Grupos armados han expandido de manera dramática su poder en Colombia desde que Gustavo Petro asumió el poder: HRW

Desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia los grupos armados han expandido de manera dramática su poder en el país, lo cual se ha traducido en un notable deterioro de la seguridad y un aumento de los abusos que comenten contra la población civil. A esta conclusión llegó la evaluación anual de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), publicada este jueves.

Esto, al igual que el limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza que aquejan a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, constituyeron algunos de los problemas más graves que se presentaron a lo largo del 2024 según la ONG.

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En el informe también se menciona que Gustavo Petro continuó utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos del gobierno.

"El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país", dice el reporte en uno de sus apartes.

De acuerdo con la organización, "la fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, no han garantizado un suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados". 

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"Para junio, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos 'disidentes' de las Farc, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 por ciento, el 23 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente, en comparación con 2022", destacó.

Según HRW, a lo largo del año se reportaron 159 casos de reclutamiento de niños y el "confinamiento" de más de 71.000 personas a las que se les impidió salir de sus comunidades, un aumento del 39 por ciento con respecto al año anterior.

Así mismo, se menciona que en los departamentos occidentales y suroccidentales de Chocó, Cauca y Nariño, los enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos armados desplazaron, entre enero y julio, a más de 34.000 personas.

Adicionalmente dan cuenta del desplazamiento de unas 121.000 personas entre enero y julio de este año en todo el país, y pocos avances en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado.

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HRW también documentó el presunto asesinato de 138 de defensores de derechos humanos y lideres sociales, en su mayoría de personas defensoras de derechos comunitarios, en comparación con 157 alegaciones registradas durante el mismo periodo de 2023 (entre enero y agosto).

La organización, al evaluar la llamada estrategia de 'Paz Total' del presidente Petro, afirma que sus resultados han sido "limitados" a la hora de frenar los abusos y proteger a la población civil. 

Destaca que, a pesar de que se continuó negociando con el ELN y los grupos disidentes y se anunciaron varios ceses al fuego, "los preparativos y la supervisión resultaron insuficientes, y en muchos casos los grupos armados no los respetaron".

El reporte resalta que desde el ascenso de Petro, en agosto del 2022, Colombia ha registrado un descenso de las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad. No obstante, afirman, la rendición de cuentas por abusos del pasado y las reformas destinadas a garantizar la no repetición de abusos siguen siendo limitadas.

"El Ministerio de Defensa -afirma HRW- reformó los protocolos sobre el uso de la fuerza y suspendió́ a algunos policías responsables de abusos. Sin embargo no ha implementado reformas más amplias, tales como limitar la jurisdicción de la justicia militar en investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y trasladar la policía fuera del Ministerio de Defensa para garantizar la separación entre las funciones policiales y militares".

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En términos generales, dice el informe, si bien Petro respaldó los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc en 2016, su implementación siguió enfrentando grandes desafíos.

Por otro lado, afirman, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sí logró avances significativos en la investigación y el procesamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad, formulando acusaciones contra altos excomandantes de las Farc y varios oficiales del Ejército.

Otro capítulo que llamó la atención fue el de las políticas de cambio climático y su impacto, una de las banderas del gobierno de izquierda. 

Si bien HRW destaca la ratificación del acuerdo de Escazú para proteger los ecosistemas y a sus defensores, sostiene que el plan nacional que adoptó Colombia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resultó “muy insuficiente” para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 centígrados por encima de los niveles preindustriales.

De acuerdo con HRW, si bien en 2023 se habían registrado una disminución histórica de la deforestación (el 36 por ciento), durante el primer trimestre de 2024 se registró un aumento del 40 por ciento.

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"Los productores ganaderos y grupos disidentes de las Farc son los principales impulsores de la deforestación, y presionan a los residentes para talar árboles, extorsionan a campesinos, promueven los cultivos de hoja de coca para la producción cocaína y amenazan a las personas que defienden la conservación", dice el reporte.

En la sección dedicada a migrantes y solicitantes de refugio y asilo, HRW afirma que continuó el flujo de personas a través de la selva del Darién y fue notoria la ausencia de una estrategia gubernamental para salvaguardar sus derechos, lo cual deja a los migrantes sin seguridad, asistencia o a la justicia.

En muchos casos, mujeres y niñas han sido víctimas de trata, especialmente las migrantes y refugiadas venezolanas, así como mujeres de comunidades afrocolombianas en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y en el Distrito Capital.

Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, las organizaciones delictivas y los grupos armados están “muy implicados” en estas actividades. El a asistencia jurídica, alojamiento seguro, asistencia integral a largo plazo e indemnizaciones es limitado.

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Muchas mujeres y niñas también sufren explotación sexual, incluso en las llamadas “casas webcam”, donde se enfrentan a condiciones de trabajo abusivas y antihigiénicas.

A pesar de las protecciones constitucionales basadas en la orientación sexual y la identidad de género, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) siguen enfrentando altos niveles de violencia y discriminación. 

Según cifras de la ONG Colombia Diversa publicadas en julio, 159 personas LGBT fueron asesinadas en 2023, 32 de ellas posiblemente debido a prejuicios anti-LGBT. En febrero, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad para investigar los delitos motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

Los altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo una preocupación grave en materia de derechos humanos.

El acuerdo de paz de 2016 estableció los “Programas de Desarrollo Territorial” (PDET) para aumentar la presencia de las instituciones estatales en 170 municipios altamente

Según Reporteros sin Fronteras, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró el asesinato de al menos cinco periodistas, entre enero y julio.

El presidente continuó utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos del gobierno. 

En septiembre, emitió una directiva presidencial dirigida a todos los funcionarios del poder ejecutivo para que garantizaran un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas, evitando, entre otras, declaraciones estigmatizantes. 

Sin embargo, el presidente no cumplió con estas directrices durante el propio acto de presentación de la directiva presidencial.