Crímenes de FF. MM. y Farc en Nariño, el segundo caso en la JEP

La investigación se enfoca en lo sucedido entre 1990 y 2016 en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas.

Medios nacionales e internacionales hacen presencia en la histórica audiencia. Foto: Cortesía Jurisdicción Especial para la Paz

Juan Camilo Pedraza

18.07.2018 10:49 Actualizado: 18.07.2018 12:36

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La Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el segundo caso en esa justicia especial fruto del acuerdo de paz que abarca los hechos victimizantes cometidos en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, tres municipios de Nariño que fueron fuertemente golpeados por el conflicto armado.

Esa instancia de la JEP, que es considerada la puerta de entrada del Tribunal para la Paz, con este caso 002 espera esclarecer la situación que vivieron esas poblaciones entre 1990 y 2016 y para eso llamó a las Fuerzas Militares y las Farc a responder por las conductas que presuntamente cometieron en esa región durante ese periodo.

Aunque la Sala de Verdad, en auto 004 que da inicio a este caso, no llamó a ningún militar o exguerrillero en particular, decretó abierta la etapa de reconocimiento de verdad y de responsabilidad con lo cual se espera que inicien las versiones voluntarias de los sindicados que operaron durante el conflicto en esos tres municipios nariñenses.

La presidente de la sala de Verdad, Julieta Lemaitre, y la magistrada de esa instancia, Belkis Izquierdo explicaron los criterios para priorizar “la grave situación de derechos humanos padecida por la población de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte”.

Una de las consideraciones importantes fue “el abandono estatal histórico de la zona, la presencia de grupos armados y la ocurrencia de casi mil hechos vicitmizantes, así como la vulnerabilidad de los pueblos étnicos”, señaló Lemaitre.

La magistrada Izquierdo, de origen indígena, agregó que precisamente en esa zona esos pueblos representan casi el 80 por ciento de la totalidad de habitantes. Hay 26 consejos comunitarios en las que se organizan las comunidades afro y 21 resguardos indígenas.

Otro criterio para avocar el conocimiento de este segundo caso en la justicia de paz, explicó la presidente Lemaitre, “fue la representatividad de los hechos, de los responsables y la magnitud de la victimización”.

Todas las conductas presuntamente cometidas por la exguerrilla de las Farc y la Fuerza Pública que conocerá la Sala de Verdad tienen que ver violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, entre las que hay masacres, asesinatos, reclutamiento forzado, violencia sexual, heridas de muertes por minas antipersonal, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, entre otros.

Esos hechos recayeron contra estudiantes, líderes sociales, alcaldes, jueces, comerciantes, entre otros.

Para avocar conocimiento de este caso, la sala de verdad se basó en varios informes de la Fiscalía, entre ellos, el primero que el ente acusador le hizo llegar a la JEP sobre el inventario de casos del conflicto armado.

De igual forma, esta instancia de la JEP partió de los informes públicos del Centro de Memoria Histórica y datos producidos por la Comisión Colombiana de Juristas y organizaciones sociales de la región, entre otros.

A diferencia del primer caso, en el que llamaron a 31 jefes de la exguerrilla de las Farc a responder por casos de secuestro que presuntamente cometieron entre 1993 y el 2012, en este caso no primó el carácter subjetivo, es decir la calidad y el mando de las personas convocadas a comparecer.

La magistrada Lemaitre explicó que este el segundo caso en esta justicia transicional se priorizó el carácter territorial de las victimizaciones, en aplicación de ese criterio fuertemente presente en el acuerdo de paz de La Habana.

REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

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