'En lugar de invitar al odio, hay que generar confianza': De Roux

En una entrevista en 2018, definieron al sacerdote Francisco de Roux como ‘el alma de la reconciliación’. Buena parte de sus 77 años la ha dedicado a ayudar a las comunidades a salir de la guerra, como lo hizo en el Magdalena Medio, donde tuvo que lidiar con paramilitares, guerrilleros y de las Fuerzas Armadas y fundó, en 1995, el primer laboratorio de paz de Colombia.

Durante los últimos tres años, desde cuando asumió como presidente de la Comisión de la Verdad, se ha dedicado a escuchar a todos los actores del conflicto para tratar de esclarecer nuestro pasado violento y las salidas para no repetirlo.

Pero el paro nacional lo obligó a hacer una pausa y desplazarse a Cali –donde nació él y donde se han dado los hechos más graves de violencia de estos 47 días de protestas–, para recorrer las calles y conversar con los jóvenes a fin de comprender lo que está pasando.

Tras hacerlo, De Roux condena con vigor la violencia policial, los bloqueos y el vandalismo, así como la estigmatización, las noticias falsas y los odios que se están atizando.

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El sacerdote, quien además es uno de los economistas mejor formados en el país –tiene una maestría de la London School of Economics y un doctorado de La Sorbona, de París–, insiste en que el modelo económico de Colombia debe avanzar en la superación de la desigualdad, y sostiene que, en este momento, “no hay otro camino que escucharnos y generar confianza colectiva".

Muchos se cuestionan con qué razón la Comisión, que debe hacer un análisis histórico hasta finales del año 2016, se ha preocupado por el paro nacional. Realmente lo que la Comisión ve es que el momento histórico ilumina el análisis que nosotros estamos haciendo del pasado.

Esta situación es una gran expresión de intolerancia social ante una realidad acumulada durante varias décadas. No es un problema simplemente con el gobierno actual, sino que muy particularmente la magnitud de la desigualdad económica, social y cultural del país llega a un momento en que se vuelve insoportable.

Las exacerbaciones se acrecentaron y se sensibilizaron con el encierro de los jóvenes durante este tiempo. Igual que en los cacerolazos de 2019 y 2020, hay una expresión muy honda por una equidad e inclusión social. Hay muchos ejemplos, pero voy a llamar la atención sobre dos: la relación en Colombia entre los ingresos del quintil de arriba (es decir, la clase media-alta y los ricos) y el quintil de abajo es superior a 20 veces. O sea, una familia promedio del quintil de arriba gana 20 o 22 veces más, en promedio, que una familia del quintil de abajo.

Y en el tiempo del covid, la pérdida de ingresos por salarios en el quintil más alto fue más o menos del 8 %, mientras en el bajo se perdió el 25 %. En casos como el de Cali, estimativos de la Universidad Javeriana señalan que el quintil más bajo perdió el 50 % de sus ingresos.

Cuando uno se gana 25 millones, se habla de una pérdida de 2 millones; pero cuando uno se gana un millón de pesos y no tiene más, y pierde el 50 por ciento, se queda con 500.000 pesos para alimentar a la familia. Estas cosas obviamente pusieron en evidencia esas desigualdades. Peor si vamos a hablar de la distribución de la tierra, que la concentración es impresionante: el 0,4 % de la población posee un 76 % de la tierra.

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En primer lugar, que realmente estamos ante la presencia de un conflicto social que se expresa de muy diversas formas, pero donde el predominio ha sido la manifestación pacífica. Por otra parte, hemos encontrado, y nos ha parecido gravísima –y nos hemos opuesto claramente–, la presencia del vandalismo, que ha afectado muy profundamente el transporte, a empresas pequeñas y medianas, tiendas; ha afectado muy hondamente, por ejemplo, a TransMilenio en Bogotá y el MIO en Cali.

El vandalismo debe ser investigado seriamente y los responsables deben ser sometidos a la justicia. Ahora bien, los jóvenes insisten en que ellos no son los que están haciendo eso y que son formas de introducirse en medio de su protesta que los deslegitiman a ellos.

Pero lo que más nos ha impresionado, y con mucho dolor, ha sido ser testigos, al lado de las familias, de la utilización de armas del Estado para asesinar a jóvenes y a personas que estaban en la manifestación.

No damos números. Infortunadamente, en Colombia, cuando mueren personas, en lugar de concentrarnos en el drama humano de cada familia y cada persona, nos enredamos en una discusión por las cifras.

Pero el hecho es que hay un número significativo de personas que fueron asesinadas por armas del Estado y también civiles que dispararon y que estaban de alguna forma al lado de las fuerzas del Estado. Y junto con eso también están los heridos, las denuncias de mujeres violadas, los torturados, las situaciones –así sean transitorias– de desaparición.

Y, por otra parte, nos ha dolido también la muerte de policías. Son personas del pueblo colombiano que no tenían por qué morir, y también hay una cantidad de heridos.

El sentimiento que le queda a uno de todo esto es que cómo es posible que en una manifestación legítima por una transformación social, que el país necesita, se destruya la vida y todo se bañe de sangre.

Quiero hacer alusión a la situación que ocurrió en Francia, donde tuvieron una muy fuerte protesta social de los ‘chalecos amarillos’, y en toda la manifestación, que duró varios meses y hubo camiones quemados y bloqueos, hubo solamente un muerto, y no murió por bala sino en un accidente. Eso pone en evidencia que en Colombia hay una fractura muy profunda en el respeto que le damos al ser humano y a la vida humana.

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Uno entiende que en un momento inicial el bloqueo absoluto haya sido una forma para los jóvenes de expresar con fuerza que lo que estaban viviendo en el país era para ellos intolerable.

Como decía un columnista: no resistían más a seguir bloqueados en una sociedad que no les da posibilidad de participar en los mercados, ni participar en la cultura, ni participar en la vida que tienen los otros ciudadanos. Pero esa no puede ser una acción que perdure, y mucho menos de una manera radical, porque inmediatamente comienza a producir violaciones a los derechos humanos de otros.

Bloquear el suministro de alimentos, de gasolina, de medicinas, de ambulancias son violaciones a los derechos de otros, y en general el paro necesita convocar a la totalidad de la sociedad para una causa justa y movilizarla con entusiasmo. Pero cuando se violan los derechos de muchos, ocurre justamente lo contrario: que la sociedad se pone en contra y el medio que utilizan termina siendo destructivo de la propia propuesta que se tiene y no logra atraer a la gente.

Uno ve con preocupación que llega un momento en que el conflicto, cuando no encuentra soluciones oportunamente y, al contrario, se producen violaciones clarísimas contra la vida humana, se degenera, se vuelve cada vez más oscuro, hasta el punto de que se puede volver simplemente una pelea por la pelea, en la que se pierde el horizonte de las razones por las cuales se emprendió la determinación de hacer una protesta generalizada.

Por eso en las circunstancias actuales lo que uno pide es que se detenga el paro, que se detenga convertido realmente en un diálogo a fondo, que se incorporen las condiciones establecidas por el Comité del Paro y se abra ya la negociación. Y que además de la negociación que se tiene en Bogotá, el Gobierno al más alto nivel posible entre a conversar en los sitios donde los jóvenes están organizados y tienen agendas claras, como es particularmente la mesa de resistencia que hay en Cali.

Ese sentimiento debería pensarse en serio. Particularmente, yo llamaría la atención a tres instancias que se han mostrado muy valiosas en acercarse a los jóvenes en este momento: la Iglesia católica, que ha sido muy fuerte; los empresarios, y me refiero a la gran empresa colombiana, del Valle del Cauca y de Antioquia, que deberían ser oídos, y los rectores de las universidades. Es impresionante la manera tan seria como las universidades privadas y públicas del suroccidente del país se han puesto en esto, y también las grandes universidades de Bogotá.

Pues no hay otro camino que escucharnos. Escucharnos y generar una confianza colectiva, que surge de la comprensión de la realidad en la que se vive. Que sea una escucha abierta a que todos nos transformemos, no a mantener posiciones definidas, sino a comprender que las instituciones son importantes para el país.

Sí, hay un sentimiento muy hondo de que debe haber transformaciones en el sistema de seguridad, entre otras cosas, porque ya este país no está en guerra y no puede seguir siendo mirado como una sociedad en guerra contra la cual tiene que protegerse el Estado. Eso es gravísimo.

Lo que está aconteciendo en Colombia no es un asunto de subversión armada, es una protesta legítima por la desigualdad, por la exclusión, por el hambre, y tiene que ser tratada así. No es aceptable que una manifestación que surge con tanta espontaneidad en más de 600 municipios sea considerada como algo de las subversiones.

El punto es que tenemos que evitar en lo posible que se acrecienten entre nosotros, en todas las direcciones, los señalamientos, las estigmatizaciones, los apetitos de venganza, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Hemos visto con preocupación cómo se han acrecentado a través de las redes los movimientos de las noticias falsa, incluso los montajes para incentivar al miedo o a la agresión, y eso hay que atajarlo: es una tarea de los ciudadanos.

El expresidente Juan Manuel Santos se presentó voluntariamente a la Comisión, entregó su contribución sobre los ‘falsos positivos’, reconoció su responsabilidad moral, pidió perdón a las víctimas, a las mamás de los asesinados y al país, e invitó al Ejército a que pidiera perdón ante Colombia y ante la comunidad internacional.

La Comisión escucha este testimonio y es nuestra responsabilidad contrastarlo con los que recibimos de las víctimas para contribuir a un esclarecimiento lo más claro posible de lo que pasó sobre este crimen espantoso que fueron los ‘falsos positivos’.

La petición de perdón del expresidente Santos es inmensamente significativa. Es una muestra de profundidad humana y es una colaboración indiscutible a la reconciliación entre nosotros los colombianos.

La Comisión quiere decirles a las víctimas que pondremos todo para contribuir a que la verdad de todas las familias que sufrieron el horror de este crimen, en la medida de lo posible, se esclarezca con todo rigor. Solo la verdad nos hará libres.

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Veamos lo que ha pasado en Colombia con una actitud de apertura y de optimismo, por encima de los costos reales que ha traído el bloqueo y que ha traído el vandalismo, pero donde la expresión mayoritaria, la expresión grande es una expresión de ilusión por un futuro distinto, de clamor por cambios muy hondos y estructurales que el país debe hacer.

En lugar de invitar al odio, a los señalamientos y a las sospechas, invitemos a unirnos en una construcción colectiva. Acompañamos con verdadero dolor humano a los que murieron, pero recojamos todo ese dolor para construir juntos hacia el futuro.

Tenemos que hacerlo juntos, aceptándonos en nuestras diferencias, protegiendo la vida humana por encima de todo, confiados en que en las diferencias somos capaces de construir una nación en verdadera democracia, con entusiasmo, con protección del medioambiente, sostenibilidad y futuro para todos y para todas.

JULIÁN RÍOS MONROY

En Twitter: @julianrios_m

Redacción Justicia