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Instrumentalizan a los niños indígenas para frenar la acción de las autoridades: Iris Marín sobre el plantón emberá

La Defensora se refirió a la situación humanitaria de la comunidad emberá en el Parque Nacional, en Bogotá.

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Sara Valentina Quevedo Delgado

REDACTORA A20.05.2025 12:05 Actualizado: 20.05.2025 12:34

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Setenta indígenas emberá, que estaban asentados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, instalaron cambuches improvisados en el Parque Nacional, en Bogotá. Una vez más, este lugar fue utilizado como escenario de protesta por supuestos incumplimientos del Gobierno, que les impiden retornar a sus territorios y los mantienen hacinados en refugios temporales que, en un principio, debían albergarlos solo por unos meses, pero donde ya han permanecido por cuatro años.

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Nuevamente, paralelo a las rondas de negociación con las autoridades distritales y nacionales, ha quedado al descubierto una grave situación humanitaria: al menos 300 indígenas se han sumado al plantón, viviendo bajo techos de bolsas plásticas y llevando consigo a sus hijos. Niños y niñas permanecen allí en condiciones de total desprotección.

bogota — Esta es la segunda vez en el mes que los indígenas se desplazan al parque Nacional. Foto:César Melgarejo - EL TIEMPO

A propósito, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la comunidad indígena emberá tiene derecho a realizar protestas legítimas en contra de la desatención que ha sufrido y en defensa de la garantía integral de sus derechos.

"Se ha generado una diferencia entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital que, a pesar de los esfuerzos, no ha logrado concretar el retorno del pueblo emberá —para quienes desean volver a sus territorios— o su integración local, para quienes decidan quedarse en Bogotá. Estas personas deben ser reubicadas en otros lugares", señaló la cabeza del Ministerio Público.

Sin una solución de fondo, los indígenas han permanecido en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida, donde han denunciado precarias condiciones, entre ellas fallas en el suministro de electricidad y agua potable.

La defensora también alertó sobre la instrumentalización de los niños y niñas emberá —el eslabón más débil y población de especial protección— como una estrategia para contener la acción de las autoridades.

Según líderes de la comunidad, en un año han muerto 39 personas en La Rioja. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO

“Dentro de esas protestas legítimas, los indígenas emberá han estado usando a niños y niñas para contener la reacción de las autoridades, especialmente en el Parque Nacional. Diversos mediadores les han pedido que los menores sean trasladados a lugares seguros donde puedan pasar la noche, para evitar que duerman a la intemperie, pero los indígenas argumentan su autonomía como pueblos y los retienen”, agregó.

Marín destacó que si bien la Constitución protege la autonomía indígena y respeta a la guardia y autoridades étnicas, hay un límite.

“Ese límite es la protección de los derechos de niños y niñas. Hemos intervenido para que las comunidades comprendan la importancia de permitir medidas de protección para los menores de edad, y así evitar que sean instrumentalizados o involucrados en este tipo de manifestaciones”, concluyó.

La situación es reiterativa. Desde 2018, Bogotá ha albergado a cientos de indígenas de la comunidad emberá que huyen de sus territorios ancestrales, principalmente en Risaralda y Chocó, donde el conflicto armado los ha obligado a desplazarse.

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En ese contexto, se ‘tomaron’ el Parque Nacional y permanecieron allí durante más de dos años en condiciones críticas de salud, higiene, seguridad alimentaria y falta de servicios básicos. En respuesta, el Distrito habilitó dos albergues temporales, La Rioja y La Florida, que pasaron de ser soluciones de paso a convertirse en asentamientos permanentes marcados por múltiples vulnerabilidades. Dentro de sus muros se han denunciado casos de violencia intrafamiliar e incluso la muerte de niños por inanición.

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“El retorno aún no ha sido posible, a pesar de que esta es la principal petición de la comunidad”, aseguró el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.

Ante las precarias condiciones en las UPI, muchos decidieron volver al Parque Nacional. Actualmente siguen instaladas mesas de diálogo con el fin de alcanzar soluciones permanentes.

Sara Valentina Quevedo Delgado

Redacción Justicia

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