Exclusivo: HRW señala que propuestas de Gustavo Petro, Lula da Silva y Amlo sobre crisis en Venezuela son una 'burla' y 'violatorias del derecho internacional'

Tras expresar coincidencias en algunos puntos y agradecimiento por su rol en la actual crisis de Venezuela, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) dirigió una dura carta a los presidentes Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador (Colombia, Brasil, y México) en la que se opone a tres de las iniciativas que han ventilado estos mandatarios como solución al ime que vive el vecino país.

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La carta, obtenida en exclusiva por este diario, fue escrita por Juanita Goebertus, directora para las Américas de esta ONG.

En la misiva, Goebertus cuestiona las propuestas para que se repitan las elecciones en Venezuela, el peso que se la ha dado a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el llamado a una amnistía general con alcance nacional e internacional.

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Sobre lo primero, HRW sostiene que "repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla" frente a un principio básico de la democracia bajo el cual se debe respetar la voluntad popular y facilitar una transición pacífica del poder.

Según Goebertus, "tal propuesta (repetir las elecciones), que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio, incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte del gobierno".

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Adicionalmente, sostiene HRW, desde las elecciones el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado medidas que volverían aún más injusto cualquier proceso electoral futuro. Entre ellas, la detención de de la oposición, las amenazas de cárcel contra el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, la aprobación de una ley que otorga al gobierno amplios poderes para cerrar ONG, y propuestas de ley para restringir aún más la observación electoral internacional.

En su lugar, afirman, la solución de la crisis debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos, el fin de la persecución contra la oposición y críticos del régimen y la liberación de todos los que han sido detenidos de manera arbitraria.

Sobre el papel del TSJ, la organización sostiene que tanto la CIDH, como la ONU, el fiscal de la Corte Penal Internacional (I), Karim Khan, y otras autoridades internacionales han señalado que el tribunal carece de independencia y credibilidad.

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"En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas -dice Goebertus- el Tribunal ha desempeñado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral de 2024".

HRW enumera, de hecho, todo un conjunto de acciones y decisiones de este órgano que a todas luces han sido parcializadas antes de concluir que "la decisión final del Tribunal Supremo no constituye un análisis creíble de los resultados electorales ni de la legislación venezolana, que inspire confianza o aceptación generalizadas. Por ello, instamos a sus gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial".

Goebertus, en la carta, les agradece a Petro, Lula da Silva y López Obrador que sigan empujando en pro de la revelación de los resultados de las elecciones y no hayan usado, de momento, la decisión del TSJ para avalar e supuesto triunfo de Maduro.

Finalmente, HRW recuerda la obligación que tienen los Estados de investigar y perseguir las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales como los que han ocurrido en Venezuela y se atribuyen al régimen de Maduro.

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Aunque reconocen que de la mano con esa obligación pueden ser necesarios elementos de justicia transicional para reparar los daños, restablecer el Estado de derecho y garantizar la no repetición tras un conflicto o crisis como la que se vive en Venezuela -como el que se viene utilizando en Colombia tras la firma del proceso de paz-, "la propuesta del presidente Petro, formulada en términos generales y amplios, violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades".

Adicionalmente, sostiene la ONG, la idea del presidente no garantizaría la seguridad jurídica de las partes interesadas en Venezuela, ya que cualquier amnistía que contradiga el derecho internacional podría ser fácilmente derogada o desestimada por jurisdicciones nacionales, extranjeras o internacionales en el futuro.

En la misiva, y tras anotar que las oleada detenciones arbitrarias que se vienen presentando "parece no tener precedente en la historia de país", HRW se muestra convencido de que "una negociación creíble entre todas las partes interesadas" sigue siendo la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela y para hallarle una salida a la crisis.

Algo que, dice, Petro, Lula y López Obrador han procurado y en lo que deberían insistir.

"Como han señalado sus gobiernos, la verificación transparente e imparcial de los resultados electorales, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, así como las garantías para que todos los venezolanos participen en política, pueden ser elementos clave de dicha solución negociada", afirma Goebertus no sin resaltar que es un camino que probablemente incluirá "sanciones dirigidas específicamente a los de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos y la corrupción asociada a estos hechos, así como incentivos para los aliados internacionales de Maduro y el sector privado que opera en Venezuela para que estos actores también promuevan el respeto de los resultados electorales y de los derechos humanos".

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

El presidente López Obrador interrumpió su participación en los diálogos de sus gobiernos sobre Venezuela mientras el tribunal dictaba sentencia.

Como VV. EE. saben, el 22 de agosto, el Tribunal Supremo “convalidó categóricamente”

los resultados electorales anunciados por el CNE y exhortó a las autoridades electorales a “publicar los resultados definitivos”.15 El tribunal dijo también que las actas de escrutinio hechas públicas por la oposición eran “presuntamente falsas o forjadas” e instó a las autoridades a investigar la “zozobra” que estas habían causado en la población. 

Afortunadamente, el presidente López Obrador dijo tras la sentencia que su gobierno “va a esperar que den a conocer las actas” antes de reconocer a un ganador en la elección. Su excelencia señaló que, si bien el “Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro… al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas”. De la misma manera, el presidente Petro y el presidente Lula da Silva tomaron nota de la sentencia y reiteraron que “que siguen aguardando la difusión, por parte del Consejo Nacional Electoral, de las actas desglosadas por mesa de votación”. En efecto, varios expertos venezolanos han cuestionado si la Sala Electoral del Tribunal Supremo era el órgano competente para resolver este caso.19 Asimismo, un gran número de autoridades internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coinciden en que el Tribunal carece de independencia y credibilidad. 

El fiscal de la Corte Penal Internacional (I), Karim Khan, sobre la base del examen preliminar de su oficina, ha identificado varios factores “que afectan a la independencia y la imparcialidad” de los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela. Entre estos, que la

mayoría de los jueces “al parecer tienen conexiones con el actual partido político en el

poder”, que algunos fueron nombrados en violación de la legislación venezolana y que

existen acusaciones creíbles de que los jueces son nombrados “debido a su lealtad

percibida hacia el gobierno”.

Del mismo modo, los expertos de la ONU que forman parte de la Misión Internacional

Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han documentado

acusaciones creíbles de que los magistrados del Tribunal Supremo “reciben

habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias” por parte del

poder ejecutivo.

En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y

justas, el Tribunal ha desempeñado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral de 2024. En enero de 2024, el Tribunal confirmó la decisión de impedir que Machado, así como Henrique Capriles, se presentaran a las elecciones. El Tribunal también ha nombrado en repetidas ocasiones a partidarios del gobierno para ocupar cargos de dirección en partidos de oposición como Acción Democrática, Primero Justicia y, más recientemente, el Partido Comunista de Venezuela, lo cual socava la autonomía de estos partidos políticos.

Además, tras el anuncio de los resultados electorales, el Tribunal Supremo felicitó a

Nicolás Maduro por su “reelección”, y afirmó que el proceso electoral ocurrió “en paz” y

fue “transparente, eficiente, auditable y ejemplo en el mundo”. 

Dado este contexto, la decisión final del Tribunal Supremo no constituye un análisis creíble de los resultados electorales ni de la legislación venezolana, que inspire confianza o aceptación generalizadas. Por ello, instamos a sus gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial.

El presidente Gustavo Petro ha sugerido que debería haber una “amnistía general” de alcance “nacional e internacional” en Venezuela.

Como VV. EE. saben, en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. La Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país. La Misión ha identificado motivos razonables para creer que del gobierno de Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y torturas.28 Por otra parte, la Fiscalía de la I lleva a cabo, desde 2021, una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país.

Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios.

Junto con la obligación de investigar y enjuiciar abusos graves, pueden ser necesarios mecanismos de justicia transicional para reparar los daños, restablecer el Estado de derecho y garantizar la no repetición tras un conflicto o crisis como la que se vive en Venezuela. Dichos esfuerzos pueden conllevar reformas legales y mecanismos creíbles que garanticen la verdad y el a justicia reparativa y restaurativa.

Como demuestra la reciente experiencia en Colombia, las amnistías condicionadas que no sean absolutas también pueden desempeñar un rol importante en estos contextos. Sin embargo, la propuesta del presidente Petro, formulada en términos generales y amplios, violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades. Del mismo modo, dicha propuesta no garantizaría la seguridad jurídica de todas las partes interesadas en Venezuela, ya que cualquier amnistía que contradiga el derecho internacional podría ser fácilmente derogada o desestimada por jurisdicciones nacionales, extranjeras o internacionales en el futuro. 

Esperamos que VV. EE. puedan tener en cuenta estas recomendaciones mientras prosiguen sus esfuerzos para encontrar una solución a la crisis en Venezuela. Quedo a su disposición para seguir discutiendo este asunto y compartir información adicional sobre la situación en Venezuela.

Juanita Goebertus Estrada

Directora

División de las Américas

Human Rights Watch