Por no contar la verdad, la JEP expulsó al general (r) Arias Cabrales

Luego de un estudio y una audiencia pública para determinar si el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales había incumplido sus compromisos con la verdad y las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al oficial por no aportar verdad plena, exhaustiva y detallada.

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Arias Cabrales tendrá que volver entonces a la justicia ordinaria, donde tiene una pena de 35 años de cárcel por la desaparición forzada de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, tras la toma que efectuó la guerrilla del M-19.

De acuerdo con la JEP, el general retirado violó el régimen de condicionalidad que deben cumplir todos los comparecientes pues durante la audiencia única de aporte a la verdad, que se realizó en enero, el alto oficial no hizo aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Mediante la resolución 1063 del 16 de marzo de 2023, tras analizar las respuestas entregadas por el general (r) en la diligencia de verdad del 17 y 18 de enero, la jurisdicción de paz determinó que el compareciente “no tuvo propósito alguno de esclarecer un mínimo de verdad, mucho menos la verdad total de los hechos por los cuales fue determinada su responsabilidad penal”, se lee en la resolución de 63 páginas.

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Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Arias Cabrales ignoró que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de desaparición forzada al considerar que tuvo un aporte “esencial y definitivo” en al menos 11 desapariciones, y en la audiencia ante la JEP se dedicó a referirse a asuntos que no están bajo discusión.

Precisamente, en la audiencia de enero las víctimas acreditadas hablaron de los daños causados, preguntaron las razones por las cuales sus familiares fueron desaparecidos, exigieron conocer la verdad y pidieron respuestas claras, algo que no entregó el general. Por ese motivo en esa misma audiencia las víctimas acreditadas y la Procuraduría habían pedido la expulsión de Arias Cabrales de la JEP.

“El compareciente no brindó información respecto del alistamiento y reacción inmediata del Ejército Nacional para repeler las acciones del M-19; negó un hecho indiscutible como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la Brigada, así como de los demás agentes de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegados en virtud del ‘Plan Tricolor 83’. A pesar de explicar que controló las acciones de sus subalternos por radioteléfono, contrarió su afirmación indicando que, al no ser ‘radio-operador’, no tenía en todo momento este dispositivo, sino solamente cuando era requerido”, dice la resolución.

Tampoco entregó información que permitiera establecer el paradero de las personas que aún hoy siguen desaparecidas, ni los restos de aquellas que han sido entregadas por las autoridades de manera parcial a sus familiares.

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Del mismo modo, no profundizó en las circunstancias en las que se dio la vulneración de los derechos humanos por las acciones de los de la fuerza pública que comandó en la operación de retoma del Palacio de Justicia.

“Ni dio detalle de la manera como fueron caracterizadas las víctimas, de las razones para señalarlas como sospechosas, de los traslados efectuados a otras instalaciones civiles y militares, la forma como fueron segregados los trabajadores de la cafetería del Palacio y la razón de que no hubiesen sobrevivientes de este recinto como sucedió con los demás trabajadores y visitantes de otras dependencias” del Palacio de Justicia.

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