Incluirlos en lista de muertos, una de las 3 nuevas 'armas' de Donald Trump contra los migrantes en Estados Unidos

Decretarles la muerte financiera, perseguirlos a través de sus récords de tributación e impedir su a vivienda subsidiada son las últimas tres armas que viene utilizando la istración del republicano Donald Trump en su agresiva campaña por acorralar y deportar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos e incluso a muchos más con estatus legal, pero en vías de expiración.

Aunque el republicano no ha escatimado esfuerzos a la hora de cumplir con su promesa de expulsar del país a los ilegales y cerrar los caminos para la llegada de nuevos migrantes, la nueva estrategia ha llamado la atención, tanto por lo audaz como por las serias preguntas que plantea en torno a su legalidad.

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La táctica del presidente, que viene implementando el Departamento para la Seguridad Interna (DHS), involucra a tres agencias del Gobierno que hasta ahora eran consideradas “intocables” dada la sensibilidad de la información que manejan: El Seguro Social (SS), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (DHU).

En el primer caso, que involucra al SS, la idea es decretarles a los inmigrantes la “muerte legal” y forzarlos a una auto deportación. En el segundo, utilizar la base tributaria del IRS para obtener sus direcciones de residencia y luego enviar a los agentes del ICE para su arresto inmediato. Y, con el tercero, el DHU, prohibir el a vivienda pública a hogares con un estatus migratorio “mixto”, donde algunos tienen estatus legal, pero otros no.

En las últimas dos semanas, altos funcionarios de carrera que trabajaban en estas dependencias renunciaron en oposición a que se use la información que recopilan con fines migratorios.

Si bien las tres iniciativas generan polémica, los casos del Seguro Social y el Servicio de Impuestos Internos son los más relevantes por su potencial impacto sobre miles de personas.

Y es que, en Estados Unidos, el SS es la agencia federal que istra las pensiones y los servicios públicos para jubilados y discapacitados, entre otras cosas. Así mismo, se encarga de emitir el número de identificación “madre” para todos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

Dicha identificación -o Número de Seguridad Social- es la exigida en el país para poder obtener, no solo beneficios públicos, sino servicios financieros críticos, como tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Así mismo, es el que se pide a cualquier persona a la hora presentar una aplicación para arrendar o comprar una vivienda o un carro.

Esta identificación se les otorga no solo a ciudadanos del país y portadores de green card o residencia permanente, sino a extranjeros que han sido itidos de manera temporal para estudios, trabajo o representación diplomática.

Para citar ejemplos, todas las personas que fueron itidas durante la istración de Joe Biden a través de la aplicación B One (por una solicitud de asilo) y que recibieron permisos humanitarios (parole) o Estatus de Protección Temporal (TPS) cuentan con un número de Seguridad Social.

Pero, dado que la istración Trump ha cancelado o está en vías de cancelar el estatus de la mayoría de estas personas –se estima el de al menos 1,5 millones que ingresaron por B One o parole-, también busca que se anulen sus números de SS.

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Así mismo, lo que se pretende es extender la búsqueda de otras personas que alguna vez tuvieron estatus legal (y se les otorgó un SS), pero ya no lo tendrían.

La controversia, en todo caso, se genera por la manera como lo están haciendo.

Para purgar sus récords, el SS suele recopilar los registros de defunción que se emiten cuando una persona muere y así poder suspender el pago de beneficios. Se trata de un proceso muy delicado, que requiere de corroboración, ya que cualquier error podría ocasionar un enorme perjuicio a una persona con vida, como la cancelación de sus beneficios, el cierre de cuentas bancarias y la liquidación de sus hipotecas.

La agencia recopila los casos demostrados en una lista maestra de muertes, que luego distribuye a otras agencias del Gobierno. Una versión del listado se vende a bancos, agencias de crédito y otras instituciones financieras, que las usan para impedir que los estafadores utilicen números robados para acceder a sus servicios.

Pero, tras un acuerdo al que llegó hace algunas semanas la istración Trump con el SS, ahora se comenzaron a incluir a los inmigrantes en esta lista de muertos.

De momento, van más de 7.000, en su mayoría latinos, que la istración califica como “delincuentes o terroristas”, pero en donde han aparecido varios menores de edad.

“Lo que queremos es acabar con sus vidas financieras”, dijo hace poco Leland Dudek, el encargado del SS, en un correo electrónico donde explicó que el objetivo central era forzarlos a abandonar el país, volviendo casi imposible su permanencia en Estados Unidos al cortar su al sistema financiero.

De acuerdo con Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, lo que pretenden los cambios en el Seguro Social son eliminar el incentivo monetario que tienen los indocumentados para venir a Estados Unidos y quedarse.

Lo que está haciendo Trump, sostiene Huston, es “cumplir con la promesa que le hizo al pueblo estadounidense”.

Pero, de acuerdo con Jason Fitchner, exfuncionario de esta dependencia durante la istración de George W. Bush, la estrategia tiene varios problemas.

“En primer lugar, parte de una falacia, pues asume que una persona está muerta cuando en realidad está viva. En segundo, tiene un alto potencial de que se cometan errores que serían devastadores para la vida de una persona”, afirma Fichtner.

Bien sea porque se incluya a una persona por equivocación o porque se abuse el sistema para castigar a otros residentes legales o incluso ciudadanos.

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Es por eso, dice el exfuncionario, que el SS siempre se ha mantenido separado de los temas migratorios y opera con protocolos muy estrictos para evitar un perjuicio mayor.

Dudek, adicionalmente, ya había llegado a un acuerdo previo con el SS para obtener la información proporcionada de al menos 100.000 personas que aplicaron a un número de identificación en años recientes y que, probablemente, incluye a los que llegaron por B One y el parole para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

La idea con esto último es similar a la que se viene haciendo con el IRS: obtener la dirección de residencia de estas personas para ubicarlas y deportarlas.

En el caso de la agencia de tributación, también se llegó a un acuerdo con la istración para que comparta con el DHS la información aportada por los contribuyentes con el objetivo de ubicar a indocumentados y deportarlos.

En Estados Unidos este tipo de información se considera confidencial -casi sagrada- y está protegida por la ley, dado que el mantra del IRS, por lo menos hasta ahora, era recaudar impuestos de cualquier persona fueran legales o no.

De hecho, en 1996 la agencia creó un sistema paralelo cuyo objetivo era, precisamente, que los indocumentados pagaran impuestos bajo la promesa de que su información no sería revelada a las autoridades migratorias.

Desde entonces, cualquier persona que no tenga un número de Seguro Social (que es el que se usa para declarar impuestos) puede obtener un Número Individual de Identificación Tributaria (o ITIN por su sigla en inglés) que les permite tributar en el país.

Anualmente, son millones de personas las que tributan con este ITIN. De acuerdo con un estudio reciente del Instituto para Impuestos y Economía Política (ITEP), en 2022 los indocumentados pagaron casi 100.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, de los cuales la mitad llegaron por la vía de una declaración de renta.

Aunque los indocumentados no tienen derecho a los beneficios de la seguridad social o el sistema de salud, en la gran mayoría de los casos pagan impuestos para evitar problemas con las autoridades y mantener su “récord limpio” en caso de que puedan regularizar su situación a futuro, pues una causal para negarles la residencia o un asilo es no haber tributado.

Si bien la istración insiste en que solo compartirá la información de criminales o personas que tengan una orden de deportación, el temor es que se use de manera más extensiva para ubicar a cualquier persona que se encuentre en una situación irregular dentro de Estados Unidos.

“Este acuerdo amenaza con violar los derechos que muchos estadounidenses tienen bajo leyes de larga data, que protegen su información tributaria de la divulgación o difusión indebida. De hecho, es difícil imaginar cómo el IRS podría divulgar información al DHS y al mismo tiempo cumplir con las leyes de privacidad del contribuyente”, advirtió el Centro de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York.

Así mismo, otros centros de pensamiento sostienen que el fisco dejará de percibir cientos de millones de dólares, pues lo más probable es que los indocumentados dejen de pagar impuestos por temor a ser perseguidos.

Para la istración, no obstante, tanto el IRS, como la SS y el DHU hacen parte de un mismo Gobierno que debe trabajar de la mano para frenar la ilegalidad en el país y compartir con las autoridades la información disponible.

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En todos los casos, ya hay demandas interpuestas ante las cortes para impedir que la istración pueda acceder a las bases de datos de estas agencias y que, eventualmente, tendrán que ser resueltas por la Corte Suprema.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington