¿Qué sigue luego de su retiro para un soldado profesional colombiano?

El ministro de Defensa, Diego Molano, rechaza que por la decisión de un puñado de militares retirados se manche el nombre de toda la institución. Relata nuevos detalles del complot en Haití y cuenta cómo se están preparando las ciudades para las protestas del 20 de julio.

La información indica que 21 colombianos fueron contratados en diferentes niveles; en el primer nivel estaba un grupo de siete, que tuvieron conocimiento de todos los hechos, y luego se vincularon a este grupo otros 14.

Y a pesar de que fueron contratados con otras intenciones iniciales, estas fueron cambiando a lo largo del tiempo. Lo que permite concluir que, aunque tuvieron información en diferentes niveles, todos estuvieron vinculados en el magnicidio.

Sí. Es que unos de ellos tuvieron la información en la reunión que se sucede en este proceso entre la gente del capitán Germán Rivera y Duberney Capador, los coordinadores de este complot. Harían un ejercicio de apoyo a un ciudadano que iba estar en la Presidencia y le brindarían los mecanismos de seguridad. Pero después esa misión fue cambiando a lo largo de las semanas.

Es claro que las Fuerzas Militares y de policía cumplen su función de proteger la soberanía y la integridad de la República. Pero con respecto a las actuaciones que tengan exmilitares retirados o veteranos, pues, ya son funciones sobre las cuáles no tienen injerencia o vínculo el Ministerio de Defensa ni la Fuerzas Militares. Al año, en promedio, se están retirando cerca de 10.621 militares, entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales. Solo en los últimos 10 años, lo han hecho 100.000.

Antes de hacerlo, a ellos se les prepara dentro de las Fuerzas con todo el proceso de formación en valores, en competencias, en respeto por los derechos humanos, para que actúen con honor, y desde un año previo a su retiro se les va preparando para ello, con el objeto de que actúen con ese sentido de honor y de actuaciones apegadas a la ley. Pero después de eso, ya es responsabilidad individual de cada uno el desarrollo de su actividad profesional. En materia de inteligencia no se hace seguimiento a ninguno de ellos; por el contrario, es como cuando se retira una persona de una empresa.

Los soldados profesionales, para el momento de su retiro, cumplen veinte años de servicio, en una de las actividades con mayores riesgos y de forma permanente en las zonas de violencia más complejas. Normalmente, ese ciclo profesional acumula los veinte años desarrollándose, lo cual implica un desgaste físico y emocional. Precisamente por ese servicio intenso que prestan, pueden retirarse a los veinte años.

Se le garantizan todos los beneficios a través de un sistema de salud robusto para él y su familia; tiene apoyo sicosocial y conducción de acuerdo con el proceso de retiro del último año; tiene acompañamiento para la construcción de su proyecto de vida, tiene a vivienda, tiene los beneficios de las cajas de compensación, dotación y recreación, y además, una asignación de retiro de $ 1’600.000 aproximadamente, y con cursos de formación del Sena. Inclusive, el presidente Duque expidió hace dos años la ley del veterano, que redobla las acciones de beneficios en materia social, de vivienda, de empleo, de productividad. Por desgracia, sucede, como hemos visto en este caso, que algunos individuos defraudan a los suyos y a las instituciones, pero deben prevalecer por encima de todo la legitimidad y el honor de los más de 400.000 hombres de la Fuerza Pública, que todos los días se juegan hasta su propia vida. Y que después seguirán cumpliendo un papel fundamental en la vida de la patria desde diferentes ámbitos, cuando se retiren.

La Superintendencia de Vigilancia Privada cumple una función regulatoria, precisamente con todas aquellas empresas que tienen algún servicio de vigilancia en las diferentes modalidades. Allí están registradas las actividades que cumplen nacionalmente, y también las empresas internacionales que se registran en Colombia para desarrollar ese tipo de actividades.

Y, por supuesto, esa regulación implica el control de la capacitación, el control de la contratación, el control de cumplimiento de los estándares en materia de uso, registro de las armas que ellos tienen y de las operaciones que desarrollan en Colombia. No necesariamente podría la Superintendencia hacer revisión y seguimiento de organizaciones internacionales.

La Superintendencia de Vigilancia no tendría ámbito de competencia para revisar qué tipo de operaciones desarrollan en otros países empresas que no tengan operaciones en Colombia.

Hasta el momento, lo que hay son los vuelos de tránsito que él realizaba. La República de Haití no está relacionada en ningún aspecto como una amenaza internacional, o hacia Colombia. Él no entraba en calidad oficial, sino en tránsito internacional; de hecho, la mayoría de veces iba rumbo a Ecuador, donde tenía visa de trabajo.

Colombia está prestando una colaboración dentro de un proceso de investigación internacional, que desarrolla la Interpol en Haití. Nosotros le colaboramos con la información que nos solicite. No está Colombia involucrada directamente, sino a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Dipol, y especialmente de todos los mecanismos de Interpol Colombia, para colaborar en el proceso investigativo.

Por supuesto. Por eso, desde el principio, el presidente Duque determinó el viaje de una comisión especial de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Dipol y de Interpol Colombia, para colaborar y ayudar a esclarecer el hecho, y para tener clara la información para nosotros mismos en Colombia.

Eso no es del todo cierto. Los 21 involucrados son de múltiples regiones y prestaron servicio en diferentes instalaciones militares, en diferentes comandos. Hay una diversidad importante allí.

Lo que sí está claro es que a partir de la convocatoria, sí hay un reclutador, que fue el sargento Duberney Capador, muerto en el momento de los hechos, que los convoca mediante un grupo en WhatsApp donde inicialmente estuvieron más de 200 y luego fueron preseleccionados 100.

Tener pasaporte, contar con disposición inmediata y con una buena contextura física. Fue lo que mencionaron algunos de los que participaron en esos grupos de WhatsApp.

No. Hay un listado con unos nombres de WhatsApp y algunos de ellos han sido entrevistados. Ninguno de ellos aparece involucrado en el hecho ni en los requerimientos de información que ha solicitado Interpol.

Duele profundamente que el nombre de Colombia se vea manchado, lo mismo que el de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, por la responsabilidad presunta de unos individuos que aparentemente fueron capaces de traicionar sus propios principios y los de nuestra institución armada, y de la patria también. Pero sea lo primero defender, con toda contundencia y sin ambages, a toda la institución de las Fuerzas Militares y de la Policía. La defensa de su integridad está por encima de toda consideración.

Colombia tiene que condenar, con toda severidad, esas conductas criminales. Pero está claro que las Fuerzas Militares y de Policía preparan, entrenan, forman a los hombres en valores y principios, para que actúen con honor durante su ejercicio en las Fuerzas Militares y continúen haciéndolo con posterioridad a su retiro. Y los delitos de algunos de ellos no deberían afectar la institucionalidad y la legitimidad. Unas son las instituciones y otros son los individuos.

Por información de inteligencia sabemos que esas primeras líneas tienen intención de generar vandalismo y destrozo en varias ciudades y piensan moverse a Bogotá. Hicimos once giras de consejos de seguridad en diversas ciudades para coordinar con alcaldes y gobernadores planes para garantizar la manifestación pacífica, y con policía para contrarrestar vandalismo. Hemos hecho 500 capturas a nivel nacional y 130 en Bogotá. El compromiso con los alcaldes es que no se permitirá en vandalismo. Esperamos que los alcaldes nos cumplan, especialmente el de Cali.

Tenemos más de 6.000 policías, 2.700 soldados dispuestos para proteger activos y estamos ofreciendo recompensas a cambio de información sobre tentativas de vandalismo y violencia.

La alcaldesa no dejó. Que porque Bogotá es la capital de todos los colombianos y que no se le puede restringir la entrada a nadie, y mucho menos si es para manifestarse. Pero se determinaron doce puntos de control de entradas a la ciudad donde se están haciendo todas las requisas del caso para incautar elementos que inciten a la violencia y a los destrozos.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

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