Regresa el fantasma de las extorsiones a la tierra por censo ilegal de las disidencias de 'Mordisco', en el Guaviare

Un censo ilegal promovido por las disidencias de 'Mordisco' en el Guaviare, le está ganando la carrera a la Reforma Rural Integral -de la que entidades como la Contraloría han denunciado pobres avances- y están construyendo una base de datos de predios para luego cobrar extorsiones por el uso de la tierra. Así lo reveló una investigación del diario El País de España, que detalló las minucias de este plan, dirigido por el bloque 'Jorge Briceño', en cabeza de alias 'Calarcá', que es muestra del control territorial ejercido por los actores ilegales en el departamento.

(También le puede interesar: Los duros cuestionamientos del contralor a la Reforma Rural Integral: 5,2 billones de pesos mal ejecutados)

Con lista en mano, hombres armados visitaron terrenos de zonas rurales de El Capricho y Puerto Cachicamo, reuniendo información para hacer una especie de "catastro", que les permitiera tener la identificación plena de sus habitantes, el metraje de las fincas y la actividad agrícola o ganadera que se desarrolla en ellas. Unos datos que les permitirían cobrar extorsiones, pero además adelantar su propia "reforma rural", con la que se atribuirían la autoridad de realizar la distribución de la tierra según sus fines.

“Hay un interés por parte de ese personal de tener esa medición de tierras, obviamente para lucrarse de ese cobro, porque ya están cobrando específicamente por hectáreas”, le dijo a El País, en marzo de 2023, el entonces comandante del Batallón José Joaquín París.

(Lea además: Policía y Ejército desactivaron retén ilegal de las disidencias de las Farc en el Cauca: un guerrillero muerto y tres más heridos)

Ese año, cinco personas fueron aprehendidas señaladas de hacer estas mediciones ilegales. En la captura, el Ejército les incautó seis millones de pesos que acababa de pagarles un finquero y unos panfletos con el nombre "Marquetalia", lo que daría pistas de una relación entre esta actividad delictiva y las disidencias. 

Frente a la "reforma rural o agraria" que se adjudicaron estos grupos ilegales, el diario español publicó una serie de documentos que fueron repartidos en semana santa de este año y que indica los fines de control territorial de las disidencias.

“Seguimos haciendo reforma agraria revolucionaria donde el recurso de la tierra nos lo permita. Serán objeto de Reforma Agraria las extensiones latifundistas y predios ociosos en las áreas de nuestra influencia”, se lee en la misiva. 

También han citado a reuniones a campesinos, en las que les advierten que "los que tengan muchas tierras deben repartirlas con familias despojadas", señala El País.

Ese medio reveló que los fines detrás de las disidencias de 'Calarcá' es disponer de estos terrenos para sus actividades ilegales, razón por la que se han deforestado decenas de hectáreas en el departamento -casi siempre para sembrar coca- y que serían muestra de la utilización de la tierra para fines delictivos. 

Paralelo a esta repartición arbitraria de la tierra dirigida por los grupos armados, se adelanta a pasos de tortuga la Reforma Rural Integral. La Contraloría entregó esta semana un balance que descubrió que el cumplimiento de la compra y formalización de tierras, no va ni en el 1 % de la meta.

“Con el ritmo que se tiene con corte a enero de 2024, se necesitaría más de 3.984 años para adjudicar las 2.994.739,2 hectáreas faltantes”, aseguró el contralor Carlos Hernán Rodríguez. 

El acuerdo de paz estableció la creación de un Fondo de Tierras para la Reforma Rural que dispondrá de 10 millones de hectáreas, de las cuales 3 millones serán adjudicadas, hasta 2028, a la población campesina y comunidades étnicas; y 7 millones serán formalizadas en áreas como las relacionadas con los Programas de Enfoque Territorial (PDET), con plazo hasta 2026.

(Complemente su lectura: La reforma rural integral, el improcedente recurso de la ‘declaración unilateral de Estado’)

Sin embargo, hasta el momento, solo se han agregado a este fondo 252.113,2 hectáreas, de las cuales 5.260,8 han sido efectivamente adjudicadas a la población campesina.

REDACCIÓN JUSTICIA