En medio de disputa con Drummond, JEP acepta revisar expedientes en EE. UU. de 'cartel de falsos testigos', ¿qué sigue?

el nombre del abogado estadounidense Terrence Collingsworth, el mismo que acaba de ganar una millonaria demanda de víctimas de los grupos paramilitares en contra de la bananera Chiquita Brands en una corte de Florida, empieza a sonar en una de las investigaciones más importantes de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP): el macrocaso 008, que pretende esclarecer "el entramado criminal que tuvo lugar en el marco del conflicto armado colombiano en el que de la Fuerza Pública, terceros civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil".

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El pasado 15 de agosto, en representación legal de la Drummond, el excomisionado de Paz Camilo Gómez radicó ante la JEP un derecho de petición para que escuche a la poderosa multinacional carbonera en las investigaciones que adelanta en el macrocaso.

Desde hace más de tres lustros, la empresa ha sido señalada por ex-Auc como supuesta financiadora de grupos paramilitares en Cesar, su base de operaciones. De hecho, en la Fiscalía avanza un proceso por la supuesta responsabilidad de altos ejecutivos de Drummond, entre ellos el expresidente Augusto Jiménez, en el delito de concierto para delinquir agravado, relacionado con el asesinato de tres sindicalistas de la empresa a manos de paramilitares. 

Simultáneamente, en Estados Unidos la empresa ha salido airosa de al menos tres procesos civiles --similares al recientemente fallado en contra de Chiquita Brands-- entablados por abogados norteamericanos (entre ellos Collinsworth) que representan los intereses de víctimas de los 'paras' en la zona de operaciones de Drummond. 

Mientras avanza el proceso en la justicia ordinaria contra sus ejecutivos, Drummond mantiene otra puja jurídica, esta vez con la JEP. Sostiene que, sin tener competencia para ello, en el macrocaso 008 la Jurisdicción de Paz está investigando a empresas y personas que no están en el universo de sus comparecientes --exFarc, agentes del Estado y civiles que voluntariamente decidan acogerse a ese tribunal-- y, además, que en ese proceso se le ha negado el derecho a controvertir las graves acusaciones que se han formulado en su contra. 

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"La sola afirmación de la existencia de un teórico entramado criminal en el que participaron empresas privadas (terceros) implica que la verdad de esos hechos que se investigan deba conformarse con información que esas empresas o esos terceros entreguen o aporten, no en calidad de víctimas o de victimarios sino en una especial condición de conformantes de la verdad. Sin esa información la verdad es coja y el derecho a la paz se vulnera", dice el documento firmado por Camilo Gómez.

Según Drummond, la JEP la ha mencionado en sus expedientes en al menos 79 ocasiones como partícipe "en crímenes como la eventual financiación de grupos paramilitares", basada en informes de ONG y declaraciones de ex Auc como Salvatore Mancuso, Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, todos condenados por crímenes cometidos por las bandas paramilitares en Cesar y otros departamentos del norte del país.

"Resulta de bulto que la extralimitación de funciones de la JEP evidenciada en esa resolución implica una investigación indebida a la Drummond y sus directivos, además de un evidente prejuzgamiento sobre supuestas alianzas con grupos ilegales (...) Esta situación irregular resulta aún más grave en la medida en que la JEP se ha negado a aceptar información probatoria de procesos judiciales en los Estados Unidos que muestran con amplitud la existencia de un entramado orientado a que varios testigos declaren en contra de Drummond por hechos que hoy la JEP investiga", dice un oficio de la multinacional.

A finales de agosto, la Jurisdicción de Paz respondió el derecho de petición y volvió a negar que la empresa esté siendo objeto de investigación. Por ese mismo factor, le negó la posibilidad de ser escuchada directamente en el macrocaso 008 y de conocer declaraciones y pruebas ordenadas en el mismo, particularmente las versiones rendidas por Jaime Blanco Maya, contratista de Drummond y ya condenado por los asesinatos de los sindicalistas. 

"Al no tratarse de un sujeto procesal, la Compañía Drummond Ltda. carece de legitimidad en la causa para elevar solicitudes estrictamente relacionadas con el curso de la litis (caso), como lo son las explicaciones relativas a la valoración probatoria que se adelanta en el marco de los procesos", respondió el Tribunal transicional. Esa decisión fue rechazada por los abogados de la empresa, que aseguran que llevarán el caso ante la Corte Constitucional porque consideran que la JEP tiene la obligación de construir la verdad con aportes de todos los sectores y porque consideran que la existencia de pruebas secretas va en contravía con la esencia misma de la justicia transicional. 

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Sin embargo, en la misma comunicación la JEP informó oficialmente que para cumplir con su función de contrastación de hechos, tendrá en cuenta que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en los procesos civiles que se entablaron allá contra Drummond. "La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) ha recibido informes que relacionan los procesos en la jurisdicción norteamericana que se adelantaron bajo la Ley de Agravios Civiles contra Extranjeros (ATS), la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA), el derecho de daños por responsabilidad civil extracontractual del estado de Alabama --dice la respuesta de la JEP a Camilo Gómez--- (...) La jurisdicción conoce también las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU que han conllevado a la desestimación de cargos en la mayoría de los procesos". 

Y los magistrados notifican también que "están al tanto de los procesos que en la jurisdicción norteamericana se siguen contra el abogado Terrence Collingsworth y otros", señalados de acordar testimonios de 'paras' en Colombia para darles fuerza a sus demandas en los Estados Unidos. La JEP informó que de oficio le pidió al Ministerio de Justicia "que adelante los trámites correspondientes ante la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que esta, a su vez, gestione ante la Corte Distrital de los Estados Unidos, Distrito Norte de Alabama, División Sur, la obtención de las decisiones de fondo proferidas en el marco de los procesos nro. 2:11-cv-3695, demanda civil por difamación y nro. 2:15-cv-506, demanda civil bajo la Ley de Organizaciones Corruptas influenciadas por delincuentes, promovidos por la multinacional Drummond Ltda. en contra de Terrence P. Collingsworth". La Drummond ( y también lo hizo Chiquita Brands en el caso que acaba de perder en Florida) sostiene que el polémico abogado norteamericano compró testigos para fortalecer las demandas.  

"Estas tres personas (Mancuso, Charris y Blanco), además de otras, fueron denunciadas por la compañía que represento por el delito de falso testimonio, investigación que actualmente adelanta la Fiscalía. Obra abundante material probatorio que acredita que tales sujetos fueron ados por el abogado estadounidense Terrence Collingsworth y por su equipo, quienes le entregaron recursos a cambio de obtener declaraciones suyas en contra de Drummond y de sus directivos, las cuales usaron para soportar demandas interpuestas por Collingsworth contra Drummond en Estados Unidos", dice un oficio del abogado Juan Carlos Prías -otro apoderado de la empresa- enviado al magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP.

Collingsworth -señalado de pagar testigos en el caso de Chiquita Brands- le aseguró a este diario que él les dio fondos a familiares de sus testigos para reubicarlos, supuestamente porque "recibieron amenazas de muerte cuando estaban a punto de testificar contra Drummond. Tenemos declaraciones juradas de varios expertos, incluido el Programa de Protección de Testigos del Departamento de Justicia de los EE. UU., de que lo que hice para proteger a las familias de los testigos fue legal, ético y moralmente necesario", aseguró.

Hasta ahora, ninguno de los procesos civiles entablados en EE.UU. contra Drummond ha prosperado, precisamente por las dudas de la justicia de ese país sobre la legalidad de los pagos a ex Auc, sus familias y sus abogados en Colombia. 

Collinsworth, que visitó hace más de una década varias cárceles del país y se entrevistó con varios de los exparamilitares que han testificado en sus demandas, asegura que sus prácticas se ajustan a las leyes de Estados Unidos y de Colombia y que los señalamientos en su contra hacen parte de la estrategia de las multinacionales para no responderles a las víctimas de los 'paras' que supuestamente financiaron. 

Jhon Torres - Editor Jefe de Política, Justicia y Nación de EL TIEMPO - [email protected]