Texas se abre como frontera para la visión extrema del ideario republicano

La fama de Texas como uno de los estados más conservadores en Estados Unidos le ha dado la vuelta al mundo. Para poner un par de ejemplos es, de lejos, el que más personas ha ejecutado desde que se reinstaló la pena de muerte en 1976, es donde más armas per cápita existen y uno de los estados en el que el slogan preferido de buena parte de la población es “el que la hace la paga”.

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Con la entrada en vigor de dos polémicas leyes -una que restringe los derechos reproductivos y otra que limita el derecho al voto de minorías como la hispana y la afroestadounidense y las personas de bajos ingresos - no hay duda que Texas cimentará esa tradición casi que en piedra.

Tanto, que algunos ven en los pasos dados por este estado sureño una especie de “laboratorio” donde se experimenta con las versiones más extremas del ideario republicano. Algo parecido a lo que sucede en California con el movimiento progresista, pero en la dirección contraria.

Ambas leyes fueron aprobadas recientemente por el Congreso estatal, que es controlado por los republicanos, y firmadas por el gobernador Greg Abbott, que viene emergiendo como una de la voces más radicales en todo el país.

La primera ley, conocida como SB8, prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación y es desde ya la más estricta de todo el país desde que el procedimiento se legalizó en EE. UU. en 1973 tras la decisión tomada por la Corte Suprema Justicia (CSJ) en el celebre caso Roe vs. Wade.

La segunda, o SB1, introduce una serie de modificaciones al sistema electoral del estado que han sido vendidas como “estrategias para contrarrestas el fraude”, pero que en la práctica harán difícil el voto de las minorías, que en este estado suelen favorecer al partido demócrata.

Si bien ambas leyes han sido consideradas por una gran cantidad de expertos como inconstitucionales, por el momento sobrevivieron al examen de una CSJ que hoy día es controlada por una clara mayoría conservadora (seis jueces de esta tendencia contra tres de corte liberal).

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Pese a que otros estados del país han aprobado medidas similares, las de Texas son las primeras en ser implementadas y probablemente servirán de ejemplo y precedente para el futuro próximo.

Especialmente en el caso de la SB8 que es vista por los defensores del aborto como un caballo de Troya cuyo fin es anular la protección constitucional otorgada y que ha sido una de las banderas del partido republicano a lo largo de las últimas cinco décadas.

La sentencia Roe vs. Wade estableció que las mujeres tenían derecho a interrumpir su embarazo, pero con ciertas limitaciones divididas en tres etapas.

Durante el primer trimestre, es decir hasta la semana 13 o 14, los estados no podrían imponer límite alguno. En el segundo, que va hasta la semana 24 o 26, serían posibles algunas restricciones basadas en afectaciones a la salud, mientras que a partir del tercero los estados sí podrían prohibir todo tipo de aborto siempre y cuando no estuviera en riesgo la vida de la madre.

Desde entonces los estados, especialmente los más conservadores, han legislado alrededor de esos límites. Gracias a ello, hoy en EE. UU. el derecho al aborto sigue vigente y aunque su aplicación varía de estado a estado, ninguno había podido penetrar la protección de Roe vs. Wade a la interrupción del embarazo en el primer trimestre. Hasta que llegó Texas.

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Si bien ocho estados han aprobado leyes que prohíben el aborto después de las seis semanas, su implementación había sido frenada por demandas ante las cortes.

“Poner un límite antes del tercer trimestre no solo es inconstitucional sino muy complicado de aplicar. A las seis semanas, una mujer ni siquiera sabe que está embarazada.

En otras palabras si no le llega el período tiene que correr a hacerse una prueba y luego cuenta con pocos días para decidir lo que quiere hacer y reunir los fondos para pagarse un aborto, que no es barato. De hecho, más del 90 por ciento de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo lo hacen después de las ocho semanas. La ley de Texas, en la práctica, lo que hace es prohibir casi la totalidad de los abortos en el estado”, afirma Elizabeth Nash, del Guttmacher Institute, organización que se dedica a la defensa del aborto.

La ley SB8, a diferencia de otras, ni siquiera otorga excepciones para casos de incesto o violación y solo permite la interrupción cuando hay riesgo para la vida de la madre, pero bajos estrictos criterios.

Ante eso, los legisladores en Texas encontraron un camino -hasta ahora no explorado- para evadir el control constitucional. Al escribir la ley incluyeron una provisión que prohíbe que la medida sea implementada por funcionarios públicos y dejaron ese ejercicio a ciudadanos particulares.

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En otras palabras, son estos últimos quienes podrán demandar a una persona o institución que facilite un aborto y hasta se les promete una “recompensa” de 10.000 dólares si ganan la demanda, los cual los convierte en una especie de vigilantes a sueldo de la ley.

Sin embargo, dado que no son funcionarios públicos sino ciudadanos los que fueron empoderados para ejercer la ley, la Corte, en una votación dividida de cinco contra cuatro (el conservador John Roberts se sumó a los liberales en la oposición), optó por no intervenir de momento.

El espectro de las demandas es, además, sumamente polémico pues abarca prácticamente a cualquier persona que ayude en un aborto: desde el conductor que la lleve al sitio hasta familiares de la embarazada y médicos.

Y su efecto ya ha sido enorme. Muchas clínicas optaron por cerrar sus puertas ante el temor de una demanda y una gran cantidad de mujeres -las que pueden- están saliendo del estado para realizar el procedimiento en otro donde todavía no hay estas restricciones. Pero los expertos creen que el ejemplo de Texas será usado como una hoja de ruta.

El departamento de Justicia demandó la ley por considerarla inconstitucional y la istración de Joe Biden prometió defender el derecho de las mujeres, incluso enviando a agentes federales para que custodien los centros que realizan este tipo de procedimientos. Pero mientras la Corte no intervenga, sus manos están atadas. La única manera efectiva que tiene el Gobierno para contrarrestar esta tendencia es que el Congreso apruebe una ley que aclare los alcances de Roe vs. Wade y fortalezca sus criterios.

De momento, el partido demócrata carece de las mayorías suficientes para lograrlo.

Algo parecido sucede con la ley SB1. Desde que los republicanos perdieron las elecciones presidenciales y legislativas el año pasado, más de 20 estados donde ostentan el poder han aprobado medidas para apretar los mecanismos de votación.

Lo irónico es que su motivación ha sido el supuesto fraude que se cometió en esos comicios cuando en realidad no se ha podido documentar un solo caso de ilícito y todas las demandas elevadas por la campaña de Donald Trump fueron rechazadas por cortes liberales y conservadoras.

Entre todas ellas, la de Texas sobresale por sus limitaciones al voto al eliminar, entre otras cosas, las jornadas de votación de 24 horas y la votación en carro a través de ventanillas que se establecieron en algunos condados para facilitar el a las urnas. Asimismo, eleva los estándares de identificación para poder votar y restringe el voto por correo, una práctica muy común en el resto del país y que se volvió más popular por los riesgos que planteaba la pandemia del covid-19.

Además, convierte en ofensa criminal el envío de tarjetones a las casas si las personas no las han solicitado previamente y exige la firma de documentos y otros requisitos a cualquier persona que facilite la redacción o entrega de formularios a personas en condición de discapacidad.

Del otro lado, la ley amplía a su vez los derechos, de los llamados poll watchers (ciudadanos particulares que pueden presenciar la votación) que ahora tendrán ilimitado a los puestos de votación y podrán hasta presenciar el conteo de votos y el registro de los mismos en memorias externas y computadores.

Aunque la ley aplica para todos, es claro que afectan más a las minorías, personas con menos educación electoral o que requieren de horas extra para votar dado sus largas jornadas laborales.

“Se supone que el principio del sistema electoral es facilitarle el voto a la gente. Esa ley hace todo lo contrario pues en gran parte lo que establece son nuevos obstáculos”, afirma Marc Elías, abogado de varias organizaciones que han demandado la nueva ley.

Según el analista, lo que hay tras esta medida -y las otras que avanzan en el país- es un esfuerzo por suprimir un voto que no les favorece y que está poniendo en jaque el poder republicano en el estado.

Si bien Texas lleva más de cuatro décadas favoreciendo a candidatos republicanos, la migración de hispanos y la llegada de universitarios a grandes centros urbanos del estado cambiaron la trayectoria. Se estima que a lo largo de la próxima década los demócratas podrían alcanzar la mayoría.

Y lo mismo pasa en otros como Georgia y Arizona -donde ya ganaron en el pasado ciclo electoral- y Carolina del Norte, tres estados que eran claramente republicanos, pero donde las tendencia han ido cambiando y con ellos, la ruta al poder para este partido.

Aplaudidas por unos y criticadas por otros, estas leyes de Texas podrían tener consecuencias en otros frentes. Ya varias empresas del país anunciaron que piensan cancelar sus contratos con el estado y hay preocupación porque se afecte la industria del turismo o por que se detenga la expansión demográfica. Muchos, dicen los expertos, la pensarán dos veces antes de reubicarse en una zona del país que está girando tan marcadamente hacia la derecha.

Algo que si bien afectaría las finanzas del estado, quizá permita consolidar el control de un estado cuyo peso es enorme en términos electorales y que hoy se abre como una nueva frontera para el ideario republicano.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

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