Con política pública se garantizará labor de defensores de DD.HH.

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), el Gobierno, en cabeza del Ministerio del Interior, se reunió en Cartagena con cerca de 300 líderes sociales de diferentes sectores del país, para presentarles el marco de la política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.).

La expedición de esta política pública, que se espera esté en marcha durante el primer trimestre del próximo año, a través de un documento Conpes, es uno de los objetivos finales del Plan de Acción Oportuna (PAO) –ver nota anexa sobre el tema–. “El PAO surgió en noviembre de 2018 como una herramienta para controlar los homicidios y amenazas que sufren los líderes sociales en nuestro país”, precisó Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior.

Por ello, el propósito de esta política abarca un conjunto de acciones que den respuesta oportuna y eficaz a las problemáticas (riesgos, amenazas y asesinatos) de las que son víctimas los líderes sociales y defensores de DD.HH. en el país y que les impiden realizar su labor.

El marco recoge los insumos de más de 114 espacios de trabajo y cinco reuniones macrorregionales con defensores de DD.HH., servidores públicos nacionales y territoriales, sociedad civil, comunidad internacional, sector privado e instituciones

del Estado.

Además, con esta iniciativa se busca garantizar la labor de los líderes y defensores, así como resaltar y dignificar el trabajo que hacen en todos los rincones del país, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales y de economías ilícitas.

Y aunque inicialmente estaba previsto que el lanzamiento de la política fuera al finalizar este año, la Ministra del Interior explicó que su aplazamiento obedeció a dos razones.

La primera es que están esperando la posesión de los nuevos alcaldes y gobernadores, ya que son ellos los primeros llamados a hacer parte del proceso de la política.

De esta forma, pueden conocer los avances del ejercicio e incorporar las recomendaciones en sus planes de desarrollo local y regional, teniendo en cuenta que son ellos los primeros respondientes del bienestar de su comunidad.

La segunda obedece al contexto que se ha vivido en las últimas semanas en el país (paro nacional y marchas), razón por la cual “el proceso que se venía trabajando con

las diferentes plataformas sociales del orden nacional se vio interrumpido

porque algunas organizaciones sociales se pararon del proceso de concertación”, explicó la funcionaria.

Por ello, invitó a los actores a seguir haciendo parte de este trabajo a fin de poder culminar con la presentación del mismo. “Esperamos que la entrega del marco de la política pública sea una hoja de ruta para las nuevas autoridades territoriales y un cronograma para seguir dialogando y tomando acciones para que el ejercicio

del liderazgo en Colombia sea efectivo”, precisó Gutiérrez.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien estuvo en el encuentro, destacó que “la labor de los líderes y defensores en

Colombia constituye un eje central para la transformación social y para la consolidación de la paz y la democracia. Por ello, para la OEA es imperativo acompañar y respaldar su gestión a favor de la promoción, reivindicación, respeto y protección de los derechos humanos”.

A su turno, el presidente de la República, Iván Duque, explicó que desde que inició su Gobierno están comprometidos con la defensa de los líderes y defensores. “Firmamos

el PAO para reducir el número de asesinatos a líderes sociales. Un año después vemos que hay una reducción, pero no pretendemos jactarnos de eso ni creemos que es

una victoria. Esa cifra tenemos que llevarla a cero porque no vamos a permitir que una sola vida sea amenazada por la violencia”, dijo. Y agregó que firmó el acuerdo de Escazú (tratado internacional para la protección de los líderes ambientales) “porque es un instrumento que reconoce el liderazgo de los defensores de derechos humanos

y ambientales”.

Por su parte, los líderes sociales del país se encuentran expectantes frente a la política y el papel de los políticos que iniciarán su mandato.

Para Yahir Ramírez, líder del departamento del Chocó, es importante que el Gobierno tenga en cuenta las necesidades de cada territorio. “El Chocó está dividido en cinco subregiones y cada una tiene una problemática diferente. En la zona pacífica donde converge lo que es Nuquí y Bahía Solano se han generado alertas tempranas porque

algunos jóvenes no quieren ir a la universidad porque están dedicados al narcotráfico. En la zona del Baudó hay grupos de mexicanos traficando que se están fortaleciendo.

Tenemos un diputado que fue vilmente asesinado en el departamento”, explicó el líder.

Igual opinión tiene Fanny Pachón, líder del departamento de Bolívar, quien indicó que además de tener en cuenta estas diferencias es importante que “los alcaldes municipales conozcan el tema porque son quienes tienen que enfrentar las problemáticas que hay en su municipio y deben tener un líder por cada zona, un veedor de los derechos humanos. Es ahí donde entramos nosotros”.

114 mesas de trabajo  se han implementado con defensores, servidores públicos, comunidad y entidades internacionales.

Según el Gobierno en el país existen aproximadamente 67 mil juntas de acción comunal. 

‘Queremos proteger el ejercicio del liderazgo social’

El trabajo que se hizo para este marco de la política pública tiene dos componentes. Primero: la seguridad y la protección de los líderes y defensores de Derechos Humanos, de los líderes sociales y comunales, y de los periodistas. Y, adicionalmente, hay un componente de garantía para el ejercicio de ese liderazgo social.

Un sector de las organizaciones sociales en el proceso de participación para la formulación de la política pública se levantó en el contexto del paro; nuevamente los llamaremos para que continúen en el proceso.

La meta para el primer trimestre del próximo año es presentar la política

pública de manera integral concertada y comprometida con las autoridades territoriales (alcaldes y gobernadores electos).

Hemos hecho acercamientos y hablado con los líderes. Ellos están involucrados y han hecho el 90 % del trabajo. Esperamos que se involucren en lo que nos hace falta porque

ya están las líneas de acción, hay unas acciones generales, pero hay que concretar acciones puntuales, sobre todo en materia de autoridades territoriales, y esperamos

que estén involucrados.

territorios?

La línea precisamente es determinar eso. Ya se han hecho unos talleres macroregionales, pero cada territorio tiene unas circunstancias especiales que no se pueden desconocer.

Por eso es tan importante involucrar a los alcaldes y gobernadores que van a comenzar su mandato el primero de enero del próximo año, ya que cada territorio tiene sus características.

Con los indígenas hay un proceso especial en materia de garantía de derechos humanos y, de igual manera, con las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras.

 

Tenemos en cuenta esa participación general y las variables al ser un país pluriétnico y multicultural.

Nosotros llegamos y encontramos una cifra aterradora de homicidios de líderes sociales y de amenazas.

Por ello, el Gobierno del presidente Iván Duque presentó el Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y comunales, defensores de derechos

humanos y periodistas. Y en ese plan hemos venido trabajando.

Hasta la fecha se ha disminuido el porcentaje de homicidios de líderes. Sin embargo, como lo dijo el presidente Duque en el evento, no es suficiente. La aspiración es que

haya cero homicidios y que no haya nivel de riesgos para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

La primera es que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben garantizar la protección y seguridad de los líderes. Y la segunda es que debe haber unas garantías

para el ejercicio del liderazgo. Garantías que salen de una institucionalidad

y que lleguen a los territorios.

Esto se traduce en presencia de los programas del Estado, pero también en justicia, ya que es muy importante para poder señalar, determinar y sancionar a los responsables

de estas amenazas y homicidios.

Esto es muy importante dentro de la protección de los líderes y dentro de las garantías para el ejercicio de su liderazgo