El poderoso juez que vetó a X en Brasil

Aunque no tiene el alcance del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes es, quizás, la segunda persona más poderosa de Brasil.

Como juez del Tribunal Supremo Federal, como presidente del Tribunal Electoral y, sobre todo, como responsable de dos grandes investigaciones contra grupos que difunden desinformación, Moraes ha ejercido una rara combinación de poderes judiciales. Ha impuesto multas, ordenado detenciones, prohibido el a las redes sociales y otras sanciones. Y, en algunos casos, ha actuado como investigador y juez al tiempo.

Moraes, de 55 años, ha utilizado esos poderes prolíficamente contra grandes empresas tecnológicas, pero también contra varios de la oposición al gobierno de Lula da Silva.

Desde hace tiempo, los conservadores brasileños sostienen que Moraes abusa de su poder. Pero Xandão o Gran Alex, como lo llaman en broma sus partidarios y detractores, se ganó la gratitud de muchos de la clase política brasileña que respaldaron sus acciones de contrapeso durante y después de la tumultuosa presidencia de Jair Bolsonaro (2018-2012).

Ahora, esa popularidad está a prueba. A medida que las voces internacionales se suman al creciente coro nacional, las críticas a Moraes comienzan a abrirse paso en el discurso brasileño.

El enfrentamiento más público se ha producido entre Moraes y el multimillonario sudafricano Elon Musk, que se ha resistido enérgicamente a los esfuerzos del juez por controlar la libertad de expresión en su plataforma X (antes Twitter) y en otras redes sociales. 

El 28 de agosto, Moraes utilizó la propia red de X para enviarle a Musk un ultimátum para que nombrara un nuevo representante legal de su empresa en Brasil, y amenazó con prohibir totalmente la plataforma en el país más grande de América Latina a menos que cumpliera. Varios juristas brasileños declararon al diario Estado de S. Paulo que Moraes se estaba extralimitando en sus funciones. A pesar de ello, Moraes siguió adelante y ordenó la prohibición de X en Brasil el 30 de agosto.

Los reportajes de Fabio Serapião y Glenn Greenwald en el diario Folha de S. Paulo mostraron que Moraes y sus lugartenientes eludieron el procedimiento oficial al preparar sanciones para los objetivos de sus investigaciones.

Estas polémicas han vuelto a centrar la atención en varias cuestiones: ¿Moraes está censurando a la oposición o protegiendo la democracia brasileña? ¿Cuál debe ser el equilibrio entre permitir la libertad de expresión en temas de política en las redes sociales y luchar contra la desinformación y otras amenazas? Y por último: ¿el poder de Moraes ha dejado de ser útil, poniendo en peligro el debido proceso y el Estado de derecho de una manera diferente, pero también dañina?

“Está claro que está sobrepasando los límites”, dijo Conrado Hübner, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de São Paulo y columnista de Folha. “No hay precedentes, nada remotamente parecido a tener a un juez (en el Tribunal son conocidos como ministros) al frente de investigaciones que se convierten casi en instituciones permanentes”.

“Ha pasado un año y medio desde las elecciones de 2022 y la salida de un presidente que amenazaba las instituciones. Para el ministro Alexandre de Moraes y sus colegas del Tribunal Supremo, es como si todavía estuviéramos en ese tiempo, al menos como pretexto para mantener la anómala concentración de poder en este magistrado y su tribunal”, se lee en un editorial de Folha del 26 de agosto.

Moraes fue nombrado miembro del Tribunal Supremo en 2017. Su nombre se hizo más conocido y tomó peso durante la presidencia de Bolsonaro, quien durante su gobierno desafió con socavar, incluso desmantelar, la democracia en Brasil.

Bolsonaro, que fue un militar que defendió por mucho tiempo la última dictadura en Brasil, también amenazó con actuar fuera de los “límites de la Constitución”, puso en duda en repetidas ocasiones la integridad del sistema del voto electrónico y manifestó que no aceptaría el resultado de las elecciones de 2022, entre otras actuaciones polémicas.

En ese ambiente adverso, “el Tribunal Supremo surgió como contrapeso para defender las instituciones de Brasil en un momento en que otros poderes del Estado, incluido el Congreso, actuaban con timidez”, dijo Rafael Mafei, profesor de la Universidad de São Paulo y experto jurídico que ha escrito extensamente sobre el sistema judicial brasileño.

El sistema judicial brasileño otorga a los jueces del Tribunal Supremo poderes mucho más amplios que a sus homólogos estadounidenses, incluida la capacidad de tomar decisiones unilaterales, un poder que Moraes no ha dudado en utilizar. El juez se ha empecinado en frenar la desinformación en internet, especialmente las críticas y falsedades al sistema electoral brasileño, de las que se temían que pusieran en peligro la democracia de cuatro décadas del país.

“Moraes tuvo un papel muy importante en un momento muy particular de la política del derecho brasileño”, dijo Mafei. Bolsonaro había “capturado” la oficina del fiscal general y se aseguró de que el Congreso se mantuviera flexible al conceder a sus un mayor poder sobre el presupuesto, dijo.

Bolsonaro arremetió contra Moraes. Y en un discurso en el Día de la Independencia de Brasil en 2021, el entonces presidente dijo que no acataría ninguna decisión futura tomada por el juez. También ordenó a Moraes que cerrara las investigaciones policiales sobre sus nombramientos en la policía federal y otros temas, y advirtió que si no lo hacía, el sistema judicial podría “sufrir algo que no queremos que suceda”.

Luego de esa declaración, Bolsonaro se retractó, pero las tensiones aumentaron a un punto álgido a medida que se acercaban las elecciones de 2022. El día de los comicios, Moraes impidió que la policía de carreteras detuviera autobuses llenos de votantes en una zona de Brasil dominada por los partidarios de Lula. También prohibió las cuentas en las redes sociales de figuras prominentes que especulaban con que las elecciones habían sido robadas, y persiguió a los funcionarios que no consiguieron evitar los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, llegando incluso a suspender de su cargo durante tres meses al gobernador del distrito federal de Brasil.

“En ese momento estaba protegiendo la democracia, y creo que era algo muy necesario, pero en otro contexto alguien con su rol y poder, haciendo algo similar en una situación diferente, generaría muchos problemas”, dijo Roberta Braga, directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Digital de las Américas, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar el entorno de la información digital en América Latina. Otros expertos concuerdan con esta mirada y creen que Moraes actualmente ya ha ido demasiado lejos.

Moraes prohibió las cuentas de las redes sociales de los influencers de derechas Rodrigo Constantino y Paulo Figueiredo, por difundir supuestamente desinformación sobre covid-19 y poner en duda el sistema electoral brasileño. También prohibió las cuentas del propietario de una cadena de tiendas por departamentos e influencer de derechas Luciano Hang, supuestamente por agitar la idea un golpe de Estado en un grupo de mensajes pro-Bolsonaro. Al bloguero Allan dos Santos, autoexiliado en Florida, le retiró el pasaporte tras pedir la disolución del Tribunal Supremo; además, fue acusado de participar en una “red de crimen organizado” que opera a través de videos monetizados en línea. Estados Unidos rechazó una solicitud de extradición, al parecer porque determinó que las acciones de Santos no se consideran delito en Estados Unidos. “Es persecución pura y dura”, dijo el influencer.

En el último año, el ambiente político se ha moderado en Brasil, a medida que se ha recuperado un cierto grado de armonía institucional bajo el gobierno de Lula. Pero Moraes ha seguido a la ofensiva. A principios de este año, el juez amenazó con bloquear Telegram, un servicio de mensajería cifrada, por negarse a cumplir sus órdenes (Pavel Durov, fundador de la plataforma, fue detenido en Francia a finales de agosto por no impedir actividades ilegales en la plataforma).

En el marco de la investigación de Folha sobre los documentos filtrados de la oficina de Moraes en agosto, el periodista Greenwald escribió que el exasesor de Bolsonaro, Filipe Martins, había sido detenido por orden de Moraes durante casi seis meses sin cargos, basándose en pruebas que habían sido refutadas, según el artículo. El 9 de agosto, unos días después de publicada la historia, Moraes ordenó su liberación.

En sus recientes investigaciones, Greenwald y un colega mostraron que Moraes también ordenó a sus ayudantes recopilar información sobre ciertas personas, para imponerles prohibiciones en las redes sociales y otras sanciones. La proveniencia de la información levantada la hicieron pasar como si fuera de otros órganos judiciales o de denuncias anónimas. Tras revelada esta noticia, el juez ordenó una investigación para saber cuál era el origen de las filtraciones. Esto exacerbó la preocupación de que Moraes estaría desdibujando los límites entre sus funciones judiciales.

En respuesta a las filtraciones y otras acusaciones, Moraes ha negado cualquier irregularidad, alegando que sus acciones estaban en consonancia con las investigaciones en curso, cuyos detalles son secretos, y que sus decisiones fueron confirmadas por el pleno del Tribunal Supremo.

Para Mafei, las revelaciones publicadas hasta ahora por Greenwald y Serapião no desacreditan del todo el trabajo de Moraes, en parte porque el diseño de las instituciones brasileñas permite un cierto nivel de mezcla entre los roles del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral, y otorga al Tribunal Supremo el poder inusual de iniciar casos por sí mismo.

Pero los hechos siguen siendo preocupantes, dicen muchos. “El intento de disimular el origen de una petición que fue hecha por la justicia electoral, para hacerla parecer un movimiento espontáneo, eso es, en mi opinión, antiético”, dijo Mafei.

Ejecutivos de varias empresas tecnológicas se han quejado de Moraes en privado, argumentando que ha contribuido a convertir a Brasil en una de las democracias más restrictivas del mundo en lo que se refiere a la expresión en línea.

Mientras tanto, la lucha con Elon Musk tampoco muestra signos de desaceleración. En abril, Musk acusó al juez de ordenar la censura en Brasil, y Moraes respondió el señalamiento añadiendo a Musk a una lista de sospechosos en la investigación en curso sobre las “milicias digitales”.

En su enfrentamiento con Moraes, Musk se está presentando como un defensor mundial de la libertad de expresión –extrapolando su postura sobre cuestiones similares en Estados Unidos– y muchos en la derecha brasileña están de acuerdo, aclamándolo como un héroe que da un paso al frente para defenderlos de la censura.

Pero lo que está en disputa en Brasil ahora mismo no es la libertad de expresión en abstracto, sino si Moraes está actuando de acuerdo con el poder que le confiere la Constitución brasileña y si está respetando debidamente los derechos que asisten a los ciudadanos.

La Constitución brasileña protege el derecho a la libertad de expresión, pero también prohíbe el racismo y la discriminación. Internet está regulada y hay una ley pendiente sobre cómo manejar las noticias falsas en la web, pero por ahora los detalles de cómo se debe tratar legalmente a las plataformas de redes sociales siguen sin estar claros en Brasil, como en muchos otros países.

“Lamento mucho la falta de criterios claros para distinguir lo que está prohibido de lo que está permitido”, declaró Mafei a AQ.

Mientras tanto, puede resultar difícil juzgar plenamente las acciones de Moraes, debido al secreto bajo el que –de acuerdo con la legislación brasileña– está llevando a cabo sus dos investigaciones. “Hay críticas de que Moraes mantiene un nivel muy alto de secretismo sobre sus actuaciones, lo que dificulta el trabajo de los abogados”, dijo Mafei.

NICK BURNS (*)

AMERICAS QUARTERLY

(*) Editor y responsable de redes sociales en Americas Quarterly.