La versión en la que Mancuso ya había hablado de Lafaurie

En 2012, desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos –a donde llegó extraditado por narcotráfico–, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso mencionó en una audiencia una serie de nombres de empresarios y funcionarios que, en medio del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que supuestamente buscaron su apoyo con fines políticos.

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Uno de esos nombres fue el de José Félix Lafaurie, dirigente gremial y empresario ganadero presidente de Fedegan que, como Mancuso, es de origen costeño. 

Una década después, la supuesta cercanía del exparamilitar y el empresario volvió a sonar en los estrados judiciales, por cuenta de una declaración de Benito Osorio Villadiego, quien gerenció el Fondo Ganadero de Córdoba, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recientemente le otorgó la libertad condicional ante lo revelador de su testimonio.

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Osorio, condenado a 19 años de prisión, es uno de los principales protagonistas del despojo de tierras en la región del Urabá antioqueño y cordobés. Y según el testimonio que entregó ante la JEP –y que publicó Noticias Caracol–, Lafaurie le habría pedido a Mancuso que financiara la campaña de Mario Iguarán a fiscal general de la Nación, al cual llegó en agosto de 2005.

El señalamiento de Benito Osorio no es nuevo. Ya en 2012, al igual que el excomandante de las Auc, había declarado estos supuestos hechos ante los tribunales de Justicia y Paz. Ahora, ante la JEP, dijo que Lafaurie persuadió a Mancuso asegurándole que la llegada de Iguarán al ente acusador podría significar beneficios para los ‘paras’ que se desmovilizaran.

Otro de los apartados que llamó la atención de la versión tiene que ver con que, según Osorio, una vez Iguarán fue elegido, nombró a la esposa de Lafaurie (la actual senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal) en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, supuestamente en agradecimiento a la gestión del líder ganadero en su nombramiento como fiscal.

Y aunque en el pasado Lafaurie había negado los señalamientos, por el momento no se ha pronunciado. Sin embargo, en su cuenta de Twitter replicó una publicación en su defensa que señalaba que “la JEP sigue estigmatizando a los ganaderos”.

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Según contó Benito Osorio –quien tuvo tanto poder en Córdoba que fue nombrado gobernador encargado en 2006–, él fue testigo de encuentros entre Mancuso y el dirigente ganadero.

“Llegamos y después de los saludos protocolarios, enseguida Lafaurie le dijo (a Mancuso) en términos amigables: ‘Mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretelt de la Vega. Ellos consideran que el fiscal general de la Nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretelt, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes porque él conoce muy bien la ley de Justicia y Paz que él mismo ayudó a construir’ ”, dijo Osorio ante la JEP.

El tribunal transicional ya está contrastando la versión del exdirector del Fondo Ganadero de Córdoba, que de no ser cierta puede implicar que se le levanten los beneficios.

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“No se debe olvidar que el beneficio otorgado es de carácter transitorio y temporal, el cual puede ser revocado en cualquier momento al observar el incumplimiento por su parte de los compromisos”, dijo la JEP en la decisión a través de la cual le dio luz verde a su salida de la prisión de Corozal, donde Osorio estaba recluido desde 2014.

Allí respondía por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato y concierto para delinquir.

Además de mencionar nombres, el testimonio de Osorio ante la jurisdicción permitió observar “el pacto realizado por el compareciente con la casa (paramilitar) Castaño en la compra de tierras objeto de despojo y desplazamiento forzado, la instrumentalización del Fondo Ganadero, las decisiones que se tomaban dentro de la junta directiva del fondo y quiénes intervinieron, la ayuda de terceros dedicados a identificar, ar y persuadir a las víctimas”, entre otras acciones criminales ocurridas a finales de la década de 1990.

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Como gerente del fondo ganadero, Benito Osorio incidió en la compra sistemática –a través de mecanismos de venta forzada y a precios irrisorios– de 105 predios en la zona de Tulapas, cuyos propietarios habían sido desplazados.

En su versión señaló: “Es imposible desligar a ese gremio ganadero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Generalmente los comités de los diferentes departamentos tienen o tenían en ese momento apoyo de quienes estaban al frente de los grupos de autodefensa. No se puede de ninguna manera separar a Fedegán de las Autodefensas”.

Desde el comienzo de las diligencias ante la JEP, el exgobernador reconoció su responsabilidad en los desplazamientos de Tulapas, y dio a conocer la identidad de personas, funcionarios y autoridades públicas que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo y en la entrada del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc para ejercer control de la región. 

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También aportó más de 3.500 archivos que están en poder de la JEP y que ayudarían a probar el entramado criminal que se tejió en torno al despojo de tierras en el Urabá.