Cómo se convirtió Guyana en el laboratorio de desarrollo líder de América Latina

El auge económico de Guyana está alimentado por sus vastas reservas petroleras que, según se calcula, superan los 11.000 millones de barriles. Después de duplicar con creces su producción petrolera en 2022, el país va camino a producir más de 800.000 barriles diarios para 2025. 

Para poner esto en perspectiva, la producción de petróleo de Guyana está a la par de la de países mucho más grandes como Colombia, que tiene una población de 52 millones de habitantes. Se espera que Guyana supere a Kuwait y a otros países del Golfo y se convierta en el mayor productor de petróleo per cápita del mundo.

Pero Guyana está adoptando una estrategia única frente a su flamante riqueza petrolera. Bajo el liderazgo del presidente Irfaan Ali, el gobierno guyanés apunta a apalancar sus ganancias inesperadas a partir de los combustibles fósiles a combatir la pobreza y acelerar su transición a energía limpia. 

Al invertir profusamente en fuentes renovables como la energía hidroeléctrica, solar y eólica, el país apunta a reducir su dependencia de los hidrocarburos, bajar los costos energéticos y atraer inversiones industriales y agrícolas. Por su proximidad con Ecuador y su baja densidad demográfica, tiene el potencial de convertirse en un destino atractivo para los inversores internacionales.

A fin de alcanzar los objetivos de desarrollo social de Guyana, el Gobierno está invirtiendo considerablemente en educación, atención médica, vivienda, agua y saneamiento. Sin embargo, el país necesita con urgencia un influjo de trabajadores migrantes para satisfacer las demandas laborales de sus numerosos proyectos de construcción e infraestructura.

Con más del 85 % de su territorio cubierto por bosques tropicales, Guyana es el único país amazónico con una deforestación mínima. Asimismo, aproximadamente el 15 % de este territorio le pertenece legalmente a las comunidades indígenas. Al reconocer la importancia de la conservación ambiental para lograr sus objetivos sociales, Guyana inició su estrategia de desarrollo de baja emisión de carbono en 2009. La istración actual desde entonces ha impulsado este esfuerzo, posicionando al país como una economía positiva con la naturaleza.

Para reducir su dependencia de los hidrocarburos y fomentar la creación de empleos verdes, Guyana debe acelerar su transición energética e invertir en conservación, vivienda sustentable y transporte limpio. 

Al capitalizar su condición de país positivo con la naturaleza para garantizar que los proyectos verdes en Guyana generen mayores beneficios ambientales que otros lugares, el país podría establecerse como un destino atractivo para inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Al inspirarse en programas similares llevados a cabo en Colombia y México, Guyana apunta a promover el crecimiento verde e impulsar el empleo desarrollando un sistema integral de transferencias económicas. Al mismo tiempo, el Gobierno podría fomentar la existencia de ciudades verdes a través de un desarrollo urbano acelerado.

Sin duda, Guyana enfrenta obstáculos económicos importantes. Para mantener el ritmo del desarrollo y sostener su impulso de crecimiento actual, el país debe adoptar políticas inmigratorias que le permitan atraer la fuerza laboral necesaria para completar los proyectos de construcción existentes, expandir su sector de servicios financieros y facilitar la rápida expansión de la clase media, previniendo así el malestar civil y la inestabilidad política.

Salvaguardar la democracia de Guyana es particularmente crítico frente a las amenazas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de anexar a la región del Esequibo, rica en petróleo, que representa el 75 % del territorio de Guyana y ha sido parte del país desde que este todavía era una colonia británica. El respaldo constante de Estados Unidos, el Reino Unido y la comunidad internacional ha sido crucial para neutralizar las amenazas de Maduro y evitar un conflicto militar hasta que la Corte Internacional de Justicia decida a qué país pertenece la región.

Debido a su liderazgo efectivo y a su intención de aprovechar las ganancias de los hidrocarburos para impulsar un cambio socioeconómico, Guyana hoy es el laboratorio de desarrollo líder en América Latina y el Caribe. Su compromiso constante con la sustentabilidad y la conservación ambiental ofrece amplias oportunidades para los inversores, posicionando al país como un eje clave para los instrumentos financieros relacionados con el clima.

Asimismo, Guyana ofrece un modelo promisorio para otros países ricos en petróleo. Con el respaldo de la comunidad internacional, de inversores de relevancia, de instituciones multilaterales y de empresas privadas, Guyana está demostrando de qué manera los países en desarrollo pueden sacar partido tanto de las energías renovables como no renovables para escapar de la trampa de la pobreza.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ (*) 
 © Project Syndicate
BOGOTÁ
(*) Expresidente de Colombia 

La antigua colonia británica de Guyana, situada en el norte de Suramérica, entre Surinam y Venezuela, con una superficie de 214.969 km² y una población de 800.000 habitantes, se convirtió en 2019 en un país productor de petróleo, tras uno de los mayores hallazgos de petróleo en 2015: el bloque Stabroek, cuyas reservas se calculan en 11.000 millones de barriles. Muchos lo denominan el ‘Dubái de Suramérica’ o ‘Guyana Saudita’ por los estimativos que sugieren que alcanzaría los 17.000 millones, más que las reservas de Brasil, tasadas en 14.000 millones de barriles. Según datos de ExxonMobil, la producción de crudo aumentó de 380.000 barriles diarios, en 2023, a 640.000 este año, y en febrero superó a Venezuela en exportaciones: 621.000 barriles, frente a 604.000 barriles exportados por su vecino. Las autoridades de Guyana y las compañías petroleras quieren alcanzar los 1,2 millones de barriles al día en 2027. Venezuela produce unos 800.000 barriles diarios, cifra ligeramente mayor a la de Guyana.
​REDACCIÓN  EL TIEMPO 

América Latina sigue con preocupación la escalada de tensión entre Venezuela y Guyana por los 159.000 kilómetros del territorio Esequibo, una zona limítrofe entre ambos países que Venezuela reclama como suya desde la época de Independencia, pero que en la práctica es controlada por las autoridades guyanesas.

El litigio ha sido descongelado en años recientes por el gobierno de Nicolás Maduro con dos elementos que lo complican: en ese territorio se descubrió abundante petróleo y Venezuela aspira a casi la mitad del territorio de Guyana. Durante el mandato de Hugo Chávez, la disputa se mantuvo bajo llave porque el entonces presidente venezolano buscaba tener buenas relaciones con sus aliados del Caribe mediante su iniciativa Petrocaribe. Guyana, por su parte, tampoco habló del tema.

En 2015, la disputa volvió a ser relevante porque el Gobierno de Guyana junto con la ExxonMobil descubrieron grandes yacimientos de petróleo en la zona. La petrolera comenzó a explotar el crudo. Pero la falta de resolución del diferendo por una vía diplomática ha generado de nuevo agresiones y ataques verbales de parte y parte, y la posibilidad de un escalamiento militar.

El gobierno de Maduro realizó el 3 de diciembre un referendo consultivo para la creación de un nuevo estado en el Esequibo que, según el Gobierno, fue aprobado por “abrumadora” mayoría, aunque durante la jornada se registraron reportes de baja afluencia en los centros de votación.

Bajo “este mandato del pueblo”, como lo llama el Gobierno venezolano, Maduro tomó medidas extraordinarias: anunció la creación del nuevo estado Guayana Esequiba, que sumará a los 23 existentes, y nombró al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única en la región. También ordenó a Pdvsa y a la Corporación Venezolana de Guayana otorgar licencias de exploración y explotación en gas, petróleo y minería. Pero Guyana controla este territorio y desde hace más de 20 años construye escuelas, hospitales, fábricas y carreteras, lo mismo que puertos e instalaciones militares. Entre 2016 y 2018 creó cuatro municipios y otorgó la nacionalidad guyanesa a los habitantes de la zona.

En 2018, Georgetown acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y, actualmente, el diferendo se define allí, aunque los dos países forman parte del grupo de más de 100 que no reconoce la jurisdicción del organismo. 

REDACCIÓN EL TIEMPO