Exjefes de las Farc aceptan cargos por secuestro y violaciones al DIH

Pasados tres meses desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió su primer auto de determinación de hechos y conductas, en el que imputó a siete excomandantes de las Farc como máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en relación con el secuestro, este viernes los exguerrilleros aceptaron los cargos.

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A través de una rueda de prensa, el hoy senador Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada), explicó que radicaron ante la JEP un documento de 130 páginas en el que detallan su participación en la política de secuestro y aceptan su responsabilidad.

Los ex del Secretariado de las Farc imputados son el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, así como los hoy congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo, y los líderes del proceso de reincorporación Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.

Juan Hermilo Cabrera, quien también fue imputado, falleció horas antes de que la JEP diera a conocer el auto.

"El documento que radicamos hoy ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz contiene la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad frente a los secuestros ocurridos a cargo de las extintas Farc durante el conflicto armado. Este reconocimiento incluye la aceptación de los

hechos y conductas descritos en el auto. Como lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, las políticas de secuestro que llevamos a cabo son injustificables", dijo Lozada.

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Por su parte, el excomandante Pastor Alape, quien hoy es dirigente del partido Comunes, les pidió perdón a las víctimas.

"Hoy podemos decir que somos mucho más conscientes para asumir esa responsabilidad política y judicial que nos tiene que llevar a garantizar el cierre de este conflicto", dijo Alape, y agregó que su disposición es responderle al país a las víctimas para que "algún día, en este país, podamos tener paz verdadera".

Una de las grandes preguntas en torno a la respuesta es si los excombatientes asumen su responsabilidad por hechos conexos al secuestro, como torturas, violencia sexual, tratos crueles, entre otros.

Al respecto, los excomandantes aseguraron que en su respuesta formal detallaron todos estos delitos y aceptan su responsabilidad por los mismos.

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Cabe señalar que los ex-Farc imputados tienen derecho a aceptar parcialmente los cargos de los que son acusados o negar algunas de estas conductas. Frente a esa posibilidad, el senador Lozada le respondió a EL TIEMPO que si bien hay algunas consideraciones frente al auto –de hecho, expresó reparos sobre la estrategia de contrastación de la JEP–, el espíritu general de la respuesta es el de aceptar su responsabilidad por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos.

A los siete exjefes guerrilleros vivos se los imputó como coautores mediatos o por su responsabilidad de mando en el crimen de guerra de toma de rehenes, el crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad, y, además, por hechos ocurridos durante o en relación a esas privaciones de la libertad.

Así las cosas, deben responder, según el caso particular, por los crímenes de guerra o lesa humanidad de homicidio, tortura y tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

En el duro escrito de 322 páginas contra los ex-Farc, que fue formulado por la Sala de Reconocimiento de la JEP y encabezado por la magistrada Julieta Lemaitre, se revela en detalle cómo funcionaba el secuestro (catalogado como una política dentro la extinta guerrilla).

Pero la decisión fue más allá. La Sala determinó recalificar la conducta de secuestro a la luz del Derecho Penal Internacional, lo que significa que los ex-Farc fueron procesados como responsables de crímenes de guerra (de toma de rehenes) y crímenes de lesa humanidad (de privaciones graves a la libertad).

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El contenido del escrito de determinación de hechos y conductas da cuenta de la barbarie cometida por las Farc contra las personas que tuvo en cautiverio, que serían al menos 21.396, según la triangulación de información hecha por la JEP.

Además de desenmarañar el funcionamiento de la política del secuestro y su dimensión, el auto de la JEP relató el sufrimiento de los cautivos: casos de tortura psicológica a través de falsos fusilamientos, cobros por rescate de cadáveres, hacinamiento, golpizas durante interrogatorios, violaciones y abusos sexuales, plagio de adultos mayores, niños y mujeres embarazadas son solo algunas de las conductas a las que fueron sometidos.