Ecuador: la rivalidad entre pandillas que tiene en jaque a las cárceles

El macabro enfrentamiento carcelario en Ecuador, que dejó 44 reos muertos, duró por cerca de cinco horas sin que las autoridades del orden puedan intervenir o controlarlo, según se conoce 24 horas después de los dramáticos hechos registrados en el Centro de Rehabilitación Bellavista de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

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Así lo asegura el portal digital Plan V que tuvo a un informe reservado, con detalles minuto a minuto, de la sexta masacre carcelaria que registra Ecuador desde febrero del 2021 en las que se han asesinado cruelmente a cerca de 400 privados de libertad.

Las escenas de dolor de los familiares que pugnaban por reconocer o retirar los cuerpos de los reos asesinados volvió a repetirse ante un duro cuestionamiento social que no se explica cómo las masacres se repiten sin que se adopten medidas para evitarlas. “Mi hermano estaba preso por microtráfico pero no merecía morir así, le destrozaron la cara, le apuñalaron en el estómago y en la espalda, debe haber sufrido y gritado mucho”, lamentaba una joven en las afueras del centro forense.

Hasta el martes, unos 25 cuerpos habían sido ya identificados y fueron puestos en sencillos ataúdes y trasladados por los familiares en camioneta alquiladas. Sin embargo, la mayoría prefiere no hablar agobiados por el dolor y por el temor a represalias.

En lo que va del año, Ecuador registra la muerte de 1.339 personas víctimas de asesinato, sicariato, homicidio y feminicidio, según información a la que tuvo EL TIEMPO.

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De estos, el 79 por ciento obedece a violencia criminal. “De los asesinados, el 33 por ciento contaban con un registro de antecedentes, mientras que el 67 por ciento no tenían registros de antecedentes penales”, dice el informe. La mayoría de hechos está relacionada con microtráfico y ajustes de cuentas entre bandas.

La violencia en las calles es el reflejo de los que sucede en las cárceles. Según las autoridades las muertes se produjeron por un enfrentamiento entre bandas narcodelictivas que pelean el control carcelario y el microtráfico en las principales ciudades del país y que, según los informes policiales, están vinculadas con carteles mexicanos y colombianos.

A pesar de que los enfrentamientos se iniciaron pasada la una de la madrugada del lunes, los policiales solo recibieron la orden de ingresar al centro carcelario a las 6:54 de la mañana, según la publicación del medio informativo.

Los pabellones estuvieron fueron de control y sin seguridad, por lo que los atacantes, de la banda 'los lobos' tuvieron el control para asesinar a sus rivales, integrantes de la banda 'R7' en las propias celdas del pabellón de máxima seguridad.

Un enfrentamiento entre estos mismos grupos delictivos se registró el pasado 3 de abril en la cárcel de Turi, al sur del país, que dejó 20 muertos. Como consecuencia, cinco líderes de esos grupos fueron trasladados a La Roca, una cárcel de máxima seguridad de la costera ciudad de Guayaquil. Entre ellos Marcelo Anchundia, líder de los 'R7', y Alexander Quezada, alias Ariel, líder de 'Los Lobos'.

Los dos personajes, rivales por el liderazgo carcelario y el control de las calles, bajo argumentos de maltratos y riesgo a sus vidas, lograron sendos habeas corpus que dispusieron su reubicación carcelaria. Anchundia fue trasladado a la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas y alias Ariel a una cárcel de la provincia de Cotopaxi, en la sierra centro del país.

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Pero las autoridades penitenciarias no tomaron en cuenta que la cárcel de Santo Domingo se había convertido en un reducto de 'Los lobos', por la reubicación judicial de 124 de su organización.

“Las medidas adoptadas por ciertos jueces terminan siendo dramáticas y generan estos incidentes. Es predecible que quienes buscan movilizarse de un centro de privación y encuentran apoyo jurídico son los que están detrás, lastimosamente, de estas masacres”, dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, al cuestionar las acciones judiciales que permiten la impunidad y evitan sanciones disciplinarias a quienes están involucrado en estos hechos violentos.

Según las versiones policiales, cobrar venganza a Anchundia, por orden de 'Ariel', habría desatado la matanza del pasado lunes que también dejó 11 heridos y permitió la fuga de 220 presos de los cuales faltan recuperar al menos 70.

“ 'Los lobos' buscaban a Anchundia y pedían a los otros presos que delaten su ubicación, pero este fue resguardado por la Policía y sacado del centro carcelario. Todos los identificados como 'R7' fueron cruelmente torturados, apuñalados, cortados y degollados",  según relató a EL TIEMPO un miembro policial que intervino en la incursión luego de los hechos.

Como detalla Plan V, a las 2:10 de la madrugada, el director de la cárcel de Santo Domingo informó que existían disturbios y enfrentamientos con armas de fuego entre los dos grupos y 35 minutos más tarde, la policía evacuó a Anchundia fuera del centro, porque se presumía que atentarían contra su vida. Ahora, está fuera de peligro, pero con un precedente que augura momentos convulsivos para Ecuador. 

Además de Freddy Anchundia, uno de los presuntos líderes de los 'R7' que las autoridades señalan como causante de la matanza, fueron muchos más los presos que fueron trasladados de Cuenca a Santo Domingo tras la masacre del 3 de abril.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a personas privadas de libertad, Pablo Ramírez, reconoció en declaraciones al canal Teleamazonas que fueron 124 los presos trasladados desde la cárcel de Cuenca a la de Santo Domingo en abril.

Estos traslados se dieron en cumplimientos de habeas corpus otorgados por la Justicia ecuatoriana, a petición de los mismos presos, pese a la oposición del SNAI, el organismo encargado de istrar y custodiar las cárceles ecuatorianas. Esto agravó el hacinamiento de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, una prisión con capacidad para 916 reos, pero que a finales de abril sobrepasaba los 1.600, lo que supone una sobrepoblación del 76 %, según los datos del SNAI.

Sin embargo, la Corte Provincia de Justicia de Azuay, cuya capital es Cuenca, rechazó en un comunicado haber propiciado con sus decisiones la matanza en Santo Domingo y afirmó que el único culpable de la crisis carcelaria es el SNAI por haber perdido el control de las prisiones y permitir que ingresen armas letales. 

Mientras, en Cuenca, ante los rumores de un posible nuevo amotinamiento, la seguridad de la cárcel fue reforzada con un destacamento de policías y militares, así como con ambulancias en los exteriores.

Al mismo tiempo, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se opuso firmemente a la llegada de más presos al centro penitenciario que se encuentra a las afueras de su ciudad. "Cuenca se respeta. Vamos a realizar todas las acciones necesarias para que la paz, la seguridad y la libertad de las familias cuencanas se precautelen", afirmó en una declaración donde convocó a una asamblea ciudadana para la tarde del martes para reclamar "no más engaños ni falsas promesas".

"El último amotinamiento del 3 de abril demuestra que no cuenta con las condiciones para albergar más personas privadas de la libertad ni de garantizar las condiciones de seguridad mínimas para proteger a las zonas aledañas y por supuesto a nuestra ciudad", sostuvo Palacios. 

La situación no pasó inadvertida para la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien apuntó al Estado como responsable de las muertes por ser personas bajo su custodia y exigió investigar los hechos y reformar el sistema de Justicia y el penitenciario.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que instaba al Gobierno ecuatoriano a recuperar el control de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.

De acuerdo con el director del SNAI, actualmente hay 33.000 presos en los 36 centros que tiene Ecuador, cuya capacidad total es para poco más de 30.000. Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno de Ecuador busca contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores e implementar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria. 

ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

QUITO (ECUADOR)