Chile: los ‘peros’ que tienen en ascuas aprobación de la nueva Constitución

Tras un año de trabajo, los 154 de la Convención Constitucional de Chile le entregarán este lunes al presidente Gabriel Boric la que sería la nueva Constitución del país en caso de ser aprobada por la ciudadanía en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

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Y aunque se trata de una propuesta que, para los expertos, responde a las mayores demandas sociales de Chile, lo cierto es que el texto lidia con un camino espinoso para su aprobación.

A la polémica desatada por varios artículos incluidos dentro del texto se suma la baja popularidad que enfrenta el presidente de izquierda Gabriel Boric, a quien erróneamente se le ha relacionado con el contenido de la nueva Constitución.

El mandatario, que asumió el poder el pasado mes de marzo con una aceptación del 50 por ciento, roza un escaso 23 por ciento de aprobación tras sus primeros tres meses de gobierno, según la medición de esta semana de la firma Cadem.

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“El presidente se involucró demasiado en el proceso constituyente y lo que observamos es que la aprobación de este se ve influenciada por el respaldo ciudadano al gobierno. Boric pasa por un momento político delicado y de baja aprobación popular, de ahí que el plebiscito de salida este muy vulnerable a los vientos de la coyuntura”, le explica a EL TIEMPO el analista senior para el cono sur de Control Risks, Leandro Lima.

Lo cierto es que el texto surgió como resultado del movimiento ciudadano desatado en 2019 cuando el alza al precio del pasaje del metro de Santiago se convirtió en toda una ola de rechazo al gobierno del entonces mandatario Sebastián Piñera, desatando unas de las mayores movilizaciones que ha vivido Chile y que tenían como eje central exigir una vida digna.

Como puerta de salida a las violentas protestas, que según la Fundación Ojos de Chile dejaron por lo menos 34 fallecidos y cerca de 500 personas con lesiones oculares, los chilenos aprobaron la redacción de una nueva carta magna en reemplazo al texto instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

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En términos generales, para los analistas, el mayor acierto del nuevo texto es su amplio espectro de derechos y el establecimiento de Chile como “un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico”.

“La Constitución se engarza con los textos modernos y establece un catálogo de derechos moderno con un mandato claro al Estado de asegurar condiciones mínimas de dignidad para todas las personas”, le dijo a este diario Francisco Arellano, investigador de la Fundación Nodo XXI y asesor de la constituyente.

No obstante, a medida que fueron revelándose los nuevos artículos, el texto no caló bien en ciertos sectores de la población. La más reciente encuesta de Cadem reveló que el 51 por ciento del electorado votaría en contra de la nueva carta magna frente a solo un 33 por ciento que la aprobaría. Otra encuesta de Pulso Ciudadano sitúa en 44 por ciento el voto negativo.

Y es que para ser aprobada, la Constitución necesita obtener el 50 por ciento +1 de los votos en el plebiscito, lo que plantea un panorama complejo.

“Es distinto preguntar si yo quiero una nueva Constitución a debatir sobre qué tipo de constitución quiero. Esa es la diferencia entre el primer plebiscito y este”, menciona al respecto Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales de Chile.

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Entre los temas que más han generado rechazo está el de dar fin al estado subsidiario actual, en el que son los privados quienes “cubren” los derechos fundamentales. Muchos ven en ello amenazas directas a intereses económicos. “Los sectores de derecha piensan que se está coartando la libertad de tener educación privada, de tener seguro de salud privado, de tener un sistema de AFP o de pensiones privados”, explica Fuentes.

El reconocimiento de los pueblos originarios o indígenas también ha servido para que algunos alimenten el voto por el no, dada la apatía que varios cuantos electores tienen por estos pueblos.

En la práctica, si entrara en vigor lo constituido en el borrador del texto, Chile se definiría como un “Estado plurinacional e intercultural”, lo que otorgaría un reconocimiento al sistema jurídico y a la autonomía territorial de los indígenas, incluyéndolos dentro del sector político con unos escaños reservados.

Para Arellano, pese a que cerca del 12 por ciento de la población del país se identifica como perteneciente a un pueblo originario, en la constitución actual no hay una sola mención a su existencia o a sus derechos. 

“En este país por mucho tiempo hubo una discriminación muy fuerte contra los pueblos indígenas. Se les tildaba de flojos o de borrachos. Hay todo un sector social que tiene una relación bastante agresiva y discriminatoria con los pueblos y eso se está expresando ahora”, destaca.

Otro de los temas que genera debate es el referente a los derechos de las personas gestantes. A pesar de que no se menciona la palabra “aborto”, sí se reconoce el derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Y si bien el marco normativo de este punto tendrá que definirse mediante una ley, los sectores más críticos -en un país tradicionalmente conservador al respecto- temen que se abra la puerta a la legalización total del aborto, que desde 2017 es posible únicamente bajo las causales de malformación del feto, riesgo de vida de la madre o violación.

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Los expertos coinciden en que el rechazo a la nueva constitución se ha alimentado de la postura sesgada de algunos sectores que ejecutan una campaña de desinformación deliberada. 

De hecho, según un análisis de la Plataforma Telar, el 76 por ciento de las noticias que circulan en redes sociales sobre la constituyente son totalmente falsas y el 24 por ciento son imprecisas. Además, el 66 % obedece a noticias falsas que apelan a aspectos personales de los constituyentes en “un movimiento de desacreditación personalista”, según indica la plataforma.

Leandro Lima le agrega a esto la poca experiencia de algunos constituyentes, quienes nunca habían hecho parte de procesos políticos formales, y cuya elección popular también causó sorpresa en 2021 y fue vista como un voto castigo para los políticos tradicionales.

“Esto tuvo dos consecuencias. La primera, es que hubo muchos errores en la conducción del proceso y eso generó impaciencia en la ciudadanía. La segunda, es que esto creó la percepción que la Convención era dominada por intereses particularistas de estos grupos militantes”, menciona Lima.

El resultado del plebiscito, sea cual sea, supondrá un reto mayúsculo para Chile. De aprobarse la nueva carta magna vendrá una larga transición que, como señala Fuentes, puede durar entre 10 y 15 años y de no aprobarse, el país podría sumirse en una nueva crisis.

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“Desmontar un texto que constitucionalizó una legalidad neoliberal va a tomar muchos años. Si se aprueba esta constitución muchas materias van a tener que ser desarrolladas por las leyes y va a haber muchas que van a tomarse bastante tiempo en materializarse”, aterriza Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales.

Aunque es poco probable que haya un estallido como el que ocurrió en 2019 de no aprobarse el texto, las protestas sociales estarían a la orden del día. “El rechazo al texto profundizaría la polarización, ya que las expectativas de una significativa parte de la ciudadanía y de los movimientos serían frustradas tras dos años y medio de debate”, explica Lima.

Eso sin contar que en el ámbito político, el rechazo al texto supondría un duro golpe para Boric, pues representaría un baño de inestabilidad para su gobierno.

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“Este sería un fracaso para todo el sector político de la nueva izquierda chilena y de los movimientos sociales que ganaron fuerza tras el estallido de 2019. Boric integra este sector y, como presidente, también es naturalmente uno de sus principales líderes”, dice Lima, al destacar que lo que más preocupa es que el acuerdo constituyente no establece un protocolo en caso de perder el plebiscito.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

@Angie_ruiz26