¿Golpe o autogolpe de Estado? Así se cocinó la crisis en Bolivia que tiene como ingrediente la disputa entre Arce y Evo Morales por el poder

¿Quién orquestó el movimiento militar irregular que el pasado miércoles tuvo a Bolivia al borde de una nueva crisis institucional? Esa es la pregunta que ronda luego de que el mundo presenció cómo militares se tomaron la plaza Murillo en La Paz, donde están el palacio de gobierno y el Congreso Nacional, y con carros blindados, gases lacrimógenos y balas de goma intentaron romper la pequeña puerta de rejas verdes del Palacio Quemado para “restablecer la democracia”.

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La tanqueta principal era conducida por el general Juan José Zúñiga, conocido como el "el general del pueblo" por su cercanía con sectores mineros y sociales, quien había sido destituido 24 horas antes como jefe del Ejército por el presidente, Luis Arce, y que señaló que su intención era "cambiar el gabinete de Gobierno" y "restablecer" la democracia en Bolivia.

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De inmediato, Arce, que se encontraba en la Casa Grande del Pueblo –sede del poder Ejecutivo– apareció en televisión estatal para afirmar que el país estaba “atravesando un intento de golpe de Estado". "No voy a permitir esta insubordinación", agregó.

Luego de eso, lo que aconteció fue un cara a cara entre el presidente y el general boliviano en un pasillo del Palacio Quemado y en medio de funcionarios que custodiaban a Arce.

─Nosotros estamos molestos por esta actitud, ¿ves esto? ─lo afrentó Arce mostrándole el bastón de mando de la presidencia.

─Acá está el comandante de la Fuerza Aérea ─le respondió Zúñiga, con chaleco antibalas a un militar que está a su izquierda, también con ropa de combate.

─Acate mi orden capitán, vuelva y repliegue a toda la policía militar a sus cuarteles ¡en este momento! ─levantó la voz Arce, que posteriormente le insistió: “Es una orden. ¿No me va a hacer caso?”.

─No─ soltó Zúñiga que no paró de masticar chicle de manera casi sobreactuada y quien finalmente decidió retirarse del salón lanzándole una última frase al presidente: "No puede ser el desprecio".

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Pero, la rebelión terminó tan rápido como empezó. Horas más tarde, la incertidumbre que llevó a miles de bolivianos a agolparse en cajeros, supermercados y estaciones de gasolina para abastecerse se fue dilucidando cuando el Gobierno retomó el control de la plaza Murillo, detuvo al general y a otras 16 personas, y cambió la cúpula militar.

Contrariamente, las dudas sobre el golpe de Estado en Bolivia empezaron a aumentar cuando el mismo Zúñiga, quien no opuso resistencia a su detención, decidió acusar ante los micrófonos y las cámaras de los medios al presidente Arce de haber planeado la acción militar para "levantar su popularidad" y le dio la orden de sacar "los blindados".

Zúñiga dio a entender que la orden del “autogolpe” ocurrió el domingo pasado después de un partido de baloncesto. 

Al día siguiente, el lunes, el general fue el invitado de la periodista Jimena Antelo en su programa No mentirás, del canal PAT TV. Lo fue porque tres días antes, el expresidente Evo Morales (2006-2019) acusó a Zúñiga de elaborar un plan para matarlo.

"El militar está dispuesto a perder su libertad, a caer preso ante la justicia (...) está consciente que puede entregar su vida o puede ir prisionero y más aún cuando uno es comandante”, anticipó Zúñiga al hablar en el programa de la defensa de la Constitución y del Palacio Quemado.

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“Zúñiga dijo en televisión nacional que el expresidente Evo Morales no tenía el derecho de ser candidato presidencial para las elecciones del 2025, que había violado la Constitución en reiteradas ocasiones y que era básicamente alguien que debería simplemente dar paso a la candidatura del presidente Arce”, le dijo a este diario Eduardo Gamarra, director del Foro Latino de Opinión Pública de la Universidad Internacional de Florida.

La réplica de Morales no tardó en llegar a través de sus redes sociales donde dijo que “ese tipo de amenazas nunca se dieron en democracia” y que si no eran desautorizadas por el Gobierno y las autoridades militares “se comprobará que lo que en verdad están autorizando es un autogolpe”.

Explicado el enfrentamiento, y tras las reacciones de rechazo a los dichos de Zúñiga, Arce resolvió destituirlo como comandante del Ejército, pero no lo reemplazó de inmediato por otro militar. Zúñiga se declaró aún al mando del Ejército y su paso siguiente fue encabezar un asalto militar.

“De ahí que muchos piensen que esto es un clásico autogolpe porque no hay general en ningún país de América Latina que dé declaraciones a la prensa sin tener la autorización del capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el señor presidente”, agregó Gamarra.

Sin embargo, desde la perspectiva del analista boliviano Marcelo Arequipa, “no se trató de un teatro”. “El general Zúñiga dijo textualmente: ‘vamos a liberar a los presos políticos, empezando por el señor Luis Fernando Camacho, opositor detenido durante el gobierno de Arce. Lo que ocurrió fue que le falló el golpe porque las tropas de los demás regimientos militares no llegaron”, comenta.

La tensión entre Evo Morales y Luis Arce, ambos integrantes del partido Movimiento al Socialismo (MAS), se remonta a la crisis que vivió Bolivia en 2019 cuando el entonces presidente Morales -el primer mandatario indígena en la historia del país- forzó una tercera reelección prohibida por la Constitución y rechazada por un referendo popular.

En medio de un estallido social que dejó 36 muertos, Morales se vio forzado a renunciar y se asiló primero en México y posteriormente en Argentina.

Luego de un gobierno interino al que el MAS consideró ilegal, el partido retomó el poder en 2020 con Arce, delfín político de un alicaído Morales que para entonces ya no era el líder indiscutible de esa fuerza.

Como ministro de Economía de Morales, Arce capitaneó el llamado “milagro boliviano” gracias a los altos precios del gas, pero una vez asumió el poder su realidad era distinta: la economía había quedado herida tras la pandemia del covid-19 y perdió el control de la Asamblea Legislativa tras la fractura del oficialista MAS cuando Morales anunció en 2023 su intención de postularse para las presidenciales de 2025, a pesar de un bloqueo legislativo que se lo impide.

Desde octubre del año pasado, Arce y Morales congelaron sus relaciones y solo se volvieron a hablar hasta esta semana tras los acontecimientos en La Paz.

“Evo Morales juega un rol importante en Bolivia porque tiene un gran apoyo de las organizaciones sociales y, si bien hay una disposición normativa que le impide postularse a las presidenciales del 2025, sus seguidores aún aseguran que harán lo posible para que pueda ser candidato”, señala por su parte la periodista boliviana Fabiola Chambi.

Zúñiga entró en la tensión en 2022 cuando fue ascendido por el mismo Arce como comandante general, cargo en el que fue ratificado en enero de este año.

Acusado en 2013 de desviar fondos públicos cuando estaba al mando de un regimiento de infantería -por lo cual en enero de 2014 cumplió siete días de arresto- y señalado de carecer de los méritos militares necesarios para encabezar el Ejército debido a que en su promoción había ocupado el puesto 48 entre 65 oficiales, Zúñiga fue señalado en 2022 por el expresidente Morales de “perseguirlo”. Desde entonces, la confrontación entre ambos se mantuvo latente.

Tras lo ocurrido el miércoles, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, partidario de Morales, acusó al Gobierno de urdir un autogolpe. Mientras que un diputado afín a Arce situó en cambio a Morales detrás del intento de golpe de Estado, con el supuesto propósito de encarcelar al mandatario y a su número dos, el vicepresidente David Choquehuanca.

“Hay que ver cómo reaccionan las fuerzas políticas en los próximos meses. Si el presidente Arce sale fortalecido de esta situación, se verá como el gran defensor de la democracia y su gobierno tendrá un nuevo aire, pero si por el contrario aumentan las voces que lo señalan como autor del golpe, la presión puede ponerlo en serios aprietos de gobernabilidad”, dice por su parte Sebastián Fernández de Soto, analista de Control Risks.

El “intento de golpe de Estado” agarró a Luis Arce con un índice de favorabilidad en picada desde mayo, cuando pasó del 34 por ciento al 28 por ciento en solo un mes, según un sondeo de la consultora Diagnosis. Las razones se centran en la escasez de dólares -que muchos bolivianos usan para adquirir bienes o como moneda de ahorro-, el alza en el precio de los alimentos, la falta de combustibles y la caída en la producción de gas.

“Bolivia enfrenta la peor crisis económica de los últimos 20 años donde pasó de ser autosuficiente en muchos rubros a importar. De lo que se trata es de una pugna interna dentro del MAS sobre quién será el candidato en las próximas elecciones”, explicó el analista Gamarra.

La Asamblea Legislativa, que hoy es mayoritariamente opositora, está paralizada por la intervención del Tribunal Constitucional. De hecho, el choque entre los poderes Legislativo y Judicial bloquea la tramitación de leyes desde el pasado febrero.

“La división entre Arce y Morales tiene como característica central unas elecciones para el poder judicial que se han postergado y que el expresidente Morales quiere que se hagan porque piensa que el presidente Arce es el que controla el poder judicial y, por lo tanto, es el que le niega la posibilidad de reelegirse el próximo año”, puntualizó Gamarra.

En ese sentido, los analistas y periodistas consultados por este diario coinciden en que Bolivia pasa por una crisis institucional muy grave que se suma a una oposición atomizada incapaz de articular una respuesta.

Y mientras que la comunidad internacional, incluyendo a potencias como China y Rusia hasta regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, cobijaron al presidente Arce porque, como lo menciona Fernández de Soto: “Ningún gobierno quiere estar asociado directamente con apoyar movimientos golpistas en otros países”, de momento, la única evidencia de que en Bolivia hubo un intento de golpe de Estado son las cicatrices que le quedaron a la puerta del Palacio Quemado y que ahora es custodiada por 17 policías.

Entre tanto, los problemas al interior de Bolivia siguen buscando una respuesta urgente que, para Gamarra, “requieren de medidas muy fuertes, pero sobre todo de una institucionalidad sólida”.

STEPHANY ECHAVARRÍA

Editora Internacional

EL TIEMPO