban en prisión.
“Ese avión era un espacio libre dentro de Nicaragua porque dentro de él podíamos hablar, podíamos abrazarnos, podíamos llorar, podíamos gritar consignas, podíamos ser nosotros”, asegura.
Lo cierto es que fue un momento de alegría embargado de dolor, pues justo en el momento en que viajaban hacia Washington, el régimen de Ortega se aprestó a cambiar la Constitución para aprobar una ley especial que los despojaría de su ciudadanía nicaragüense por considerarlos “traidores de la patria”.
La medida abrió la puerta a que no solamente quienes tomaron ese avión, sino en total 317 críticos de Daniel Ortega, perdieran su nacionalidad en cuestión de dos semanas; entre ellos, la poeta Gioconda Belli o el escritor Sergio Ramírez.
Max Jerez, tras su llegada a Estados Unidos. Foto:Twitter Max Jerez
“La decisión del régimen de Ortega me tiene sin cuidado. Yo no le reconozco a la dictadura su autoridad para decidir sobre qué tan nicaragüense soy porque quienes han traicionado al pueblo realmente son ellos. Esto de privar de la nacionalidad masivamente a tantas personas y usarlo como una amenaza o como un instrumento político para aniquilar a la oposición es una cosa que no tiene precedentes, pero hace ver el nivel de perversidad que tiene el régimen”, asegura Max.
Por ahora, Max permanece en suelo estadounidense –donde puede residir por dos años con permiso de trabajo– mientras estudia si acepta alguna de las ofertas de nacionalidad que le han extendido (al igual que al resto de sus compañeros liberados, entre los que se encuentran figuras políticas como la excandidata presidencial Cristiana Chamorro o la excomandante guerrillera Dora María Téllez) países como España, Chile, Argentina o México.
Desde California, este joven activista se esfuerza por construir una nueva vida, a pesar de que a la fuerza lo debe hacer en un país que no es el suyo. “Desde que fui traído a Estados Unidos duermo muy poco, con temblor corporal y falta de apetito”, comenta con el sinsabor propio de quien, a la fuerza, debe permanecer lejos de su familia y su nación.
La lucha por la libertad y democracia de Nicaragua no se detiene. Los nicaragüenses recuperaremos nuestros derechos. Nicaragua es de todos, no de un régimen autoritario que se atornilla al poder. #SOSNicaraguapic.twitter.com/DR975CckSu
Eso sí, Max está convencido de que “la dictadura de Ortega caerá pronto” y que solo es cuestión de tiempo para que él y sus compañeros recuperen todos sus derechos ciudadanos. “Ellos están tratando de cohesionar su modelo totalitario cerrando cada vez más espacios, pero no debemos perder la esperanza de que pronto haya una solución que nos permita a los nicaragüenses retomar nuestra libertad y nuestros derechos”.
Como él, el pueblo nicaragüense también mantiene la esperanza de ponerle fin a una crisis que solo se agudiza con el paso del tiempo. La más reciente encuesta de CID Gallup develó que el 62 por ciento de los ciudadanos concuerdan en que Nicaragua va por el camino equivocado y que la situación económica hoy es peor o mucho peor (62 por ciento) que hace unos años, en un momento en que la pobreza alcanza al 46,3 por ciento del país y la pobreza extrema a casi el 20 por ciento (18,3 %), según la Cepal. Al tiempo, del respaldo a Ortega que alguna vez existió queda más bien poco, y su desaprobación ya se eleva hasta el 55 por ciento.