La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas envió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los procesos contra los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, quienes decidieron no reconocer responsabilidad en los ‘falsos positivos’ cometidos cuando estuvieron al mando del Batallón La Popa, en Cesar.
Ellos fueron procesados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y la Sala señaló que “cuenta con bases suficientes para entender que, entre enero de 2002 y julio de 2005, mientras estos dos comparecientes comandaron el Batallón La Popa, además de los 71 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas determinados en el Auto 128 de 2021, ocurrieron seis eventos más que significaron el homicidio de ocho personas”.
Los procesos contra los oficiales en retiro ahora serán investigados por la UIA que tendrá que definir si presenta acusación en su contra ante el Tribunal de Paz en el cual se adelantará un juicio al término del cual podrían terminar condenados.
En ese proceso similar a los juicios que se adelantan en la justicia ordinaria podrá participar la Procuraduría y los representantes de las víctimas.
EL TIEMPO estableció que ya son cuatro los casos que tiene la UIA de comparecientes que podrían terminar acusados en un corto tiempo. De hecho fuentes de la JEP señalaron que el director de la Unidad, Giovani Álvarez Santoyo, se comprometió a entregar los primeros resultados a más tardar en un mes.
“Sigo manteniendo la palabra y es que, antes de que termine este año, la Unidad de Investigación y Acusación tiene que dar resultados. El país no puede esperar que después de 60 años de conflicto, los casos sean eternos. Un año es más que suficiente para que se pueda adelantar y culminar una investigación satisfactoriamente”, señaló Álvarez Santoyo en la más reciente rendición de cuentas de la JEP.
Tres de los casos sobre los que se avanza en la UIA corresponden a ‘falsos positivos’ uno de ellos vinculado al coronel Mejía Gutiérrez y el cuarto “tiene como protagonista a un exparlamentario del Caquetá y a las otrora Farc”.
Este diario estableció que este último caso corresponde al excongresista Luis Fernando Almario, cuyo proceso fue remitido a la UIA en octubre del año pasado.
Almario se declaró inocente y es señalado de ser uno de los responsables del crimen de Diego Turbay Cote, su mamá, Inés Cote y cinco personas más en diciembre de 2000.
El excongresista también es investigado por su participación en el secuestro de Benjamín Herrera Londoño, ocurrido en 2002, y como determinador del secuestro de Rodrigo Turbay Cote, que fue perpetrado por los frentes 14 y 15 de las Farc-EP en 1995.
Por no aceptar responsabilidad ya no tienen derecho a las sanciones propias y quedaron en riesgo de ser condenados a penas efectivas de privación de la libertad que no serán inferiores a 15 años ni superiores a 20 años, en el caso de conductas muy graves.
El abogado de víctimas Sebastián Escobar sostuvo que si luego de ser acusados y antes de que se emita la sentencia aceptan responsabilidad podrían recibir penas de máximo ocho años de cárcel.
SAIR BUITRAGO MEDINA
Editor Justicia.
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