La tormenta judicial y diplomática que desató caso contra Velázquez en Guatemala

La intención de la Fiscalía guatemalteca de emprender acciones judiciales contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales en su periodo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –organismo antimafias creado de la mano de la ONU– desató toda una tormenta diplomática entre los dos países y puso a Guatemala en el centro de las críticas de la comunidad internacional por los retrocesos democráticos que denuncian organismos internacionales y oenegés.

Velásquez, quien estuvo al frente de la Cicig entre 2013 y 2019, y la exfiscal general de ese país Thelma Aldana, son acusados de avalar de forma irregular acuerdos de testigo protegido para tres exdirectivos de Odebrecht, por lo que la fiscalía señala que pudieron incurrir en los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia y conspiración.

Ya desde el gobierno anterior de Jimmy Morales, en 2018, Velásquez fue declarado ‘persona non grata’ y le fue prohibido su ingreso al país bajo el argumento de que el colombiano “atentaba contra el orden y la seguridad pública y afectaba la gobernabilidad, la institucionalidad, la justicia y la paz”.

En el mismo sentido, la Fundación contra el Terrorismo de Guatemala (FCT) señaló que la Cicig violó su mandato, persiguió a veteranos del ejército y abusó de su poder al intervenir en temas relacionados con el enfrentamiento armado.

“La Cicig violó el acuerdo que le dio vida. Hay una conspiración contra la estabilidad de nuestro país que se está fraguando desde Washington por Iván Velásquez y por Thelma Aldana.”, afirmó Ricardo Méndez, director de la FCT ante una comisión del Congreso.

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El anuncio de la justicia provocó una inmediata crisis diplomática que hizo que el presidente colombiano Gustavo Petro llamara a consultas a su embajador en el país centroamericano, una respuesta equivalente de la cancillería guatemalteca y un tenso cruce de mensajes a través de redes sociales y medios de comunicación con el presidente Alejandro Giammattei, quien propuso tratar las diferencias con Bogotá en la cumbre de esta semana de la Celac, en Buenos Aires.

El escándalo llegó al punto de que la ONU salió a advertir que debía respetarse la acordada inmunidad de los de la Cicig, ante lo que Giammattei matizó que sería investigado pero no procesado.

El anuncio causó alto revuelo, pues el ministro –que en Colombia también ha sostenido polémicas con Álvaro Uribe y con sectores cercanos al expresidente– es destacado por su “carácter histórico en Guatemala”, según le dijo a este diario Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

Durante su periodo, la Cicig desarticuló más de 50 estructuras ilegales de corrupción dentro del Estado, siendo el caso del expresidente Otto Pérez (2012-2015), quien hoy cumple una condena de 16 años de prisión por defraudación de aduanas, el más destacado dentro de su currículum.

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“En 2006, fue el mismo Estado de Guatemala el que solicitó la intervención de Naciones Unidas al reconocer que existía un estado fallido, un estado coptado por redes ilícitas. Guatemala reconoció su incapacidad técnica y su falta de independencia para poder investigar y desarticular estas redes que habían infiltrado las altas esferas del poder, dando paso a la creación de la Cicig. Velásquez tuvo un papel muy importante en desarticular estas redes”, explica al respecto Méndez.

De ahí que el caso haya sido tildado como una “persecución política” contra exintegrantes de la Comisión, varios de ellos ya acusados de abuso de autoridad y de otros delitos por la fiscalía.

“Esto no se puede entender como una acción aislada. Existe una fiscalía que tiene unos poderes desmedidos, una fiscalía que no es independiente del poder Ejecutivo, como en teoría reza la Constitución. Aquí hay una ofensiva contra todas aquellas personas que de alguna manera han participado en investigaciones y denuncias sobre casos de corrupción”, señala Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencia Política.

Pero mientras el presidente Giammattei asegura que no hay tal persecución y señala que en su país “hay una auténtica libertad entre poderes de Estado”, los analistas e informes internacionales lo contradicen.

El informe de 2022 de la organización Human Right Watch (HRW), por ejemplo, señala que “el gobierno y la Fiscalía General han socavado la independencia judicial y las garantías de los derechos humanos en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por la corrupción generalizada”.

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A ello se suma el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó el año pasado a Guatemala en su lista de los países en donde se registran graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos señalando que esta nación vive un “progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática”.

Al tiempo, el país descendió del puesto 136 en 2016 al 150 en 2021 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional debido a un deterioro que empezó en la gestión de Otto Pérez y se agravó con Giammattei, acusado entre otras cosas de recibir sobornos de empresarios rusos en una concesión en la frontera con Honduras.

“Desde que tomó posesión en enero de 2020, el gobierno de Giammattei ha promovido un retroceso significativo en materia de democracia. En tres años, se ha visto cómo una gobernanza fracturada ha permitido que no se cuente con garantías de independencia judicial y Estado de Derecho, bloqueos a investigaciones de corrupción de alto perfil y procesos arbitrarios contra críticos (incluyendo la prensa independiente)”, le dijo a este diario Valeria Vásquez, analista para Centro América de Control Risks.

Para Vásquez, el actual gobierno ya controla todas las instituciones del Estado. En mayo de 2022, por ejemplo, el presidente renovó el mandato de Consuelo Porras, actual fiscal general, a pesar de ser acusada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de obstruir y menoscabar “investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos”.

En otro hecho, y tras la abrupta destitución de Juan Francisco Sandoval, Porras nombró en 2021 a Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, un personaje que figura en la Lista Engel de EE. UU., al igual que la fiscal general, por crear casos falsos para realizar imputaciones ilegítimas.

En julio del año pasado, además, el Congreso guatemalteco nombró a José Alejandro Córdova como nuevo procurador para los Derechos Humanos –un aliado del gobierno Giammattei que también es acusado de corrupción–, mientras que la Corte Suprema de ese país permanece con los mismos magistrados desde 2019 pese a que su periodo expiró ese año.

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Dicha coptación de las instituciones, dice Jaramillo, ha permitido que hoy en Guatemala exista una ofensiva y una estrategia de criminalización de los opositores. “Ellos van por todos. El mensaje es claro: aquella persona que se atreva a investigar, a denunciar, a informar sobre delitos sensibles de corrupción lo que hacen es mandarle a todo el establecimiento, incluida la fiscalía”, señala.

Y es que la acusación contra Velásquez no es la única en su tipo. La jueza Erika Aifán, quien se había dedicado a los casos más altos de corrupción y crimen organizado en el país y quien afirmaba investigar denuncias contra el mismo presidente, terminó en el exilio en 2022 luego de que el Ministerio Público abrió una serie de investigaciones en su contra.

Como ella, en los últimos siete años al menos 86 jueces, fiscales, funcionarios o periodistas han enfrentado procesos penales, han sido destituidos o han terminado en el exilio, según datos recopilados por la agencia periodística guatemalteca Ocote.

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Cifras reveladas esta semana por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también sostienen que entre 2021 y 2022 hubo un aumento de más del 70 por ciento en el número de responsables de la justicia que fueron objeto de intimidaciones y procesos penales por su trabajo sobre la corrupción o las violaciones de derechos humanos.

Dicha criminalización terminó extendiéndose al sector de la prensa. Desde el comienzo del periodo de Giammattei en 2020, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha registrado 404 ataques y limitaciones contra la prensa: 149 en 2020, 135 en 2021, 117 en 2022 y 3 durante las primeras dos semanas del 2023.

Según la APG, en 2022 hubo 36 casos de obstrucción a la fuente, 16 amenazas, 16 casos de intimidación, 12 casos de acoso judicial, 10 de difamación, entre otros. El más conocido es el del periodista José Rubén Zamora, principal crítico del gobierno y presidente de ElPeriódico, acusado de lavado de dinero y tráfico de influencias y quien ya completa más de cinco meses en prisión. A Zamora se suman los periodistas Juan Luis Font o la corresponsal de CNN en Español, Michelle Mendoza. Ambos en el exilio por acoso y amenazas.

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Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, además, durante el gobierno del actual presidente se han registrado 2.260 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos.

“Lo que vemos en Guatemala va dirigido a lo que se vivía en Nicaragua años atrás. Es muy pronto para comparar a Guatemala con Nicaragua, especialmente porque Guatemala tiene elecciones en pocos meses y mucho dependerá de quien gane. Pero, sin duda, va en ese camino, especialmente porque los problemas de falta de independencia judicial, corrupción y gobernanza débil están muy arraigados en el sistema político”, señala la analista Vásquez.

Con ese telón de fondo –en el que las investigaciones y la corrupción jugarán un papel clave– Guatemala afrontará este año la última etapa del mandato de Giammattei y una intensa campaña para el Congreso, los alcaldes municipales y el próximo ocupante del Palacio Nacional de la Cultura, sede del ejecutivo en ciudad de Guatemala, a partir de 2024.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO