Pruebas de compra de votos pondrán a senadora Merlano ante la Corte

Con un complejo sistema de código de barras se llevaba la contabilidad de la plata que se entregaba a los líderes políticos que vendían votos para la electa senadora conservadora Aída Merlano.

Esa es una de las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de esa campaña y que documentó la existencia de las fichas en las que se leía ‘Gracias por su apoyo’ y que serían parte del control interno implementado para llevar las cuentas de los pagos que realizaron a votantes hasta el domingo pasado.

Esas irregularidades ya tienen respondiendo ante la justicia a Vanessa Merlano Rebolledo, hermana de la senadora, Evelyn Díaz Díaz y a Edwin Martínez Salas. Este último aparece en documentos del Congreso como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista con el grado de asistente 3. También fueron detenidos Jefferson Viloria Mieles y María Valencia Lugo. El martes la Fiscalía anunció que compulsará copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue también a la hoy representante a la Cámara y electa senadora por su responsabilidad en esos hechos.

En total, según las investigaciones, se habrían pagado más de 6.000 millones de pesos a quienes vendieron sus votos.

La Fiscalía entregará a la Corte copias de las evidencias recogidas en la casa en la que funcionaba la sede de campaña de la congresista en Barranquilla. Allí fueron recogidos para la investigación las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la casa, la contabilidad encontrada en los computadores, en la que figura el récord de los pagos realizados; y los formatos en los que líderes locales se comprometían a apoyar su candidatura y a cambio recibirían plata.

Parte de esas evidencias fueron destapadas por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos contra las personas capturadas en la sede de campaña. Les endilgan los delitos de corrupción al sufragante, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y lavado de activos.

La investigación se inició por denuncias entabladas ante la Policía y la Fiscalía el viernes 9 de marzo que hablaban de la supuesta entrega de dinero y mercados en la sede de la campaña de la representante. Según esas fuentes, en los días de campaña se movían sumas diarias de hasta 300 millones de pesos. De hecho, en el operativo realizado en el lugar se encontraron 268 millones en dos cajas fuertes, una contadora de dinero, 50 mercados y cuatro armas de fuego; entre ellas una escopeta y una pistola Glock nueve milímetros.

Investigadores de la Policía señalaron que el domingo la congresista Merlano estuvo en la sede de la campaña cerca de dos horas y luego salió del lugar.

Los denunciantes señalaron a las autoridades que en el sitio estaban entrando y saliendo personas acompañadas “de una especie de reclutadores a quienes le pagan 4.000 pesos por cada persona que llevaran y 10.000 más por número de cédula que dejen inscrito”. Los investigadores señalaron que las irregularidades se venían de hace meses, pues al parecer a los electores se les retenía la cédula después de inscrita para evitar que cambiaran el puesto de votación. Lo que se ha visto es que por voto se pagaban 40.000 pesos o un mercado de hasta 60.000 y que los líderes supuestamente recibían sumas más grandes por cada persona zonificada comprometida en votar por la congresista.

El Partido Conservador expidió un comunicado en el que rechaza “cualquier acto, por parte de sus militantes, que atente contra la transparencia y las buenas prácticas” y anunció que la veeduría interna de la colectividad abrió una investigación por los hechos. Merlano, que es la heredera política del senador Roberto Gerlein, ha guardado silencio frente a los hechos.

Al anunciar la compulsa de copias ante la Corte, la Fiscalía habló de una “sofisticada red de compra de votantes” que tenía en su poder fotocopias de cédulas, “certificados electorales en masa guardados en cajas y bolsas” y hasta formatos en los que las personas que recibían la plata se comprometían a votar por la señora Merlano. Los certificados estaban identificados con códigos QR que coinciden con los datos de puestos de votación a los que debían acercarse los ciudadanos ‘vendidos’ por líderes políticos barriales y municipales. Este martes las capturas fueron legalizadas y se definía si los capturados seguían en libertad o eran enviados a prisión.

JUSTICIA

* Con reportería de corresponsales de Barranquilla