Las versiones en medio de denuncias de presunto maltrato laboral que involucran a la magistrada de la JEP Sandra Castro

En la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Comité de Convivencia de la de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzan tres denuncias que señalan a la magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina, presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de este tribunal de maltrato y acoso laboral.

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Las denuncias, publicadas por Blu Radio, son de tres mujeres que trabajaron con la magistrada y que narraron los graves tratos que habrían recibido de parte suya.

Uno de los testimonios habla de tratos ultrajantes, que descalificaban su condición profesional. De hecho, la denunciante recordó que por una situación de estrés a causa de una decisión que proyectaban en la SDSJ tuvo vómitos y un periodo menstrual irregular, pero la magistrada no le creyó, la hizo ir a su oficina de inmediato (pese a que estaba en el baño) y la comparó con otra compañera que, según ella, tenía periodos menstruales más difíciles y no se quejaba.

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“Tu problema es ser la persona consentida del anterior magistrado (...) ser linda no es lo más importante también toca producir y ser profesionales buenas y reconocidas”, le dijo la magistrada en su oficina, según su denuncia, cuando la denunciante le reiteró que debía ir al baño porque le había llegado su periodo, la funcionaria judicial le habría dicho: “no te creo, siempre es la misma excusa de las mujeres débiles”.

Tras este episodio la denunciante fue diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión pero la magistrada no le habría permitido tomar su incapacidad y tras su renuncia a este despacho no le habría firmado su paz y salvo laboral.

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Una segunda denuncia contra Castro fue presentada por una magistrada auxiliar de ascendencia indígena quien dijo que la magistrada la ha descalificado y le ha dicho que carece de conocimientos y capacidades, incluso mandándola a “estudiar” durante un periodo de incapacidad médica que tendría por cuenta de una cirugía.

"La murmuración de los compañeros se acentuó en lo dicho por la magistrada Castro Ospina sobre mis ‘supuestas incompetencias’ comparándolas con las expresiones que en semanas anteriores la magistrada presidenta le había dirigido a la magistrada Heydi Patricia Baldosea Perea (Q.E.P.D), mujer perteneciente al pueblo afrocolombiano, de quien consideraba no tenía las competencias para ser la vicepresidenta de la JEP, y refiriéndose de manera peyorativa a los integrantes de los pueblos étnicos que laboramos para esta Jurisdicción", dice esta denuncia, publicada por Blu Radio.

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La tercera denunciante, quien trabajó como secretaria de la SDSJ, asegura que Castro tuvo malos tratos y descalificaciones y dijo que la magistrada había sugerido que la investigaran a ella (denunciante) por una equivocación al cargar un documento a un expediente.

Al tiempo que avanza la investigación de las denuncias contra la magistrada Castro, al indagar más sobre estos casos EL TIEMPO conoció varios documentos que mostrarían otro lado de la controversia. En decisiones de tutela, correos electrónicos y otros informes se hace referencia al contexto de algunas de las situaciones denunciadas.

Por ejemplo, sobre el trabajo de quien fuera secretaria de la SDSJ un documento fechado de 2020 indica que decisiones que tomaba el despacho de Castro “no eran comunicadas o notificadas oportunamente”, y se indica que cuando le preguntaron al respecto a la aludida, hubo respuestas irrespetuosas. 

Otro de los documentos es una tutela resuelta en septiembre de 2023 en la cual otra de las denunciantes dijo que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo, salud, vida digna, mínimo vital y pago de liquidación laboral.

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En la tutela, la mujer narra que estuvo trabajando entre marzo y julio del 2023 en el despacho de Castro, periodo en el cual, dijo, experimentó un complejo ambiente laboral que desencadenó en problemas de salud. Añadió que le cancelaron vacaciones previamente aprobadas y programadas, por lo cual renunció el 1º de agosto de 2023. 

La funcionaria dijo que solo hasta el 25 de agosto de ese año aportó los documentos requeridos para la entrega del cargo y el 31 de agosto elevó petición para obtener el paz y salvo, el cual tomó varias semanas en emitirse y según ella, esto le dificultó tramitar en debida forma su liquidación laboral y empezar a trabajar en otro despacho de la JEP.

En la tutela se recoge que la respuesta del despacho de la magistrada Castro fue que el paz y salvo se demoró por “omisiones” de la denunciante para entregar el informe de gestión, de quien también dice que no fue posible arla para realizar una reunión de empalme con quien asumiría sus funciones tras su renuncia.

Además, en la tutela se indica que, según la normativa de la JEP, el certificado de paz y salvo no era un documento necesario para la liquidación de la servidora. En todo caso, el paz y salvo fue emitido el 22 de septiembre de 2023, por lo cual se terminó por declarar que la tutela tenía una carencia actual de objeto por hecho superado.

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Otros documentos conocidos por este diario dan cuenta de parte del contexto de otra de las denuncias, por la incapacidad médica que tendría una magistrada auxiliar que coincidía con días que había pedido de vacaciones. A ella la magistrada Castro le sugiere tomar sus vacaciones antes o después de terminada la incapacidad.

Así mismo, de esta misma persona se habla en otros documentos, fechados en julio de 2024, en los cuales se le pidió que hiciera unas correcciones a una decisión que debía proyectar Castro a sus colegas magistrados de la SDSJ.

El rastreo de la información deja ver que el 24 de julio se pidieron las correcciones, el 29 de julio la magistrada Castro respondió que el documento enviado para su revisión era "de los peores proyectos que he tenido para revisión en mi vida, en el contenido, las citas y el formato, en todo. (...) Esto así no me sirve para nada y solo me hace perder tiempo, tuve que volver a hacerlo y ese no es mi trabajo".

Finalmente, el 31 de julio Castro envió a sus colegas de la SDSJ otro documento afirmando que tuvo que rehacerlo personalmente “por falencias en conocimientos probatorios, fundamentación jurídica, errores en la sistematización y manejo de la información, además de forma, entre otros”.

EL TIEMPO buscó comunicarse directamente con la magistrada Castro para conocer su respuesta a estas denuncias pero indicó que no se pronunciaría sobre el tema por ahora, limitándose a señalar que siempre se ha preocupado porque su trabajo sea serio y riguroso.

La actual presidenta de la SDSJ de la JEP es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, especializada en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.

Así mismo, se desempeñó como procuradora judicial, defensora pública, conciliadora de la Cámara de Comercio de Bogotá, abogada litigante y docente universitaria.