Democracia en América Latina sigue de capa caída y se allana camino para autocracias

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra ‘recesión’ se define como “acción y efecto de retirarse o retroceder”. Es verdad que el mismo término se utiliza para describir una depresión de la economía, pero en este caso la acepción describe lo que pasa con la democracia en esta parte del mundo.

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Según la fotografía tomada hace unos meses por Latinobarómetro, menos de la mitad de los habitantes de la región —48 por ciento— considera que la democracia es preferible, un nivel que contrasta con las dos terceras partes de hace un cuarto de siglo. Aparte de que uno de cada seis consultados se inclina por un gobierno autoritario, lo más llamativo esta vez es que a un 28 por ciento le da lo mismo quién esté en el poder.

Tales guarismos se asemejan mucho a los de 2018, el año que antecedió a una serie de protestas populares sin precedentes en numerosas capitales. Bajo esa óptica no tanto ha cambiado, a pesar de que en el lustro transcurrido desde entonces tuvo lugar una pandemia y apareció la llamada ‘ola rosa’, consistente en la llegada del número más elevado de presidentes de izquierda al poder.

Ahora resulta evidente que el cambio no vino acompañado de un retorno de la esperanza ni de una mejora de las expectativas. De ahí que se hable de que hay una “recesión democrática” que no parece ser de corta duración.

Así lo acaba de señalar la Corporación Latinobarómetro, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Chile, que desde 1995 viene tomándoles el pulso a los habitantes de la región a través de encuestas hechas en 18 países. Para la edición de 2023, se aplicaron 19.205 entrevistas personales en 17 Estados, pues las condiciones particulares de Nicaragua hicieron imposible el ejercicio.

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Los impedimentos de hacer un sondeo en la nación centroamericana —donde Daniel Ortega gobierna con mano de hierro en la que es una dictadura de facto— ponen de presente los problemas que experimenta por estas latitudes aquello que Winston Churchill describió en 1947 como “la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás”. Y no se trata tan solo de mandatarios que desconocen las normas, sino de la propia actitud de los latinoamericanos.

Dicha circunstancia se convierte en terreno abonado para el caudillismo, las autocracias y las propuestas populistas, que prometen soluciones fáciles para atender las necesidades de la gente. Por lo tanto, el debate no es necesariamente ideológico, sino que parte de la búsqueda de planteamientos que sean distintos a entregar más de lo mismo.

“Las quejas por opciones, pluralidad y soluciones no se expresan verbalmente, pero sí lo hacen en el malestar hacia la política, el alejamiento de los partidos, el abstencionismo, el voto nulo y blanco, y la alternancia en el poder”, señala el reporte de Latinobarómetro. En los últimos cinco años han tenido lugar 18 votaciones que significaron cambios de rumbo, desde México hasta el Cono Sur. Colombia tampoco ha sido ajena a esa tendencia.

En su momento, el politólogo estadounidense Samuel Huntington habló de las tres olas de la democracia en la historia del planeta. La primera tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta la aparición del fascismo y el nazismo en Europa; la segunda ocurrió finalizada la Segunda Guerra Mundial, pero concluyó con las dictaduras militares de comienzos de los años 60; la tercera partió con la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974 y se acentuó con la caída del muro de Berlín en 1989.

Cada una de esas épocas tuvo su expresión en América Latina. La más reciente arrancó en 1978 luego de los comicios en los cuales Joaquín Balaguer entregó de manera pacífica el mando en la República Dominicana. De manera paulatina, el voto popular acabaría siendo la norma, mientras los uniformados volvían a sus cuarteles.

No obstante, ese tránsito ha estado lleno de sobresaltos. Desde 1985 una veintena de presidentes latinoamericanos han debido dejar el cargo antes de finalizar su periodo constitucional. Otros cambiaron las reglas para seguir al mando, llegando a extremos como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela o el de Ortega en Nicaragua. Adicionalmente, se encuentran factores que degradan la confianza en el sistema democrático.

Para Latinobarómetro, la lista comienza con los personalismos que van desde imponer la reelección o hasta acomodar las normas para favorecer al partido mayoritario. No menos importante es la corrupción, que se expresa en las condenas proferidas contra 21 expresidentes en nueve países y la percepción generalizada de que los dineros públicos acaban en los bolsillos de unos pocos.

Mientras aparece ese deterioro, las condiciones de vida de la población apuntan a un estancamiento. Tras el final del superciclo de precios de las materias primas que tuvo lugar en la primera parte del siglo XXI, la bonanza terminó y con ella la consolidación de las clases medias y la disminución de la pobreza.

De tal manera, la Cepal afirma que el crecimiento regional promedio entre 2014 y 2023 se encamina a ser inferior al uno por ciento anual, la mitad de la cifra alcanzada durante la famosa ‘década perdida’ de los años 80 del siglo pasado. Para colmo de males, la contracción y la pérdida de empleos que trajeron los confinamientos derivados del covid-19 empeoraron la distribución del ingreso en la zona más desigual del mundo.

La mala combinación de política y economía es un caldo de cultivo para el descontento, que además impulsa a otras opciones. Ante la afirmación de “no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”, 54 por ciento de los latinoamericanos están de acuerdo, el registro más alto desde 2002, cuando se comenzó a plantear el tema.

Vale la pena enfatizar que así más ciudadanos compartan la idea de que en este asunto el fin justifica los medios, la mayoría —61 por ciento— rechaza de plano un gobierno militar. A pesar de lo dicho, aquellos que lo aceptarían ascienden ya al 35 por ciento, el dato más elevado en lo que va del siglo.

Entre las revelaciones que más llaman la atención, aparece que el apoyo a la democracia es superior entre los mayores de 61 años que entre los menores de 25. Los jóvenes también respaldan más el autoritarismo o son más indiferentes frente al tipo de régimen, lo cual plantea numerosos interrogantes hacia el futuro.

Tales hallazgos son sorprendentes. Para Marta Lagos, quien dirige la Corporación Latinobarómetro, los resultados muestran que “las democracias no se han consolidado imperfectamente, sino más bien evolucionan en el sentido contrario a lo esperado”.

¿Cuál es la explicación? Para la economista chilena, “el mal funcionamiento de la democracia resulta ser su peor enfermedad y es un error creer que la ideología juega un papel en esto, pues ni gobiernos de derecha ni de izquierda responden a las demandas de la población”.

Dentro de ese escenario, aparecen alternativas que unos años atrás habrían sonado irreales. “Hay países de la región que elegirían a un marciano si este llegara con la promesa de solucionar los problemas”, agrega Lagos.

Si de responsabilidades históricas se trata, la experta les adjudica la culpa de lo sucedido a las élites o el sistema de partidos, que desembocaron en gobiernos venales, incapaces de proveer buenos servicios y proveer oportunidades. Frente a ese deterioro, todo apunta a más populismos y autocracias.

Sin lugar a duda, hoy por hoy, Nayib Bukele, en El Salvador, es el principal representante de esa categoría de gobernantes. Su política de seguridad que viene con el confinamiento carcelario de cerca del 2 por ciento de la población adulta de la nación centroamericana le ha servido para cimentar su popularidad y le abre las puertas para presentarse a un periodo más, a pesar de que la Constitución indica lo contrario.

Algo similar hace carrera también en Honduras, donde Xiomara Castro suspendió las garantías constitucionales con el argumento de luchar contra la inseguridad. Y aproximaciones parecidas empiezan a verse en otros lugares, siendo el desafío del crimen el principal argumento para el recorte de las libertades.

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A todas estas, uno de los coletazos de la pandemia fue la de desnudar todavía más la incompetencia de los Estados en la región. Como dice Marta Lagos, “lo que la gente demanda en América Latina se asemeja a las expectativas típicas de un país del primer mundo, mientras que la respuesta de los gobiernos es propia de naciones en vías de desarrollo”.

Obviamente, el diagnóstico no es igual para todos. Si algo caracteriza a esta parte del mundo, es la heterogeneidad. Por ejemplo, los uruguayos están mucho más comprometidos con la democracia y el rechazo al autoritarismo que los guatemaltecos. Aun así, salta a la vista el retroceso que se observa en lugares como México, donde la desilusión de la ciudadanía con el modelo de elegir y ser elegido es evidente.

Para Colombia el balance es de luces y sombras. Si bien en 2023 el apoyo a la democracia subió cinco puntos porcentuales, hasta 48 por ciento, la satisfacción con la misma es muy baja: apenas 17 por ciento. No solo la caída en este último indicador es de 25 puntos en los últimos 15 años, sino que estamos por debajo del promedio regional del 28 por ciento.

Junto con Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá, el nuestro es uno de los cinco países de mayor insatisfacción democrática, con un guarismo del 80 por ciento. Esa lectura se complementa con que apenas un 13 por ciento de los colombianos creen que los partidos políticos funcionan bien y que solo una tercera parte considera que estos son clave para una democracia, niveles que están muy por debajo de la media regional.

Así las cosas, a más de la mitad de los encuestados en Colombia no les importaría la llegada de un gobierno no democrático al poder, si resuelve los problemas. Aunque aquí estamos en la mitad de la muestra, el panorama general de pérdida de los valores democráticos es evidente y debería sonar como un campanazo de alerta.

De ahí que las elecciones regionales del próximo octubre resulten tan importantes, no solo para reiterar la trascendencia del voto popular, sino para permitir la llegada de figuras honestas que promuevan cambios positivos. También es fundamental que el gobierno de Gustavo Petro respete la independencia de poderes, pues tanto el Legislativo como el Judicial tienen el deber de cumplir con sus funciones y hacerle contrapeso al Ejecutivo.

Y si bien falta todavía mucho tiempo para comenzar a pensar en las elecciones presidenciales de 2026, todo apunta a que en la cita aparecerán personas que enarbolarán las banderas de los ‘ismos’ indeseables. Por tal razón, ante la eventual llegada de candidatos con tendencias populistas o autocráticas, se requiere que existan aspirantes comprometidos con la defensa de las instituciones y las reformas que beneficien a la población en su conjunto.

Solo así se podrá evitar que la “recesión democrática” de la cual habla Latinobarómetro se profundice en Colombia. Como señala la entidad, “se llama recesión porque se trata de un período negativo de la historia que, si bien puede durar varios años, e incluso una década, es pasajero”.

Pero acelerar la salida del bache es una responsabilidad que recae en cada pueblo. A fin de cuentas, el reto es confirmar la máxima de que aquí también “la democracia es el mejor sistema de gobierno, excepto por todos los demás”.

RICARDO ÁVILA PINTO

Analista senior

En Twitter: @ravilapinto