Estados Unidos: reporte anual sobre derechos humanos menciona escándalos de presidente Gustavo Petro

Así mismo, el reporte, que  fue entregado en Washington durante una rueda de prensa con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, subraya que en Colombia se presentaron "delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra de grupos raciales y étnicos, incluidos los pueblos afrocolombianos e indígenas, delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales y restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, como la violencia contra los activistas laborales". 

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En el capítulo correspondiente a Corrupción Gubernamental es cuando aparecen las menciones sobre la familia del presidente colombiano.

"La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro", dice el documento que no entra a calificar la acusación.

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Aún así, la mención es relevante, pues el Departamento de Estado solo suele incluir en su reporte casos que le parecen notorios y de trascendencia.

El informe también sostiene que los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que "desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones contra nueve ex senadores y tres ex representantes de la Cámara, 36 investigaciones contra 39 ex gobernadores, 94 investigaciones contra 25 gobernadores y cuatro investigaciones contra exalcaldes".

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En general, el informe sostiene que el gobierno colombiano "tomó medidas creíbles" para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.

En el aparte correspondiente a orden público y conflicto, el reporte afirma que los grupos armados, entre ellos las disidencias de las Farc, el Eln y otros, cometieron numerosos abusos a lo largo del año.

Entre ellos, homicidios, secuestros, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de circulación, violencia sexual, reclutamiento y utilización ilícitos de niños soldados y amenazas de violencia contra periodistas, mujeres, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos.

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"El Ejército de Liberación Nacional (Eln) cometió crímenes y actos de terror en todo el país, incluidos atentados con bombas, violencia contra la población civil y ataques violentos contra instalaciones militares y policiales. El gobierno inició un alto el fuego de seis meses con el Eln el 3 de agosto, que fue supervisado por la Misión de Verificación de la ONU. Grupos armados ilegales y bandas de narcotraficantes, como el Clan del Golfo, también cometieron abusos", afirma el departamento de Estado al describir la situación que la organización guerrillera y otras bandas delictivas.

El informe hace también un balance de las labores que viene realizando la Jurisdicción Especializada para la Paz (JEP) y sostiene que el mecanismo, que surgió de los acuerdos de paz con las Farc en 2016, "promovió la reconciliación y tomó medidas para responsabilizar a los perpetradores de la violencia durante el conflicto armado".

En ese punto el informe destaca la presentación de cargos contra el ex comandante del Ejército Mario Montoya por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y su papel en al menos 130 ejecuciones extrajudiciales.

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"Esta fue la primera acusación contra un oficial militar de alto rango en el marco del macrocaso de la JEP sobre asesinatos de falsos positivos. El caso se centró en ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2002-2003, cuando Montoya era comandante de la Cuarta Brigada, con base en Medellín. Varios subordinados de Montoya testificaron que Montoya estaba al tanto de los asesinatos e intentó presentarlos como resultado de operaciones militares legítimas", se afirma en el documento. 

El reporte del departamento de Estado sostiene a su vez que se presentaron varias acusaciones contra militares por posibles asesinatos de civiles y menciona, entre otros, una operación militar en marzo de 2022 que mató a 11 personas en Puerto Leguízamo, Putumayo, que condujo a la apertura de cargos por parte de la Fiscalía contra 25 integrantes de las fuerzas armadas.

En otro aparte el departamento de Estado afirma que se siguieron presentado ataques contra desmovilizados de las Farc y cita estadísticas de Indepaz, según las cuales entre enero y octubre del año pasado fueron asesinados 34 de ellos.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington