'No se niega la responsabilidad del M-19, se busca una visión objetiva': polémica por placa del Palacio de Justicia

Por orden judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la placa conmemorativa sobre la toma del Palacio de Justicia, que está en el Palacio del Liévano, en el centro de Bogotá, será retirada y modificada. Según la petición que elevaron las víctimas y que fue atendida por este tribunal, la frase actual refleja una narrativa muy sesgada que responsabiliza únicamente al M-19 y omite por completo la actuación del Estado y la Fuerza Pública durante la retoma. 

El nuevo texto quedará así: 

"El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió una brutal ruptura del orden constitucional. La guerrilla del M-19 asaltó el Palacio de Justicia, sede principal del poder judicial, tomando como rehenes a magistrados, servidores, trabajadores de la Rama Judicial y visitantes.

Con esta placa se honra a todas las víctimas: a quienes sobrevivieron el horror, a quienes les arrebataron la vida, a quienes fueron desaparecidos forzadamente, a quienes fueron torturados. Se reconoce el dolor, la pérdida y la dignidad de sus familias". 

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En cuanto al párrafo que redactará la JEP, estará enfocado en la lucha judicial de las víctimas. El borrador que se tiene, que no contó con el visto bueno de la mayoría de los colectivos, plantea:

"Como resultado de la persistencia de los familiares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el 2014 al Estado colombiano y determinó su responsabilidad en las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas, ejecutadas por la fuerza pública".

El cambio no cayó nada bien en las Fuerzas Militares, cuyas asociaciones reclamaron la invisibilización de las 11 víctimas del Ejército que murieron durante el holocausto.

"Nos preocupa profundamente que en el proceso de concertación y redacción de esta placa se haya invisibilizado a los 11 del Ejército Nacional y la Policía Nacional que murieron en cumplimiento de su deber constitucional de defender la institucionalidad, el orden democrático y la vida de los rehenes durante el asalto armado a sangre y fuego por parte del M-19 al Palacio de Justicia", informó Acore a través de un comunicado.

Y agregó: "Estos uniformados y sus familias son también víctimas del conflicto armado, conforme lo establece la Ley 1448 de 2011 y el marco jurídico de la justicia transicional. Su exclusión representa un acto de revictimización institucional, contrario al deber de memoria plural, incluyente y restauradora que ordena la Constitución".

A propósito de la controversia, EL TIEMPO habló con la víctima Helena Urán Bidegain, autora de la solicitud ante la JEP que pide cambiar la placa e instalarla en otros lugares de memoria, como el Cantón Norte, la Casa del Florero y el Cementerio del Sur, donde fueron inhumados clandestinamente algunos cuerpos.

Está enmarcado en una solicitud de medidas cautelares para la transformación de antiguos sitios militares, como el Cantón Norte, la Casa del Florero y el Cementerio Sur, en lugares de memoria. A partir de esa solicitud, se indaga qué lugares hay en Bogotá que cuenten lo sucedido o conmemoren los hechos del 6 y 7 de noviembre del 85. Ahí se encuentra esta placa en la fachada de la Alcaldía, que no tengo claro bajo qué alcalde fue puesta, pero que solo hace alusión a uno de los dos actores armados de esa masacre: el M-19. Por eso los magistrados determinan que es importante contar los hechos tal como sucedieron. No se trata de negar la responsabilidad del M-19, sino de poner una versión objetiva y equilibrada que resalte la responsabilidad de ambos.

Durante los hechos del Palacio de Justicia, a esos lugares se llevó a la gente. La Casa del Florero era el centro de operaciones: ahí se determinaba a qué lugar los llevaban, si a las Caballerizas o al Batallón de Contrainteligencia, donde el año pasado encontraron restos humanos. Hay otros más, no son los únicos, pero esos fueron determinantes para que esa barbarie fuera posible. Siempre es solo “Palacio de Justicia, Palacio de Justicia” y ya. Y estos edificios estatales —y los militares— no entran ahí. Y a mí me parece muy importante que sí estén para poder entender lo que realmente sucedió.

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Ahí tuvimos ciertas diferencias con otras personas que perdieron a seres queridos dentro del Palacio de Justicia, sobre todo la gente de la cafetería. La discusión radicaba en un párrafo que ellos querían incluir, donde se dijera de forma mucho más enfática que Colombia había sido juzgada internacionalmente en la Corte IDH gracias a la persistencia de las víctimas. Mi punto de vista era contrario, sobre todo porque ese párrafo no incluía a la totalidad de las víctimas y la sentencia solo contempla a algunos. Mi familia está, pero estamos hablando de unas 100 personas que perdieron la vida o fueron torturadas. Me parecía muy reduccionista.

Nos atascamos en ese párrafo. En algún momento nos dijeron: “Bueno, o se ponen de acuerdo o qué”, y yo dije: “Ok, yo no me voy a mover porque me parece excluyente”. Entonces que diriman el conflicto los magistrados, que para eso están. Ellos determinaron mantener la esencia, pero quitando “CIDH”. Entonces quedó: “Gracias a la persistencia de las víctimas, Colombia ha sido condenada nacional e internacionalmente”. Y yo vuelvo al mismo punto: no todas las víctimas utilizan las vías legales, por las razones que sean. No tienen abogado, no quieren, quieren olvidar. Eso no quiere decir que no sean víctimas. Para mí, una placa debe contar algo de manera objetiva, sin juicios de valor.

El M-19 entra de manera violenta y toma rehenes civiles. Tienen derecho a la rebelión, sí, pero no a eso. Eso fue violencia. Y eso condujo a lo que vino después, que fue mucho peor. Porque la responsabilidad mayor recae en los funcionarios del Estado, en este caso, la Fuerza Pública. Y ahí hubo torturas, desapariciones y ejecuciones. Entonces, para mí, la narrativa debe ser: primero el M-19, después la Fuerza Pública. Hubo tantos muertos. No olvidamos a quienes fueron dañados, torturados, ejecutados.

Con todo respeto por las familias de los uniformados, con quienes tengo absoluta solidaridad, es muy diferente. En el derecho internacional humanitario está claramente diferenciado: cuando un uniformado muere en combate, no es considerado víctima. Es dado de baja. Eso no lo digo yo, lo dice el derecho. Entonces no pueden desdibujar esas cosas y confundir a la opinión pública, sabiendo que no es así.

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En el caso del M-19 hay una diferencia. Algunos fueron dados de baja, sí, pero otros salieron vivos y, estando en estado de indefensión, fueron torturados y desaparecidos. Ahí se convierten en perpetradores y víctimas. 

Eso lo tiene que mirar la JEP, pero yo no creo que se reconozcan en la placa, porque no son víctimas en el sentido jurídico. Son dados de baja. Eso lo saben ellos. No quiero ser indolente frente a eso. Es horrible perder a un ser querido así, pero no es lo mismo. Lo mismo digo con el M-19. 

Estamos en un control del relato de lado y lado, y eso es muy dañino. Los odios heredados, las narrativas épicas y heroicas, las pretensiones de imponer sus versiones históricas funcionales a sus ideologías políticas son las que no nos dejan ni reconciliarnos ni avanzar como país.

Redacción Justicia