Canadá podría expandir ley de eutanasia a personas con enfermedades mentales

Desde 2016, el programa de asistencia médica para morir en Canadá, conocido como 'MAID', está disponible para todos los pacientes con enfermedades terminales. Desde entonces, se han hecho varias modificaciones a la ley; la más reciente, en 2021, cuando la ley se expandió a personas con enfermedades físicas crónicas y graves, incluso aquellas que no representaban un peligro para la vida.

Este año se espera una nueva modificación que incluirá a aquellos que padezcan enfermedades mentales, una propuesta que ha causado polémica debido a que podría permitir que personas en estado de vulnerabilidad puedan asistir fácilmente al suicidio asistido.

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La muerte asistida llegó a Canadá en 2015 cuando la Corte Suprema dictaminó que negar este derecho privaba a los ciudadanos de la dignidad y a la autonomía.

Un año después, se legisló el programa 'MAID' para aquellas personas con enfermedades terminales cuya muerte era "razonablemente probable".

En el primer año, unas 1.000 personas fueron ayudadas bajo el programa de muerte médica asistida. En 2022, esta cifra se elevó a 10.000 y representó el tres por ciento de las muertes en Canadá.

En 2021, la ley fue modificada nuevamente para incluir a aquellas personas con enfermedades físicas graves, a pesar de que estas no afectaran la vida del paciente.

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Ahora, los médicos y organizaciones que están en contra de incluir a las personas con enfermedades mentales argumentan que, si bien la eutanasia es un derecho que garantiza un alivio a las personas, para el caso de las personas con enfermedades mentales podría ser considerado como si morir fuera la solución.

Informes recientes sostienen que para algunas personas, la muerte se presenta como una alternativa para un sistema de seguridad social roto.

Expertos sostienen que la muerte asistida podría ser utilizada como un escape ante la frustración de los problemas sociales como la pobreza, la falta de vivienda o la soledad. "No creo que la muerte deba ser la solución de la sociedad para sus propios fracasos", sostuvo a la BBC la doctora Madeline Li, quien ha aplicado la eutanasia a cientos de pacientes en Canadá desde su aprobación en 2016.

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"Dejar que la gente tome esta decisión (de morir) porque el Estado no está cumpliendo con los derechos humanos fundamentales es inaceptable", dijo Marie-Claud Landry, comisionada en jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, en un comunicado emitido en mayo.

Encuestas de opinión demuestran que los canadienses están de acuerdo con que se permita al menos una forma de suicidio asistido.

La modificación de 2021 colocó a Canadá junto a países como Bélgica y Países Bajos en la corta lista de naciones que permiten eutanasia para casos diferentes a enfermedades terminales.

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Los primeros críticos de la nueva propuesta son tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes advirtieron al gobierno federal en 2021 que la reforma podría devaluar la vida de las personas discapacitadas al implicar que una discapacidad grave es peor que la muerte.

Incluso antes de entrar en aplicación la nueva propuesta, se han presentado críticas sobre su implementación. Las autoridades iniciaron una investigación a mediados de 2022 después de que al menos cuatro exmilitares fueran invitados a considerar el suicidio asistido por un trabajador social de Asuntos de Veteranos, que ahora ya no trabaja para el departamento.

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Uno de los casos es el de la veterana y paralímpica Christine Gauthier, quien dijo que el empleado le ofreció la opción del suicidio asistido después de que ella pidió que se instalara una rampa para sillas de ruedas en su casa.

Frente a las críticas, el legislativo canadiense sostiene que las modificaciones estarán blindadas para prevenir que personas vulnerables acudan a la eutanasia como una forma de solucionar problemas sociales que el Estado debe garantizar. 

Los solicitantes con afecciones graves e incurables pero que no ponen en peligro la vida deberán ser evaluadas por dos médicos independientes y pasar por un período de espera de 90 días.

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Sin embargo, el gobierno canadiense pospuso la modificación programada para marzo de 2023, con el objetivo de realizar más estudios alrededor del caso y evaluar su idoneidad.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO