Por caso Reficar se abre el mayor juicio fiscal en la historia

Veinte personas, entre las que figuran exfuncionarios, exdirectivos y particulares vinculados a Ecopetrol y Reficar, así como las firmas CB&I, Forter Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc., se enfrentan al proceso fiscal más alto en la historia de Colombia.

Este miércoles, la Contraloría los llamó a responder por un detrimento patrimonial de al menos 2.433 millones de dólares en la construcción de la Refinería de Cartagena, el proyecto de Reficar que según ese organismo de control y la Fiscalía representa el mayor escándalo de corrupción en el país.

El costo de Reficar, uno de los proyectos más grandes en la infraestructura en las últimas décadas, estaba presupuestado en 3.777 millones de dólares. Terminó costando 8.326 millones de dólares, pero la Contraloría asegura que el país se expone a tener que pagar un millonario lucro cesante e intereses de créditos que elevarían el costo del proyecto hasta los US$ 13.500 millones.

La decisión cobija a Hernando José Gómez, Henry Medina González, Uriel Salazar Duque, Natalia Gutiérrez Jaramillo, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta; a los expresidentes de Reficar Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yáñez; así como a Magda Manosalva, Carlos Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli, César Luis Barco García, Javier Genaro Gutiérrez (expresidente de Ecopetrol), Pedro Alonso Rosales y Diana Calixto.

La Contraloría les dio diez días para que entreguen sus descargos y sus explicaciones sobre su papel en el desarrollo del proyecto entre los años 2011 y 2015.

El organismo de control investigará por separado el daño ocasionado durante el lapso que transcurrió sin que entrara en funcionamiento la refinería, el cual se estableció en 1.936 millones de dólares. En principio estaba proyectado que iniciara su funcionamiento en enero de 2012 y lo terminó haciendo más de dos años después.

La Contraloría abrió otro capítulo que también se adelantará independientemente y que está relacionado con alrededor de 200 millones de dólares de deuda y capitalizaciones de Ecopetrol “que se esfumaron y no se destinaron a la financiación del proyecto”.

Por el caso Reficar hay un capítulo penal que ya tiene respondiendo judicialmente a varios de los ejecutivos del ambicioso proyecto.

Las autoridades señalan que esos exfuncionarios no protegieron los intereses de la Nación al permitir que el constructor, CB&I, incurriera en millonarios gastos injustificados. Esos costos, dice la Contraloría, “ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario” de Reficar.

En la investigación se encontró que la póliza de cumplimiento con la empresa norteamericana se pactó en apenas 1 millón de dólares, a pesar de la magnitud del proyecto. El expediente señala que por decisiones de las cabezas del proyecto “se reembolsaron a CB&I costos no razonables por baja productividad, demoras y retrabajos por defectos en diseños e ingeniería detallada, así como sobrecostos en materiales de construcción”.

En su decisión, la Contraloría archivó las diligencias frente a los de la junta directiva de Ecopetrol “por no configurarse el elemento culpa grave exigido por la ley, pues al cumplir con su misión como Casa Matriz, aseguraron la financiación del proyecto hasta su terminación” y porque “la responsabilidad fiscal, el control en la ejecución de las inversiones le correspondía a la junta directiva de Reficar”. Entre esas personas están el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y el exministro de minas y energía Carlos Rodado Noriega, entre otros.

Orlando Cabrales, exministro de Minas y expresidente de Reficar, está procesado por la Fiscalía por el caso y además forma parte de los llamados a responder por la Contraloría en su decisión de este miércoles.

Su defensa, en cabeza del exvicefiscal Francisco José Sintura, asegura que Cabrales, en las juntas directivas de Reficar, alertó desde el 2013 de los incumplimientos de CB&I y de las maniobras de la firma extranjera para tratar de eludir su responsabilidad en los retrasos del megaproyecto. También dice que la decisión de mantener a esa firma en la construcción empezó a discutirse desde antes de su llegada a Reficar.

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