ICBF asegura que reclutamiento de niños fue una política en las Farc

Un  nuevo documento sobre reclutamiento de menores recibió este lunes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene un macrocaso dedicado a investigar estos crímenes.

Se trata del 'Informe institucional de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las Farc', que fue entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Lina María Arbeláez, directora del ICBF, aseguró que el documento contiene "pruebas que sustentan denuncias contra las Farc por reclutamiento forzado, recurrente y oficializado de niños, niñas y adolescentes".  Y agregó: "Sus testimonios confirman que hubo política sistemática para reclutarlos".

Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz,  recordó que solo entre 1997 y 2000 se calcula que 8.000 menores de 18 años fueron reclutados por los actores del conflicto armado en Colombia, aunque esta es una cifra provisional.

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Dijo, además, que ellos fueron víctimas de una masiva violación a sus derechos fundamentales, pues les fueron vulnerados sus derechos a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, a estar vinculados a una familia y al libre desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con la directora del ICBF, la reparación a las víctimas del reclutamiento "depende en gran medida de que se conozca la verdad, se sancione a los responsables y se garantice la no repetición".

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Al respecto, el magistrado Cifuentes reiteró que la JEP investigará, juzgará y sancionará a los máximos responsables del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.

El presidente de la JEP recordó que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, pero sostuvo que eso no pasó para miles de menores para los cuales el conflicto armado destruyó sus vidas y violó masivamente sus derechos humanos.

Para Cifuentes, las niñas y los niños fueron “las principales víctimas del conflicto armado”, al ser incorporados directamente en la confrontación armada, pero también al ser usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales.

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En el caso de los niños indígenas, afrodescendientes, negros, rom y raizales, destacó, no solo fueron vinculados al conflicto armado, sino que fueron desarraigados de sus comunidades originales.

Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, quien también asistió al acto, aseguró que “en el informe del ICBF se pudo evidenciar que el 70 por ciento de las víctimas son hombres y el 30 por ciento son mujeres. El 11 por ciento pertenecía a las poblaciones indígenas”.

Dentro de los datos destacados por el presidente de la JEP se mencionó que de los 4.219 casos que investiga la Fiscalía General solamente han sido dictadas 10 condenas.

Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, dijo: “Ponemos a disposición de la JEP los expedientes del ICBF para que logremos alcanzar eso que anhelamos todos los colombianos: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

A su turno, Carolina Salgado, consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, afirmó que “estamos buscando brindar más elementos que permitan avanzar con la investigación”.

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Por su parte, la relatora del macrocaso 07, la magistrada Lily Andrea Rueda, explicó que el delito de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes “no solo afecta a los individuos, afecta profundamente a las familias de las víctimas” y aseguró que a la fecha “hemos incorporado al expediente de este caso 32 informes que fueron presentados por organizaciones de víctimas, organizaciones indígenas y de otras corporaciones del Estado colombiano”.

Según informó la JEP, en el macrocaso 07 han comparecido 6.109 exintegrantes de las Farc, 147 terceros civiles, 86 agentes del Estado y 409 integrantes de la Fuerza Pública.

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