¿Qué sigue para los expulsados de Justicia y Paz y para los grupos residuales? Se cocina la Ley de Sometimiento 2.0

Según el último informe de la Contraloría sobre los 20 años de Justicia y Paz, solo 1.500 exparamilitares postulados a esta Ley, que enmarcó su proceso de desarme, siguen activos. Este número representa el 30 % de los que inicialmente se acogieron al proceso, el primero de justicia transicional en la historia del país. Casi el 10 % fue expulsado por seguir delinquiendo y otra parte regresó a las armas en los grupos residuales. ¿Qué viene para estas organizaciones?

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Durante un conversatorio con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo; y el director de Justicia Transicional de la Fiscalía, Juan Carlos Arias —moderado por EL TIEMPO—, se destacaron los avances de esta jurisdicción especial, que nació como el primer experimento de una vía transicional. 

Precisamente, al ser el primer proceso restaurativo de tal magnitud —desmovilizó a más de 35.000 ‘paras’—, ha tenido retrasos y tropiezos en su implementación. Sin embargo, según los istas, estos desafíos dejaron lecciones para los modelos que vinieron después, como el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según Buitrago, "Justicia y Paz permitió conocer la vinculación entre el paramilitarismo y el Estado colombiano. Se esclarecieron las masacres y la corrupción de la parapolítica. Esta Ley permitió conocer historias con toda la información que cantaron los otrora comandantes. Estos hechos que salieron a flote mostraron una verdad que la justicia ordinaria hasta ahora no había mostrado". 

Para el director de Justicia Transicional de la Fiscalía, este proceso también abrió la puerta para encontrar a las personas desaparecidas en el marco del conflicto. 

En una labor que no ha sido suficientemente reconocida por el país, el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda (Grube), creado a partir de la Ley de Justicia y Paz en 2005, ha logrado recuperar 8.736 cuerpos de víctimas de los grupos paramilitares –el actor con mayor responsabilidad en este crimen, con el 52 % de los casos, según la Comisión de la Verdad– y devolver a sus familias los restos de 5.029 personas.

"Además, nos mostró que los bienes de los victimarios debían ser rastreados y nos fue marcando el camino. Poco a poco fue tomando forma para incluso darle vida a la JEP, que mediante un acto legislativo se construyó sobre la experiencia de Justicia y Paz", agregó Arias.

Precisamente, esta justicia especial dio la pauta de las macroimputaciones por graves crímenes como reclutamiento o violencia sexual, así como que quienes deben ser procesados son los máximos responsables. 

Para el presidente de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, el enfoque restaurativo se refleja en el hecho de que más del 85 % de los 17,7 billones de pesos invertidos en el proceso han sido destinados a la Unidad para las Víctimas.

"El capital del patrimonio de los colombianos está siendo destinado en una inmensa mayoría en las víctimas", aseguró el magistrado.

Otro de los asuntos tratados fue con miras al futuro de la justicia transicional, toda vez que el conflicto armado, ahora disputado entre los grupos residuales, sigue flagrante. En este ítem, la ministra de Justicia fue enfática en asegurar que Justicia y Paz no puede ser usado para reciclar a los ilegales que siguieron delinquiendo.

"Hay un proyecto que tiene el Presidente y al que le apostamos para acoger a muchas de las personas que fueron expulsadas (...). Hay que honrar los procesos transicionales. No pueden ser un caucho, deben respetar tanto a las víctimas como a quienes sí cumplieron. No podemos estar creando un proceso transicional para cada grupo. Una cosa es la desmovilización, otra el sometimiento y otra la entrega. Tenemos diferentes caminos que pueden ser utilizados para alcanzar la paz", dijo Buitrago.

En esta misma línea, Arias aseguró que "cuando se habla de macrocriminalidad, una vez que alguien es expulsado de Justicia y Paz, la Fiscalía interviene en los delitos que alcanzó a confesar y por los cuales pudo haber sido expulsado. Sin embargo, al ser excluido, es muy difícil que vuelva a ser reincorporado al proceso".

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Por esta razón, y debido a la aparición de nuevos actores alzados en armas, el Gobierno estaría preparando una nueva Ley de Sometimiento —luego de que la primera se hundiera en el Congreso— para establecer el marco jurídico de la 'Paz Total'.

En enero pasado, la ministra le confirmó a este diario que el borrador del proyecto está en construcción para ser concertado y, posteriormente, presentado ante el Legislativo.

"Vienen otras dos iniciativas que, aunque están en construcción, abordan, una de ellas, temas de sometimiento y desmantelamiento, pero está sujeta a la discusión con las víctimas y con el presidente de la República, quien es el encargado de darles vía libre, en coordinación con el comisionado de paz", afirmó. 

Redacción Justicia