Homicidios y desplazamientos: las razones que llevaron a la Defensoría a emitir alerta temprana para el sur del Valle

“La Alerta Temprana de Inminencia se emite en respuesta a los riesgos inminentes de vulneraciones a los derechos humanos en Pradera y Florida, municipios del sur del Valle del Cauca”. Ese es el fuerte diagnóstico que realiza la Defensoría del Pueblo y que llevó a proferir el documento en el que advierte el riesgo que enfrenta la población de esa zona del país.

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La alerta, según la entidad que defiende los derechos humanos de los colombianos, se basa en la situación de vulnerabilidad y posibles violaciones a los derechos humanos que afectan a la población civil en estas zonas del mencionado departamento.

“Los dos municipios, en el sur del departamento, enfrentan un serio peligro para la integridad, seguridad y vida de comunidades campesinas; pueblo indígena nasa; lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos; firmantes del Acuerdo de Paz, sus familias y organizaciones políticas; mujeres y niñas, niños y adolescentes, situación que se deriva de la disputa por el control territorial de ambos municipios, entre las disidencias de las extintas Farc-EP al mando de ‘Iván Mordisco’ —frentes Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos— y la también disidencia independiente Frente 57 Yair Bermúdez”, manifestó la Defensoría en un comunicado.

El estudio en terreno llevó a la entidad a determinar que las acciones de estos grupos armados “han provocado un aumento de homicidios, desplazamientos forzados y amenazas”. Los habitantes son presionados por las disidencias de las Farc que buscan consolidar su presencia en la región para fortalecer sus economías ilegales.

“En el caso de las mujeres, han sufrido mayores riesgos de violencias basadas en género, y las y los menores de edad están siendo susceptibles de reclutamiento forzado y otras formas de utilización en el desarrollo del conflicto armado”, alerta el documento, y resalta que “la comunidad firmante de paz ha sido blanco de violentos ataques directos, producto de amenazas y presiones para que se vinculen a las filas de ambos grupos, así como también ha derivado en ataques contra del partido Comunes”.

El documento advierte que un total de 20 corregimientos y dos resguardos indígenas (Kwet Wala y Kwet Le’cxkwe) en jurisdicción de Pradera, además de siete corregimientos y seis resguardos indígenas (Nasa Kwe’sx Kiwe, Kwe’sx YuKiwe, Triunfo Cristal Páez, Nasa Tha, San Juan Páez y Kwe’sx TaTa Kiwe) en jurisdicción de Florida, “son algunos de los lugares especialmente focalizados en la ATI emitida por la institución nacional protectora y garante de los derechos humanos”.

En su documento, la Defensoría emitió una serie de recomendaciones basadas en la articulación de esfuerzos entre entidades nacionales y locales. La respuesta institucional “debe ser ágil e integral, priorizando las investigaciones judiciales para debilitar las estructuras criminales y fortalecer los mecanismos de protección a la comunidad”.

En cuanto a la coordinación de Respuesta Rápida, la entidad señala que se deben implementar “medidas dirigidas al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas – CIPRAT, para implementar planes de acción articulados entre las entidades nacionales y locales para una respuesta integral al riesgo”.

Y expone que entidades como la Gobernación del Valle del Cauca, alcaldías de Pradera y Florida, Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAFP), Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación, deben actuar ante las recomendaciones.

Redacción Justicia