Cicatrizar heridas: la deuda de Mancuso y ‘Jorge 40’ con el país

Las víctimas del paramilitarismo recuerdan cómo el 13 de mayo de 2008, en un avión hacia Estados Unidos, se fue parte de la verdad que esperaban sobre los crímenes de ese aparato de muerte.

Ese día, 14 jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llegaron a ese país, pedidos en extradición por cargos de narcotráfico, y dejaron un vacío en el proceso de Justicia y Paz, en el que respondían por miles de violaciones a derechos humanos.

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Después de 12 años, parece inminente el regreso a Colombia de dos de ellos: Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El primero cumplió su condena en marzo y la del segundo se cumple este 9 de junio. Su regreso depende de las medidas por la pandemia de coronavirus.

“Tengo mucha indignación”, dice Blanca Nubia Díaz. El 26 de mayo de 2001, su hija fue torturada, violada y asesinada por hombres del bloque Norte de las Auc, al mando de ‘Jorge 40’, en La Guajira.

“Era una niña de 15 años. Es muy duro saber que no la dejaron cumplir sus sueños”, dice. Su esposo fue asesinado un año antes y el cuerpo de su hija, wayúu como ella, fue enterrado como no identificado. Blanca vive desterrada.

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El bloque Norte, creado por Mancuso y desplegado por la Costa Caribe bajo la comandancia de ‘Jorge 40’, dejó una estela de sufrimiento no olvidan las víctimas, muchos menos las de los indígenas que resguardan las memorias de sus pueblos.

“A mi tío lo asesinaron y descuartizaron. A mi abuela la mataron en su vivienda y la casa la quemaron. Mi abuelo quedó desaparecido”. El recuento es de Pedro Loperena, indígena del pueblo wiwa de la Sierra Nevada.

Los wiwa documentaron 142 violaciones graves a sus derechos humanos, según un informe presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre estas, dos masacres y diez homicidios atribuidos al Bloque Norte.

Ese aparato criminal se afiló contra líderes sociales y políticos. Miguel Espinoza recuerda que el 30 de junio de 2004 su padre, el líder sindical barranquillero Miguel Antonio Espinoza Rangel, fue asesinado por orden de ‘Jorge 40’ y Édgar Ignacio Fierro, ‘don Antonio’, segundo al mando de bloque Norte.

Según el computador de Tovar Pupo, en poder de ‘don Antonio’ cuando fue capturado, al papá de Miguel lo asesinaron por “ideólogo de las Farc y como invasor de tierras, lo cual no es cierto”, dice su hijo. Su papá, rectifica, era asesor de campesinos desplazados. “¿Quiénes fueron los sectores políticos, económicos, gremiales, que se beneficiaron con las muertes de estas personas?”, pregunta Miguel, y espera que este y otros interrogantes sean contestados cuando ‘Jorge 40’ esté en el país.

Esa pregunta recorre las tierras que los ‘paras’ convirtieron en campos de muerte y tortura. Desde El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar, donde los paramilitares perpetraron hace 20 años una de sus más cruentas masacres, repite el interrogante una mujer que prefiere que su nombre no se mencione “porque todavía no es conveniente”.

“Sabemos que detrás de Mancuso hay cabezas más grandes que mandaron a hacer todo esto. Esperamos la verdad real, no encubriendo a tantos funcionarios públicos”, dice.

En la orgía de horror que los ‘paras’ desplegaron por varios días en El Salado, su familia perdió a dos . Luego, salieron desplazados por casi cuatro años. “El Salado no ha vuelto a ser el mismo. Apenas ha retornado un cuarto de la población”, cuenta. Y remata con un deseo: “yo espero que él le pida perdón a las víctimas, pero un perdón de corazón”.

La pregunta se traslada a Norte de Santander, donde Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo, recuerda que él salió desplazado de su finca en el 2002 por la incursión del bloque Catatumbo y que su suegro, cuadrapléjico hace 21 años por los disparos que recibió en su cuerpo, es el único sobreviviente de la masacre de La Gabarra, en la que Mancuso participó como autor intelectual y material.

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“El soporte de la reconciliación es la verdad. Mandarlo a una cárcel a que muera de viejo es callar parte de la verdad”, dice Juan Carlos. El testimonio de Mancuso, considera, es clave para entender quiénes auspiciaron la incursión del paramilitarismo en el Catatumbo, con la llegada simultánea de economías de enclave como la siembra de palma y proyectos minero-energéticos.

Aunque Mancuso fue rechazado el jueves por la JEP –una decisión que su defensa apelará–, Juan Carlos espera que aporte ante el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El cierre en la JEP no evita que Mancuso, último comandante de las Auc, hable ante la Comisión de la Verdad y aporte información valiosa en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Solo en Tibú, dice Juan Carlos, se tiene registro de más de 700 personas desaparecidas por paramilitares entre 1999 y 2004.

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“La reconciliación nacional es de un amplio espectro, es plural, y eso involucra al paramilitarismo, del que Mancuso fue protagonista”, por eso Juan Carlos espera que su regreso al país aporte al proceso de paz en marcha.

Uno de los ofrecimientos de verdad que Mancuso hizo a la JEP giraba, justamente, en torno a la “paraeconomía” y a los nombres de una decena de empresas con “vínculos de forma directa o no, voluntaria o no con las extintas Auc”.

Pese a no ser aceptado como compareciente, puede ser llamado por la JEP como testigo en casos de interés como el que investiga la situación territorial de Urabá.

Damaris Martínez, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas que acompaña el proceso de El Salado, señala que, en el marco de las condenas que Mancuso recibió en Justicia y Paz, tiene pendiente el componente de perdón y reconciliación con las víctimas, impedido por su reclusión en EE. UU.

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Además, que hay otras investigaciones que lo mencionan, como la desaparición de indígenas emberá katio del Alto Sinú en 2001 y un proceso de lavado de activos en Cartagena, en el que tiene una medida de aseguramiento vigente. “Él va a tener que seguir acudiendo a todas las diligencias judiciales que se le citen”, dice.

‘Jorge 40’, por su parte, tiene una condena a 26 años en el país, tras ser excluido de Justicia y Paz, y todavía espera que en la JEP se resuelva su solicitud de sometimiento como tercero por hechos ocurridos entre 1996 y 1998.

El reclamo de las víctimas resuena al unísono: sea en la JEP, en Justicia y Paz, en un juzgado ordinario o ante un mecanismo extrajudicial, tienen que hablar, contar lo que saben y ayudar a la reparación y reconciliación de un país donde la herida que abrieron todavía no cicatriza.

LORENA MUNAR Y JUAN DAVID LÓPEZ

Redacción Justicia

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